Por Mauricio Silva Malig
Presidente
Centro de Estudios Pro Marga Marga
La Provincia de Marga Marga con sus más de 320 mil habitantes se constituye en un importante desafío a la hora de revisar propuestas concretas que contribuyan a su crecimiento y desarrollo no solo desde la perspectiva económica, sino que de las personas, fundamento esencial y en función de las cuales se deben elaborar las políticas de desarrollo. De ahí que es importante tener claridad en relación a que del total de recursos públicos que se destinan a la Región, los mismos se prorrateen de acuerdo al número de habitantes por provincia y su relación con los proyectos concretos y de alto impacto que se presenten para su aprobación y financiamiento. Este elemento de los recursos debiese llevar a aumentar los Fondo Regionales de manera que no se diluyan los mismos o tengan un menor impacto, en términos de los proyectos a financiar, al tener que ser repartidos en un mayor número de unidades administrativas.
La Provincia de Marga Marga tiene como característica el concentrar un gran número de PYMES y MIPYMES, junto a una alta actividad ligada al comercio minorista (especialmente) y a los servicios en general. Es esta actividad comercial, generadora por lo tanto de impuestos, la que debiese ser evaluada de manera que una parte de los recursos generados en la Provincia se mantengan en ella. Para el Estado, siempre es importante buscar instrumentos y mecanismos para generar una masa de recursos cada vez mayor, que crezca en la proporción necesaria para hacer frente a la expansión del gasto y esto tiene que ver con las fuentes a través de las cuales se obtienen esos recursos. Esta decisión tiene una profunda connotación política, toda vez que no sólo tiene como fin lograr recursos financieros, sino que también puede perseguir objetivos de redistribución del ingreso.
Es en ese sentido que, una vez más, es importante reiterar en la necesidad de que las comunas y por lo mismo, las provincias tengan una mayor autonomía. Esto es tremendamente relevante cuando pensamos que si tenemos provincias descentralizadas, gobiernos comunales con más recursos y con mayor autonomía, es posible esperar un crecimiento y desarrollo armónico, un crecimiento sostenido y sustentable de las mismas.
La conocida regla de superávit estructural que aplica el Estado ha sido exitosa en la medida que al imponer niveles importantes de ahorro durante años de bonanza logra tener recursos para poder gastar más, pero responsablemente, durante años difíciles, blindando al gasto fiscal de las fluctuaciones de ingresos. Sin embargo, ¿por qué no preguntarse la razón de que esta regla del superávit nos llegue directamente a las regiones, provincias y comunas? ¿Por qué razón las comunas no pueden administrar y reinvertir al menos parte de los mismos recursos que son generados en ellas?
Más allá de analizar el hecho de si se justifica una reforma del sistema tributario con objetivos redistributivos, el problema de la inequidad en la distribución del ingreso que exhibe Chile, y nuestra provincia en lo particular, es un elemento real. Por lo mismo, es posible enfatizar que el instrumento más eficaz para revertir esta situación de mala repartición de la renta es la política de gasto y no la política tributaria. No obstante, esa política tributaria debiese considerar la descentralización de las regiones y el origen de los fondos, de manera que se logre mantener parte de esos recursos en las mismas.
Esta propuesta de que parte de los impuestos, especialmente del IVA quede en las comunas que lo generan, se justifica si observamos que la estructura tributaria chilena se caracteriza por una marcada concentración de los impuestos indirectos, que alcanzan al 62,7% de los ingresos totales (entre ellos el IVA), mientras que los impuestos directos (renta y patentes municipales) llegan sólo al 27,3% del total.
Desde el punto de vista del Estado, es “justificable” el hecho de que los impuestos y su redistribución a través del gasto público se realice en forma centralizada. Lo anterior, porque en Chile los impuestos financian casi el 80% del gasto público, contribuyendo evidentemente la recaudación tributaria a la estabilidad fiscal. Sin embargo, si pensamos en la equidad que debe perseguir el Estado, tanto en la aplicación de impuestos como en su distribución a través del gasto público, debiesen preservar criterios de igualdad para todos.
Si deseamos que la nueva unidad administrativa denominada “Provincia de Marga Marga” no tan solo se justifique, sino que además tenga éxito, medido en términos del crecimiento y desarrollo de las comunas que la componen, hay que entender las causas estructurales que las han mantenido con bajos índices respecto de la otras comunas de la región y un bajo desarrollo relativo, como asimismo, estudiar las causas coyunturales o de corto plazo que las han afectado. Las estructurales requieren de una solución política y las coyunturales requieren de una solución técnica, cuyas consecuencias son determinantes para el presente y futuro de la provincia. No hay que olvidar que en determinados casos las consecuencias de una se convierten en causas de la otra lo que obliga a actuar sobre la primera a fin de asegurar las soluciones de la segunda. O también que hay que actuar sobre las consecuencias de la segunda a fin de iniciar cambios en las causas de la primera.
Sabemos que la reproducción de la pobreza como la falta de crecimiento y desarrollo en general, es consecuencia, en parte, de la ausencia de soluciones en las causas estructurales. Así de simple y así de complejo. En ese sentido, es necesario entender que una causa estructural importante de la pobreza tanto rural como urbana está dada por el centralismo como factor determinante de la desigualdad entre regiones y entre la población rural y urbana.
Es posible que tengamos parte de la solución en las manos, solo falta la voluntad política de repensar la distribución que se realiza de los ingresos que provienen de los impuestos. La mayor autonomía, junto a una política redistributiva que deje un porcentaje a definir en forma consensuada por parte del nivel central y de los gobiernos regionales, sin duda que llevarían a un crecimiento y desarrollo de alto impacto y sustentable en el tiempo. Más aún, es posible aventurar que toda la ciudadanía, al saber que sus impuestos - al menos en un porcentaje importante - quedan en sus mismas comunas, la incentivaría a aumentar la demanda por productos y servicios en sus mismas ciudades y no viajar a otras, lo que probablemente haría aumentar esos ingresos.
Así, pensemos y debatamos respecto de este tema: autonomía comunal y regional, una nueva redistribución de los impuestos a través del gasto, pero siendo las propias comunas las que elijan dónde invertir y en qué sectores, proyectos y otros usar esos recursos.
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