El paro de los profesores de escuelas municipales, las desventajas de los alumnos frente a la PSU y el irregular año escolar, reactivan el debate sobre la prolongada crisis que experimenta nuestro sistema educacional que, entre otras cosas, provoca gran incertidumbre a las familias, en especial a aquellas en situación más vulnerable cuyos niños acceden a una educación pública, y que hacen cuestionar el rol transformador que estas familias siguen esperando que brinde la educación.
Dichas situaciones nos recuerdan los preocupantes problemas de equidad educacional que presenta el país: casi el 40% de los niños y niñas de cinco años de edad pertenciente a los hogares más vulnerables manifiestan retraso en su desarrollo al iniciar su educación. Además, el SIMCE nos indica que un 50% de los niños de cuarto básico no logra leer comprensivamente y casi el 60% no domina las operaciones matemáticas. Más del 40% no termina la educación media y del 17% que logra acceder a estudios superiores, un tercio se ve obligado a abandonarlos en los dos primeros años, tanto por razones económicas como por la falta de herramientas entregadas en la educación media para poder sostener con éxito estudios de este nivel.
El conjunto de estos resultados nos señalan la necesidad de ampliar las oportunidades educativas que permitan poner en uso constante y cotidiano -y no sólo en la escuela-, las habilidades de lecto-escritura de los y las estudiantes. Además evidencian las dificultades de arrastre que tienen los niños y niñas en situación de pobreza en su desarrollo educativo y la necesidad urgente de reforzar y enriquecer el abanico de oportunidades de que disponen estos niños y niñas para mejorar sus índices de lectoescritora, comprensión y pensamiento lógico.
Cabe destacar que, los caminos para resolver la crisis de la educación han volcado la mirada sobre la institucionalidad del sistema escolar y la discusión pública gira en torno a quién debiese proveer de los servicios educacionales, cómo se organiza el sistema de financiamiento con apoyo estatal y el marco que debe regir a los docentes. Este debate es importante, pero insuficiente para asegurar una educación de calidad a todos los estudiantes. De hecho, la OCDE y diversos estudios sobre el impacto de las políticas educativas muestran que el peso de los factores extraescolares está siendo muy determinante en las brechas socioeducativas actuales.
Por ello, creemos que es urgente generar acuerdos en torno a acciones que garanticen aprendizajes suficientes y relevantes, que sean transversales e integrales en su accionar y que comprometan a toda la sociedad, y no sólo a las escuelas. Al respecto, se deben resguardar tres oportunidades clave para los procesos educativos: las condiciones basales para aprender, las competencias fundamentales para seguir aprendiendo, y los climas educativos que apoyen, motiven y proyecten trayectorias educativas de largo plazo.
Nuestra propuesta de garantías sociales en educación propone un acompañamiento en todos los ciclos educativos, haciendo un fuerte hincapié en la inversión educativa en primera infancia, incluso desde antes del nacimiento, a través de un soporte psicosocial y educativo a las familias que se prolongue en toda la etapa de crianza. A la vez, propone mecanismos que atiendan hoy las dificultades para aprender así como a las necesidades más integrales que les permiten proyectar sus estudios, para evitar seguir sacrificando más generaciones en la espera de la mejoría del sistema. Creemos también que es importante dar los apoyos económicos y de refuerzo de competencias que permitan acceder y completar estudios superiores, situación que consolida una mayor matriz de oportunidades.
Hay, por cierto, otros desafíos, como asegurar el derecho a educación de los niños en situación de calle o trabajadores, de quienes presentan necesidades educativas especiales, y de los que viven en sectores rurales y apartados, quienes deben enfrentar mayores dificultades y ven en riesgo sus estudios.
Nuestra propuesta es un llamado a re-mirar estos procesos educativos, centrando el debate en el aprendizaje, para así concentrar nuestros esfuerzos como sociedad en asegurar que todos puedan participar de la educación de calidad que soñamos: una educación integradora, relevante y que potencie el desarrollo humano, sin exclusión.
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FOTO: www.ricardodiaz.org