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Fundación Nacional de Discapacitados pide a gobierno no manipular cifras de discapacidad y trabajo

Según la Fundación Nacional de Discapacitados, el mismo Senadis, entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, entrega en su Cuenta Pública del año 2011 una retrospectiva desde el año 2007 a 2011, donde se advierte, que el total de los empleos intermediados por el Estado no suman más de 1.222, con un promedio anual de 244 personas que habrían encontrado trabajo durante ese periodo.

Además las cifras de la FND que se basan en estudios independientes, señalan que las personas con discapacidad, en situación de cesantía en Chile, alcanza el 90%. El otro 10% se desglosa en 9% que desarrolla labores informales y solo el 1% que encuentra trabajo y contrato laboral.

Estas cifras están en línea con el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC-INE), el cual señala que el 94% de jóvenes y adultos con discapacidad no tenían acceso a la salud ni a un adecuado proceso de rehabilitación, y que más del 75% de las personas mayores de 15 años, estaba inactiva, cesante o desempleada. Cabe destacar que la ENDISC posee una antigüedad de casi 10 años, tiempo en el cual no se ha vuelto a aplicar otro estudio con los mismos estándares de confianza para la sociedad civil.

Tiene poco asidero con la realidad, concluir que quienes no cuentan con adaptaciones en materia de salud, transporte, educación, capacitación, accesibilidad en espacios públicos ni privados, puedan terminar dignamente su enseñanza básica, media e ingresar a la educación superior. Estos antecedentes se encuentran respaldados por el escaso avance que se ha logrado a través de la Ley 20.422 que dicta normas para la plena inclusión de las personas con discapacidad, cuya operativa se ha visto truncada por la ausencia de la mayoría de los reglamentos que le darían cuerpo y aplicabilidad.

“Lo verídico es que el grueso de las personas con discapacidad, por ausencia de oportunidades reales en el mercado laboral, se ven forzadas a emprender trabajos informales, con salarios bajo el mínimo, que no representan de ninguna manera sustentabilidad en el tiempo. Si para el Ministerio de Desarrollo Social, este escenario representa “inserción formal en el mundo laboral”, significa que su concepto de trabajo es bastante precario. Sin duda que las cifras del gobierno y el articulo de La Tercera de este domingo con los dichos de Lavín, generan confusión pues también se encuentra mal redactado”, señala Alejandro Hernández, Presidente Ejecutivo de la Fundación.

Nos hemos encontrado con casos, que deben multiplicarse por cientos, de personas con discapacidad que aún alcanzando niveles técnicos profesionales (ingenieros o expertos en áreas web y diseño) están realizando labores administrativas, pesando fruta en supermercados o en otros empleos que no se encuentran asociados a sus competencias profesionales. Si esto es inclusión laboral para el gobierno, entonces hay alguien que no está haciendo bien su trabajo o le apura que los índices de contratación al menos en el papel suban, señala Karina Olivares, Directora de Acción Social de FND.

“No basta con instaurar un Sello y decir “Chile es Inclusivo”, ya que suena más como una acción política efectista, que como un programa profundo y efectivo en materia de inclusión. En el recién publicado informe “Del Dicho al Hecho” de Fundación Ciudadano Inteligente, queda de manifiesto que las únicas áreas donde el gobierno no ha avanzado en nada, son precisamente Discapacidad e Infancia”, recalca Alejandro Hernández.

Somos testigos en la práctica, de la profunda discriminación que Chile y los gobiernos ejercen hacia las personas con discapacidad. De hecho, el mismo Ministerio de Desarrollo Social en febrero pasado, señaló que a las personas con discapacidad, gitanos y homosexuales, son los sectores más discriminados y maltratados de Chile.

El reciente Informe Anual de Derechos Humanos en Chile (INDH - 2012), en su apartado dedicado a la discapacidad, remarca que el escenario ha sido alimentado durante años por un abordaje de las necesidades marcado por la caridad, lo que ha redundado en un escaso reconocimiento de esta población como sujetos de derechos.

“En Chile debe promulgarse una ley que obligue a las empresas públicas y privadas a contratar un 15% de trabajadoras y trabajadores con discapacidad, bajo parámetros estrictos de conservación de sus competencias, ajustes razonables y compromiso de las empresas a largo plazo, de lo contrario seguiremos dejando este tema tan sensible, a la buena voluntad y a la caridad. El desafío más grande de un gobierno es capacitarse y educarse en materia de inclusión social de personas con discapacidad, lo cual es imposible de espaldas a las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó Alejandro Hernández de la FND.

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