Por Francesca Zaffiri
Investigadora Fundación P!ensa

El pasado sábado se dio alerta a la comunidad sobre un (nuevo) derrame de hidrocarburos en el estero Mala Cara, el cual se suma a la lista de incidentes ocurridos en Quintero atribuidos a la Empresa Nacional de Petróleo (Enap). Si bien esto ya había ocurrido en 2015 y en 2016, fueron los hechos del 2014 los más recordados, al derramarse al mar un total de 38 mil litros de petróleo. Ciertamente, nos vemos enfrentados a un problema medioambiental y de sustentabilidad de carácter alarmante.

Desde la perspectiva de la economía política, cuando un actor toma decisiones que involucran producción y utilización de recursos, afecta a terceros, provocando fallas en el mercado. Este efecto es conocido como una externalidad negativa, que se manifiesta en la esfera medioambiental cuando el territorio se ve gravemente afectado a consecuencia de la producción de un bien. En el caso que nos convoca, la historia de Quintero se ve marcada por los desastres medioambientales y de salubridad provocados por Enap, los que han deteriorado la calidad de vida de sus habitantes al afectar elementos tan imprescindibles como el aire y el agua. Asimismo, deteriora los medios de producción de la economía local.

La Encuesta de Calidad de Vida (2017) realizada por Fundación P!ensa establece que, desde el 2015, ha aumentado en un 20% la percepción de que los vertimientos de desechos al agua y emisión de gases son amenazas medioambientales para la provincia de Valparaíso. Ello refleja la gradual concientización de las personas sobre su realidad local.  La degradación ambiental es tal, que fue declarada por Michelle Bachelet como una “zona de sacrificio”, como si Quintero fuese solo un territorio subnacional en abandono, sin economía y vida local.

Al ser este un problema medioambiental subnacional, cabe preguntarse sobre lo que pueden hacer las unidades regionales o locales ante este tipo de crisis. Una de las propuestas de solución al actual derrame es denunciarlo ante la Superintendencia de Medio Ambiente para que fiscalice y sancione la falta. Otra es acudir al Tribunal Ambiental de Santiago. Ambas soluciones ex post han demostrado ser deficientes, puesto que, además de dilatar por cuatro años la indemnización a la contaminación permanente en Quintero por el caso ocurrido el 2014, se rechazó la demanda municipal contra Enap, terminando en una solución suma cero.

El mecanismo jurídico descrito hace que percibamos que la toma de decisiones en materia ambiental subnacional responde a una lógica centralista top-down, sin interacción con los afectados y sin tomar en cuenta la heterogeneidad de los territorios. Los mecanismos de monitoreo y fiscalización ambiental subnacional son mínimos, puesto que se reducen a una demanda que puede llevar a cabo una localidad o municipio que no tiene mayores atribuciones.

Por todo lo anterior, el proceso descentralizador en curso debiese contemplar el factor medioamiental entre las medidas con que se pretende fomentar la autonomía subnacional. Sólo así se podrán canalizar las demandas y los conflictos locales de buena manera, mitigando efectivamente las externalidades negativas.