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Virginia Reginato sufre duro revés en Concejo Municipal de Viña del Mar

14 Septiembre 2018

“Les dimos a conocer (al Concejo Municipal) todas las alternativas legales que se desprendían del juicio, entre ellas, un acuerdo de transacción que evitaba desembolsar importantes sumas del presupuesto municipal”, sostuvo la alcaldesa Virgina Reginato.

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La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, manifestó su opinión sobre el rechazo del Concejo Municipal respecto de la transacción judicial propuesta por los abogados de las partes para poner término al juicio que mantiene el municipio con la empresa Besalco, a raíz de la construcción y explotación de los estacionamientos subterráneos de la Plaza Sucre.

Al término de la sesión ordinaria de este jueves, la jefa comunal indicó que “hemos realizado el mayor esfuerzo para evitar un escenario de riesgo para Viña del Mar, al presentar al Concejo Municipal, una propuesta de transacción que resolvería de manera definitiva la controversia con la empresa Besalco, originada por circunstancias que afectaron el plazo de ejecución de la construcción de los estacionamientos subterráneos”.

“Les dimos a conocer (al Concejo Municipal) todas las alternativas legales que se desprendían del juicio, entre ellas, un acuerdo de transacción que evitaba desembolsar importantes sumas del presupuesto municipal”, sostuvo la alcaldesa Virgina Reginato.

Sobre este último punto, el director de Asesoría Jurídica del municipio, Pablo Staig, puntualizó que “considerando la cuantía de la demanda, que bordea los 16 mil millones de pesos, la alternativa de poner término al juicio mediante una transacción no implicaba pago alguno por parte de la municipalidad. Con este rechazo ya no es posible y se opta por esperar la sentencia con todos los riesgos que implica”, dijo.

ARGUMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS

La proposición de transacción judicial efectuada por los abogados de las partes en este juicio, fue sometida a la decisión del Concejo Municipal el 18 de diciembre del 2017 e informada favorablemente por el Departamento Jurídico en esa misma oportunidad, y durante los últimos 9 meses fue analizada en 10 sesiones de la Comisión de Finanzas del Concejo, a la que asistieron la mayoría de los concejales.

Además del debate propio de los concejales, en las referidas instancias expusieron el Director del Departamento Jurídico y abogado de esa unidad, los abogados externos (Alvaro Quintanilla y Felipe Gorigoitía), el Director de Control, el Administrador Municipal y el Director de Secpla.

“Todas las consultas y antecedentes que los concejales solicitaron fueron debidamente respondidas y entregados, por lo que a la fecha, lo único que se encontraba pendiente, era adoptar una decisión a través de la correspondiente votación del Concejo Municipal”, precisó Staig.

“En ningún momento se ha intentado imponer una decisión. Lo único que se pretendía era que cada concejal votara de manera informada, teniendo plena libertad de aprobar o rechazar la propuesta de transacción judicial presentada por los abogados”, afirmó el director de Asesoría Jurídica.

La propuesta

La propuesta de transacción presentada por el municipio no consideraba pago alguno y sólo un aumento en la prórroga del plazo de la actual concesión.

Al respecto, el director de Concesiones, Mario Araya, explicó que la propuesta “no implica un aumento de precio para los usuarios, dado que éste se fija en función de la demanda y las distintas alternativas de estacionamientos disponibles en la comuna, tal como ocurre con la tarifa actual que es inferior al valor máximo permitido”.

En tal sentido, Mario Araya precisó que “respetando las facultades del Concejo Municipal, durante varias sesiones se desplegaron de manera objetiva y fundamentada los argumentos jurídicos, técnicos y económicos que habrían permitido terminar este juicio en un acuerdo favorable para Viña del Mar,  al no comprometer recursos municipales, ni disminuir las plazas de estacionamientos tan necesarias para el buen funcionamiento de la comuna y tampoco encarecer en términos reales este servicio con el consabido perjuicio para los usuarios”.

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