El pasado martes, el Presidente Sebastián Piñera hizo públicas las medidas que tomará el Gobierno ante las deficiencias del sistema educacional chileno, que han gatillado las tomas y movilizaciones de las últimas semanas. En su batería de propuestas hay algunas medidas valiosas, pero que no atacan al problema de forma estructural. Quizás el ímpetu de los jóvenes secundarios y universitarios no ha logrado canalizar la demanda en objetivos muy claros, pero es evidente que algo anda mal.

Aumentar becas, mejorar el sistema de créditos, asegurar el acceso a la Educación Superior al 40% más pobre de la población, son medidas concretas que contribuyen a mitigar las injusticias del sistema, pero no lo modifican desde sus cimientos. Los problemas de la educación superior corresponden a un conflicto mucho más profundo que tiene que ver con déficits  –hoy ya casi culturales- en todos los niveles de la educación. Así, la enseñanza universitaria aparece como la etapa más visible de una serie de injusticias anteriores (educación parvularia, básica y media principalmente).

Esta realidad es la que se vive en los campamentos. Según el último catastro de Un Techo para Chile, un 55% de los adultos no terminó la educación secundaria. Esos son los efectos reales de un sistema educacional deficiente. La juventud hoy se moviliza contra el lucro injustificado, contra el endeudamiento. Esas son razones que impiden a los sectores más vulnerables tener las mismas oportunidades que los grupos más acomodados. Los motivos anteriores son los que permitieron que hoy la mitad de los adultos en condición de campamentos tenga una educación incompleta.

El sistema educacional chileno requiere de cambios que modifiquen su estructura desde lo más hondo y es tarea de todos lograr esos cambios.