Por Ibán de Rementería

Los movimientos sociales regionales como los de Magallanes, Aysén, Calama y otros, han puesto en el debate nacional el asunto de la valoración de los recursos naturales. Estos recursos se definen conceptualmente como aquellos bienes que no pueden ser producidos por el hombre, tales como la tierra, el agua y el aire (el clima), principalmente, también los minerales, los recursos energéticos, los recursos forestales, los recursos marinos, las condiciones acuícolas, las localizaciones geoestratégicas, asimismo hay algunos de compleja descripción como ciertas propiedades genéticas relevantes. Igualmente, hay otros bienes que si bien han sido producidos por el hombre estos no pueden ser reproducidos por él como lo son los bienes arqueológicos, los monumentos históricos y las obras de arte, que en general llamamos el patrimonio cultural.

La valoración de los recursos naturales es compleja. Según la economía clásica –Smith y Ricardo- la valoración de los factores de la producción se hace efectiva mediante la retribución a sus tenedores por el derecho a hacer uso de ellos, el uso del capital se retribuye mediante la utilidad, el uso de trabajo mediante el salario y el uso de la tierra mediante la renta. La renta de la tierra pagada a los terratenientes proviene del hecho que este es un recurso escaso que está monopolizado por su propietario, que puede ser el rey, el señor feudal, el terrateniente, la comunidad o el estado. Por extensión de la institución de la renta de la tierra, la retribución al uso de los recursos naturales es la renta, llámese esta royalty, regalía, canon, arriendo o prestación personal, en ningún caso este pago es un impuesto, de la misma manera que la renta que paga el empresario agrícola al propietario de la tierra que usa no lo es tampoco. Los impuestos se le pagan al Estado, por un acuerdo para el recaudo y gasto aprobado por el parlamento en representación de toda la sociedad –el presupuesto nacional-, para que este provea los servicios y prestaciones que los particulares no quieren o no pueden proveer –salud, educación, asistencia social, obras públicas, etc.- o no es conveniente que lo hagan –seguridad y defensa.

En Chile los recursos naturales son propiedad del Estado en representación de toda la nación, a lo largo de la historia una parte de la tierra ha sido entregada en propiedad privada, ese es el origen de los conflictos con los pueblos originarios ya que los conquistadores se las usurparon a sus comunidades. Otras tierras públicas han sido concedidas a sus usuarios con diversos propósitos agrícolas, pecuarios o madereros; los recursos mineros, pesqueros o forestales y otros son concedidos a cambio de diversas modalidades de retribución por sus usos que son rentas públicas.

Las demandas que hacen los habitantes Aysen y Calama, desde la toma de conciencia de su abandono y pobreza, vuelve a plantear la cuestión de quien tiene el mejor derecho para apropiarse de la renta con que los recursos naturales de sus territorios son retribuidos ¿el Estado central, los concesionarios o las comunidades de los territorios donde estos recursos se localizan? Los vecinos de Calama reclaman que se les devuelva el 5% de renta sobre el valor de venta de cobre de las mineras de su comuna, que les otorgó la ley al ser nacionalizado este recurso y que les fue usurpado por la Dictadura Militar. Los habitantes de Aysén plantean la recuperación regional de las rentas que el uso de sus recursos naturales deben retribuir, mal que mal en su región hay cinco millones de hectáreas de parques y reservas silvestres de gran potencial turístico; un millón de hectáreas de borde costero con aptitud acuícola; quinientas mil hectáreas en bosques de lenga con posibilidad comercial; así como algo más de la tercera parte del total nacional de los recursos hídricos con potencial hidroeléctrico. La nueva política energética tiene una matriz en un 50% hidroenergética.

De la misma manera que el rey le concedía a sus señores feudales el derecho de cobrar la renta de la tierra a sus sirvos y vasallos, el Estado le otorga a los concesionarios privados el derecho de apropiarse la renta sea territorial, minera, forestal o pesquera que por estar en sus territorios pertenecen al conjunto de las comunidades locales representadas por sus municipios.

Los puertos de Hamburgo, Rotterdam, Amberes o Singapur son propiedad de sus ciudades que perciben la renta portuaria que su localización geoestratégica les otorga, ese es su monopolio y por el derecho a hacer uso de ella en el transporte y comercio internacional se hacen pagar. Valparaíso tiene una localización geoestratégica que lo convierte en el puerto pivote las Pacifico sur, junto con el puerto de Buenos Aires, mediante el ferrocarril bioceánico constituyen, la distancia más corta para unir el Atlántico y el Pacífico sur, la distancia más corta para ir del Atlántico sur al Pacifico norte, más corta que ir por Panamá, Buenos Aires vía Valparaíso está a similar distancia para ir del Atlántico sur vía el Océano Indico a Singapur, el puerto más grande del mundo. Hoy la renta del puerto de Valparaíso, por intermedio de la Empresa Portuaria de Valparaíso, se la apropia el Gobierno central y el concesionario privado operador del puerto el Terminal Pacífico Sur. Al llamarse ahora a licitación el Terminal Dos de Valparaíso, el Espigón, el puerto de Hamburgo habría mostrado su interés en operarlo, así que bien puede suceder que la renta portuaria de Valparaíso beneficie a los hamburgueses, y claro al Gobierno central de Chile, pero no a los porteños.