Por Víctor Herrero

El problema político que enfrenta el gobierno es que, actualmente, los fiscales gozan de popularidad entre la población chilena, en especial debido a sus actuaciones en los casos Penta y Soquimich. Aunque la Corte Suprema y La Moneda pueden optar por cualquier nombre, incluyendo a juristas externos a la fiscalía, nombrar a alguien externo al Ministerio Público puede ser interpretado como un “castigo” a la actuación de la fiscalía.

En la carrera subterránea por uno de los cargos más codiciados en la cuestionada República actual, son al menos ocho los nombres que batallan por conquistar este sillón. La mayoría pertenece a las filas del propio Ministerio Público, otros son personajes externos pero que tienen su peso propio. Y dentro de los postulantes de la propia fiscalía existen dos bandos: los activistas incontrolables y los fiscales dispuestos a negociar con La Moneda.

Estos son, según varios entrevistados en la propia fiscalía y en La Moneda, los principales candidatos a suceder a Sabas Chahuán.

Raúl Guzmán, fiscal de la Región Metropolitana Sur. Ligado al “Caso Bombas” durante el gobierno de Sebastián Piñera, y actualmente a las bombas colocadas en el metro el año pasado, los casos del fiscal Guzmán son poco atractivos ante la opinión pública. Sus cercanos esgrimen que esa fiscalía ha sido la más eficiente en temas como la incautación de drogas, superando a todas las demás fiscalías del país. Pero su revés en el caso del incendio de la cárcel de San Miguel le juega en contra. Los casos de las bombas, y también del asesinato de Carabinero en el reciente “Día del Joven Combatiente”, lo han vuelto cercano al subsecretario del Interior Mahmud “Pancho” Aleuy. De hecho, a raíz de este último caso, Aleuy se reunió el lunes 30 de marzo con el fiscal Guzmán y otros fiscales.

Otra cosa que le juega a su favor es su condición de masón, lo que, según algunos entendidos, le valdría al menos dos votos dentro de la Corte Suprema.

Luis Toledo, el fiscal a cargo de la región de O’Higgins. Es uno de los procuradores de mayor trayectoria en la reforma procesal penal. Asumió su cargo en agosto de 2010, designado por el propio Sabas Chahuán. Actualmente está a cargo del llamado “Caso Caval”, que involucra a la nuera y el hijo de la presidenta Bachelet en un negocio inmobiliario en Machalí, en la sexta Región. El 17 de marzo Toledo paralizó el pago de un cheque de 2.000 millones de pesos a Caval, que era la utilidad que Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon esperaban obtener de ese negocio.

Sin embargo, según fuentes de la propia fiscalía, Toledo está optando por una política dual: hacia la opinión pública se presenta como un “duro”, pero hacia los círculos del poder se auto define como un “blando”. En efecto, según esas fuentes, el fiscal Toledo le habría transmitido a La Moneda ese mismo mensaje. Y este se resume en lo siguiente: voy a investigar, pero tranquilos, que les avisaré antes cualquier cosa. El hecho que las incautaciones de documentación y computadores de Dávalos no se haya filtrado a la prensa –a diferencia de lo que sucedió con Andrés Velasco, por ejemplo- es visto en La Moneda como una prueba de lealtad de este fiscal.

José Morales,  fiscal a cargo de los delitos de alta complejidad. Se suponía que era quien iba a asumir la investigación de la llamada “arista Soquimich” del caso Penta, caso que finalmente volvió a las manos del Carlos Gajardo y, después, a las del fiscal nacional Sabas Chahuán. Morales -que según abogados del Ministerio Público cuenta con al apoyo de su colega Andrés Montes, hijos del senador socialista Carlos Montes, en su postulación encubierta para Fiscal Nacional- ha estado a cargo de los mediáticos casos de La Polar y la colusión de las farmacias. “Pero nunca llega a nada duro y siempre parece dispuesto a transar o negociar con las empresas”, asegura un abogado de la fiscalía.

Alberto Ayala es el fiscal de la región metropolitana oriente y según fuentes al interior del Ministerio Público, se está candidateando para el puesto máximo en este poder del Estado. Ayala fue uno de los pioneros al entrar a ese ministerio en el año 2000, como fiscal regional de Antofagasta. Cuando a principios de año se volvió a barajar el naipe en el caso Penta, restándole el poder al fiscal Gajardo, Ayala declaró con cierto tono arrogante: “ Siempre he estado a cargo del caso Penta, siempre ha sido mío”. Sin embargo, a los pocos días el propio fiscal se inhabilitó para llevar el caso, ya que durante 12 años tuvo una relación laboral con Soquimich y reconoció ser amigo de algunos de sus ejecutivos, entre ellos Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera.

Xavier Armendáriz, ex fiscal a cargo de la región Metropolitana Oriente es mencionado como otro de los aspirantes al sillón supremo del Ministerio Público. Armendáriz se volvió conocido por llevar la investigación por abusos de menores en contra del ex senador DC Jorge Lavanderos. También estuvo a cargo en 2010 del llamado “caso bombas”, que finalmente tuvo que ceder al ex fiscal Alejandro Peña. Actualmente ejerce como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, entidad privada ligada a la UDI.

Juan Enrique Vargas, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. La gran ventaja de Vargas es que en la última elección fue el favorito de la Corte Suprema, siendo hace ocho años el más votado. Sin embargo, en esa oportunidad Bachelet optó “bypasearlo” a favor de Chahuán. Actualmente, el decano de la UDP sigue contando con amplias simpatías dentro del Poder Judicial. Columnista habitual de los diarios La Tercera y El Mercurio, Vargas parece representar un punto medio entre el activismo de un fiscal Gajardo o Armendátiz, y el conformismo acomodaticio de fiscales como Toledo, Morales o Ayala. Lo que juega en contra de Vargas es que es un “personaje externo”, y una eventual nominación podría ser interpretada como un “castigo” a la fiscalía.

Solange Huerta, la fiscal regional de la zona Metropolitana Occidente y subrogante de Sabas Chahuán, es otra de las candidatas internas por suceder a su jefe. La fiscal, que tuvo a su cargo investigar los posibles errores del primer gobierno de Bachelet en alertar acerca del peligro de un tsunami después del terremoto del 27 de febrero de 2010, ha sido acusada por la oposición de ser demasiado blanda con la ex presidenta. Además, en su juventud durante los años 80 Huerta formó parte de la corriente “almeydista” del Partido Socialista, lo que la podría volver una candidata “no digerible” para sectores de la oposición e incluso de la propia Nueva Mayoría.

Por último, el fiscal Carlos Gajardo, que se ha robado las luces debido a su actuación en el caso Penta y Soquimich, podría ser otro candidato serio para ser Fiscal Nacional. Cercanos a él afirman que su ambición se reduce a ser el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, que es la que indaga presuntas irregularidades en el ámbito económico y empresarial. Pero se le podría abrir el apetito y codiciar el cargo supremo en el Ministerio Público. Ciertamente, Gajardo cuenta probablemente con la simpatía del chileno común y corriente. Sin embargo, es una figura demasiado controversial y poco controlable, y difícilmente La Moneda se abriría a apoyar su postulación.

Así las cosas, todo indica que el gobierno tendrá que optar por un nombre de la propia fiscalía para no contrariar a la opinión pública. Porque si escoge a alguien externo, será interpretado como un castigo e interferencia con el Ministerio Público. Pero dentro de esas posibilidades, La Moneda cuenta con un amplio abanico. Desde el fiscal Toledo hasta el fiscal Gajardo. Lo más probable es que el palacio opte por el primero.