Por Patricio Rozas Balbontín

El desarrollo de la pandemia en el país ha adquirido dimensiones alarmantes y de escándalo, proyectándose un futuro oscuro y gravísimo para el conjunto de la población, en especial la más carenciada y vulnerable, aquella de menores ingresos y de mayor edad. En los días recientes, los nuevos contagios han superado los 5.000 casos diarios, alcanzando a casi 7.000 en algunas oportunidades.  

En una situación sin precedentes, el gobierno ha reconocido la omisión de 31 mil contagios en las cifras informadas al país. Peor aún, ayer 20 de junio, el Ministerio de Salud aumentó en 3.069 personas la cantidad de fallecidos por acción del COVID-19, luego de homologar las cifras que se proporcionaban a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las que se informaban a la ciudadanía (4.295 fallecidos, a las 21 horas del 19 de junio), que apenas representaban 60,1 por ciento del total de personas efectivamente fallecidas por efecto del COVID-19 (7.144). 

Esta manipulación de las cifras permitió a las autoridades construir un relato ficticio durante algunas semanas y hablar de mesetas y eficiencia de las políticas seguidas y de las decisiones adoptadas, entre las mejores del mundo, por cierto, pero que cayó, para decirlo con las propias palabras del ex ministro Jaime Mañalich, como un castillo de naipes, como cayó también el ex ministro, luego de un reportaje periodístico que terminó por minar la fe pública y credibilidad de la autoridad sanitaria y presidencial. 

No obstante que las autoridades se empecinan en no reconocer el nivel de gravedad existente, existen antecedentes que señalan que el crecimiento diario de las personas contagiadas en los últimos días ya alcanzó el nivel de saturación en la Región Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso, incluyendo la red privada de salud, conforme lo señaló un grupo de científicos asociados a la Mesa de Datos COVID-19. 

Esta saturación podría aumentar fuertemente la cantidad de personas fallecidas, si acaso los contagios siguen aumentando al ritmo que llevaba hasta hace un par de días (sobre 6.000 contagios diarios), al no ser posible la atención de todas las personas contagiadas en los centros de salud. El espectro de la denominada “última cama” empieza a ser realidad. De esta manera se ha estado instalando el peor escenario que los especialistas advirtieron y temieron, sin ser escuchados por el Gobierno. 

El fracaso de una estrategia

La situación es más grave de lo que se piensa, como consecuencia del estrepitoso fracaso de la estrategia seguida por el ex ministro Jaime Mañalich, que careció de objetivos y directrices claras para enfrentar con eficiencia la expansión de la pandemia. La estrategia gubernamental se focalizó en aumentar la capacidad de respuesta de la red de salud ampliando la infraestructura sanitaria e incrementando la disponibilidad de equipos, pero dejando en un segundo plano y a distancia sideral la adopción de medidas orientadas a contener la expansión de la epidemia. De hecho, se buscó, irresponsablemente, diferir en el tiempo el contagio, pero abarcando la mayor cantidad de personas para los efectos de generar inmunidad en parte importante de la misma, el denominado “efecto rebaño” que las actuales autoridades sanitarias se han apresurado desmentir en otra de sus recurrentes volteretas. 

En términos de la salud de la población, las medidas implementadas sobre el particular fueron tardías, ambiguas, y divorciadas de la realidad social y económica de los segmentos más pobres y vulnerables de nuestro pueblo, algo impresentable en la gestión de un gobierno, independientemente de su signo político. En su burbuja de siempre, no se dieron por enterados del hacinamiento y de la pobreza que afecta a un sector importante de la población —no lo digo yo, lo confesó el ex ministro Mañalich—, condición que impide adoptar políticas diseñadas para países que distribuyen mejor sus ingresos y no presentan el nivel de desigualdad que Chile ostenta. 

Valparaíso no escapa del desastre

La comuna de Valparaíso está sufriendo el rigor de la nefasta política gubernamental. Después del clamor de parlamentarios, alcaldes, académicos y organizaciones sociales y políticas, pidiendo durante varias semanas que se decretara la cuarentena obligatoria, el Gobierno central accedió a implementar lo solicitado. Ello cuando la cantidad de nuevos contagios había superado los 300 casos por día y constituirse en el principal foco de expansión de la epidemia en la región, incluso por encima de Viña del Mar, comuna que durante varias semanas tuvo una mayor cantidad diaria de nuevos contagios que Valparaíso, que se alimentaron del mayor hacinamiento y pobreza de su población. 

La comuna de Valparaíso fue sometida a una tardía cuarentena territorial, sin haber puesto en práctica medidas de política que contribuyeran el confinamiento en los hogares y frenar al menos la propagación del virus, como resultado de una política sanitaria errada, autoritaria, elitista, sesgada y con déficit de transparencia. 

En vez de entregar los recursos económicos que permitieran solventar los gastos en alimentación vía cuenta RUT a las familias de menos ingresos y golpeados hoy por el desempleo, el Gobierno optó por “farandulizar” la entrega de alimentos, con serias fallas logísticas, sin que importara la dignidad de las personas.

Conforme a esta situación, solo queda hacer una mayor restricción al desplazamiento de las personas en las áreas de cuarentena (se supone que no debería ser superior al 40% de los flujos normales de movilidad) para lograr aplanar las curvas de contagios y fallecimientos. Este es un desafío que no será fácil abordar exitosamente. En la Región Metropolitana, la movilidad promedio está en torno al 65%, muy por encima del 40% que se requiere como porcentaje máximo aceptable. Solo algunas comunas lo están logrando (Santiago y Providencia), pero en otras más pobladas y de mayor densidad poblacional las tasas son altísimas (casi 90% en Puente Alto, por ejemplo), lo que explica que la mayor cantidad de contagios y de fallecimientos asociados al COVID-19 se da en las comunas que albergan a los grupos de menos ingresos, que no están en condiciones de quedarse en sus hogares por la necesidad de obtener el sustento diario. Ello pone en evidencia los profundos niveles de desigualdad existentes en nuestra sociedad, demuestra que mientras más alta es la movilidad en el territorio comunal, mayor es el número de contagios y de personas que mueren por efecto de la epidemia.

Efectos del confinamiento

Preocupa especialmente algunos efectos colaterales del confinamiento, al margen del ya señalado problema que enfrenta una parte importante de la población: la necesidad de generar recursos para sufragar gastos que impide recluirse en el hogar si el Estado no financia y subsidia el consumo básico de productos de primera necesidad. 

En primer lugar, debe tenerse en consideración la situación de hacinamiento y de acceso precario a servicios de saneamiento en los hogares modestos, que dificulta la posibilidad de seguir y cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. También ha de tenerse en cuenta que el hacinamiento y problemas de acceso a servicios de saneamiento y demás servicios públicos de infraestructura, propician situaciones de violencia intrafamiliar que afectan principalmente (pero no únicamente) a mujeres y niños. 

En segundo lugar, preocupa que se haya ido instalando socialmente, en el país —avalado por el silencio cómplice de las autoridades—, una discriminación negativa hacia los adultos mayores, lo cual puede ser especialmente grave en Valparaíso, donde el peso relativo de la población de 60 o más años de edad es uno de los más altos del país.  

No es obstruccionismo, es sordera y soberbia

El gobierno, desde el inicio de la pandemia en el país, se negó a escuchar a la Sociedad Científica, al Colegio Médico y a otras organizaciones que plantearon lo equivoco de la estrategia impulsada. Destacamos la labor desempeñada por parlamentarios de oposición y de ex ministras de salud de los gobiernos de Michelle Bachelet, como Soledad Barría y Carmen Castillo, quienes no obstante el acaparamiento de los medios de prensa por parte del oficialismo, supieron plantear con claridad y fuerza una alternativa diferente consistente en relevar la importancia de la red primaria de salud como el primer eslabón de la barrera de contención de la epidemia y la necesidad de entregar un apoyo económico básico, pero digno, a las familias más vulnerables. Lamentablemente, debieron transcurrir meses y morir más de 7 mil personas para que se anuncie, junto con el cambio del ministro, que el gobierno actuará en la dirección que se ha demandado. 

No obstante que muchos han señalado como único responsable al ex ministro Jaime Mañalich —lo que ha permitido al gobierno una estrategia comunicacional de liberación de responsabilidades por la vía de presentarlo como un héroe que puso en riesgo su salud en el ejercicio de sus funciones—, en este aspecto no se debe perder el foco: los responsables de lo que está aconteciendo son los integrantes del círculo asesor del presidente Piñera, además del mismo y del propio Mañalich, integrado por Cristián Larroulet, Rodrigo Ubilla y Andrés Chadwick, quienes poseen una visión economicista de los asuntos públicos e indolente del sufrimiento ciudadano, propia del enfoque neoliberal, que los lleva a identificar oportunidades de negocios en el marco de la peor crisis sanitaria que ha enfrentado el país, como el prepago de la deuda de LATAM a los hijos de Piñera (26 mil millones de pesos) o las compras millonarias de alimentos a los oligopolios del retail, o el arriendo del hotel de San Antonio perteneciente a la familia del subsecretario Leturia como residencia sanitaria que gestionó el consejero regional UDI Mauricio Araneda (que El Mercurio de Valparaíso calificó de ordinariez). La oposición debe aunar esfuerzos en sancionar la responsabilidad política, administrativa y penal de las autoridades comprometidas.

El fracaso de la estrategia y el acuerdo de reactivación

No cabe duda que el llamado a un acuerdo de reactivación económica y de lucha contra la pandemia planteado inmediatamente después de la petición de renuncia a Jaime Mañalich se hizo cuando, desde el sector gobernante, se apreció el fracaso de su diseño y el riesgo seguro de profundización del quiebre social que afecta al país. Igualmente, estamos ciertos que las respuestas que se negociarían no podían sobrepasar el marco oportunista, neoliberal y desprovisto de ética republicana del gobierno con que se discute. Las fuerzas progresistas solo podían pretender obtener una satisfacción aceptable para la situación de angustia y precariedad que afecta a un segmento importante de nuestro pueblo en las condiciones de crisis catastrófica en que nos encontramos, y en ningún caso ello contradice los valores de nuestro devenir histórico. Desde su fundación, en las primeras décadas del siglo XX, los partidos de la izquierda han luchado por ensanchar los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los trabajadores y mayorías nacionales. En ese marco, debe analizarse el acuerdo alcanzado por el gobierno y los principales partidos de oposición.

Recogiendo lo que muchos han afirmado, el acuerdo contiene avances inmediatos: se mejoraron los montos de apoyo a los más necesitados y las pymes; se acordaron medidas para promover la reactivación económica y el empleo, y se acordó un marco de financiamiento hasta entonces negado por el gobierno. Esto significó que el monto inicial propuesto por subiera de los 3.000 millones de dólares iniciales a 12.000 millones de dólares para un Fondo Especial COVID. 

De todos modos, ha de hacerse presente la preocupación sobre el propósito del gobierno de pretender usar este acuerdo para relajar la normativa ambiental bajo el pretexto de acelerar la creación de empleos, en tanto sabemos que la permisividad ambiental referida a las externalidades negativas de algunos proyectos de inversión termina perjudicando a la ciudadanía, como lo prueba la situación existente en el eje Quintero-Puchuncaví y las zonas de sacrificio que una estrategia de desarrollo no sustentable ha generado en diversos territorios del país.

Foto: Huawei / Agencia Uno