Por Andrés Berg, investigador Fundación P!ensa

El debate del sistema de pensiones en Chile carece de objetividad. Quienes han instalado la demanda postulan a priori que el problema lo tiene el sistema, no obstante el único argumento válido al que recurren son las bajas pensiones de algunos. A estas alturas resulta majadero insistir en las razones por las cuales las pensiones de algunos son bajas, dado que poco tienen que ver con la naturaleza del sistema. Es más, la ventaja comparativa del sistema actual respecto de sistemas de reparto está ligada justamente al hecho de que el ahorro previsional incrementa progresivamente en la medida que las AFP inviertan adecuadamente los fondos. Y la evidencia muestra que mal no lo han hecho —dos tercios de los fondos acumulados corresponden a las rentabilidades de los fondos de las AFP—. Adicionalmente, hay un amplio consenso en que el sistema debiese ser mejorado, tanto por el cambio de la estructura social y demográfica, como por el manejo de los fondos de pensión. Con todo, el debate ya está instalado y es necesario refutar algunos de los argumentos que se han planteado.

El primero, señala que el sistema es autoritario debido a que se diseñó e implementó durante la dictadura en los 80. Este argumento es tan débil como contradictorio. Nadie puede borrar la historia. El hecho de que haya sido impuesto y no deliberado democráticamente a estas alturas es sólo un dato para los libros. Si efectivamente fuese un argumento válido también debiésemos quemar la carretera austral, desprendernos del tratado de paz con Argentina u olvidarnos que vino el Papa Juan Pablo II al país —y de paso olvidarnos de la misma dictadura—. La complejidad e importancia del debate exige resistirse de caer en las divisiones que vivieron nuestros padres y abuelos y, por el contrario, nos obliga a fijar la mirada en el futuro.

El segundo argumento habla de un sistema desigual. Mientras algunos tienen pensiones altas y con tasas de reemplazo cercanas al 80%, hay otros que reciben pensiones bajas con tasas de reemplazo de alrededor del 40%. Si bien esto es una realidad a veces injusta, como por ejemplo las diferencias evidentes entre hombres y mujeres, la solución no pasa por la eliminación de las AFP. El sistema de pensiones está sujeto al mismo paradigma de desigualdad-eficiencia que el mercado. En la medida que se incorporen regulaciones para redistribuir equitativamente las pensiones, el sistema perderá eficiencia toda vez que genera desincentivos al ahorro. En este sentido, el debate posterior a las propuestas de la comisión Bravo, a grandes rasgos, está bien encaminado: se debe encontrar un equilibrio entre el aporte individual y los aportes basales del estado minimizando los efectos negativos que podrían generar estas regulaciones en el mercado laboral y en el ahorro.

Por último, se dice que es injusto que las AFP lucren a costa de nuestras pensiones. Este argumento es el más complejo y peligroso de todos. Por una parte, el carácter (in)moral que se le atribuye al lucro es sesgadamente ideológico. Ya lo vimos con la educación, ahora es con el sistema previsional, luego será con la salud y cualquier otro servicio que arbitrariamente se le considere como un derecho. Por ejemplo, bien podríamos considerar la vivienda como un derecho social, sin embargo nadie razonable discute que las inmobiliarias no puedan lucrar. Por otra parte, y a consecuencia de lo primero, la probable creación de una AFP estatal al sistema de pensiones, efectivamente creará una alternativa, a primera vista legítima, de tener una opción sin fines de lucro. Sin embargo, las distorsiones que puede generar en el sistema podrían ser fatales. Con una AFP estatal en funcionamiento, no quedará brecha para que un nuevo gobierno de izquierda promueva la gratuidad de dicha AFP. Y por principio, una AFP gratuita acabará súbitamente con la libre competencia. Sería como que el estado se ponga a regalar comida a las afueras de los supermercados o que el Banco del Estado se pusiera a ofrecer indiscriminadamente créditos gratuitos. En consecuencia, las pensiones se concentrarán mayoritariamente en un único proveedor estatal, que por lo demás, transformará a un designado político en el principal inversionista de capitales del país.

Si en algo ha fallado la política en los últimos años, ha sido en el excesivo uso de criterios ideológicos por sobre los técnicos. Utilizar la desaventajada posición socio económica de algunos ciudadanos como fundamento para politizar el debate, es tan demagógico como peligroso. Si algún sesgo debe tener el debate, debe darse hacia lo técnico. En definitiva, el debate se trata de cómo engrosar la billetera de nuestros pensionados. Y el estado, hasta lo que sabemos, sabe bien cómo gastarlos y poco cómo invertirlos.