Mximiliano Duarte
Investigador Fundación P!ensa

El éxito de la agenda social dependerá, en gran parte, de la habilidad del Ministerio de Hacienda para hacer que las cuentas cuadren. La presión fiscal sobre el aparato público obliga a buscar fórmulas que permitan aumentar la recaudación impositiva. En este sentido, el acuerdo tributario alcanzado hace algunos meses significa un esfuerzo importante que se traducirá en una recaudación adicional de más de 2.000 millones de dólares una vez que entre en pleno régimen.

Sin ánimos de entrar a analizar en profundidad dicho acuerdo, lo cierto es que la experiencia nos muestra que no basta simplemente con aumentar el tamaño de la torta si dicho incremento no va de la mano con medidas encaminadas a aumentar la eficiencia del gasto público.

Un ejemplo de esto lo vemos en el coeficiente de Gini. En palabras sencillas, este indicador nos muestra la desigualdad en la distribución de los ingresos de un país a través de una cifra entre 0 y 1, donde a mayor cercanía a 1, mayor es la desigualdad. El Gini de Chile es de 0.5, similar al de países como Finlandia, Reino Unido o Estados Unidos. Sin embargo, el mismo indicador nos muestra que luego de la acción del Estado a través de impuestos y transferencias, nuestro país reduce dicha cifra a 0.46, mientras que en los países mencionados este se reduce a 0.26, 0.35 y 0.39, respectivamente. En resumen, la acción del Estado en esos países logra reducir significativamente las desigualdades, a diferencia del nuestro.

Las causas detrás de estas diferencias son múltiples. No obstante, un tema al que debiésemos prestar especial atención dice relación con el gasto permanente en las distintas reparticiones del Estado, particularmente, al gasto en que se incurre en funcionarios públicos. Aquello que despectivamente denominamos “burocracia”.

Nadie duda que la burocracia es imprescindible para materializar los planes y programas diseñados por el gobierno. Sin embargo, es sano preguntarnos si el régimen que regula la función pública cumple con los fines que se espera de aquel, esto es, traer a los profesionales más calificados, haciendo más eficiente la gestión pública. Al respecto, un informe elaborado por el Centro de Estudios Públicos, Chile Veintiuno, Espacio Público y Libertad y Desarrollo (“Gestión de personas en el Estado”) nos revela un panorama alarmante sobre la configuración de la administración pública. Mientras en el año 1995 por cada persona a contrata había tres de planta, dicha relación se invierte en el año 2018: por cada 2,4 personas a contrata hay una de planta. Esto significa que hoy la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no pasa por ningún filtro de mérito antes de incorporarse a la administración.

La desprofesionalización de la función pública ha ido de la mano con una creciente politización. Por lo mismo, no es extraño encontrar en la administración un número no menor de “asesores de autoridades”, que corresponden a funcionarios escogidos discrecionalmente por razones políticas, con sueldos que a veces equivalen al de una gerencia en el sector privado y que poseen un recorrido profesional que deja bastante que desear.

Teniendo a la vista este escenario, parece razonable hacernos cargo del problema, generando una burocracia profesional donde el mérito pese más que la eventual militancia en un partido político. De lo contrario, seguiremos ampliando el tamaño de la torta sin darnos cuenta de que tenemos una lombriz solitaria que se come gran parte del pastel, dejando solo migajas a quienes debiesen ser los destinatarios de algún trozo.