[OPINIÓN] Expectativas ante la Cuenta Pública Presidencial: ¿una nueva pedida de peras al olmo?

Por Patricio Rozas

No resultó muy agradable al ministro del Interior, Andrés Chadwick, su participación en la reciente celebración del aniversario de la Fundación P¡ensa, el “think thank” de la derecha regional, cuando debió escuchar la semana pasada un discurso nada complaciente de su presidente Gonzalo Bofill, cabeza de uno de los pocos grupos económicos surgidos en Valparaíso que ha logrado sobrevivir a la fagocitación sempiterna de los grandes capitales santiaguinos.

Bofill expuso un duro diagnóstico de la Región de Valparaíso, subrayando las cifras negativas de crecimiento y desarrollo que muestran un progresivo deterioro, especialmente del desempleo, que ya superó el 10% promedio en las comunas que comprenden el Gran Valparaíso. Pero no sólo esto: Bofill también reprochó el estado de abandono que el Gobierno central ha decretado en la capital regional, observando con cierta acrimonia que desde el gobierno del Presidente Lagos —hace ya bastante tiempo— no se ha ejecutado en Valparaíso una obra pública de envergadura.

Con sonrisa forzada y años de circo, el ministro más cercano a Piñera y primo del presidente aseguró que el próximo 1 de junio, en el marco de la Cuenta Pública en el Congreso Nacional, Piñera realizaría importantes anuncios para Valparaíso. Asimismo, Chadwick respondió la agrura de su anfitrión expresando su deseo que en un futuro próximo, así como se recordaba al expresidente Lagos con las obras que se hicieron durante su mandato, se pudiera recordar también al ex presidente Piñera por las obras hechas en Valparaíso y que permitieron que la depresión diera paso a un estado de optimismo.

¿Es eso posible?

De ninguna manera, si nos atenemos a los resultados de los primeros 15 meses de gobierno de Sebastián Piñera, en los que ha predominado los anuncios rimbombantes y los fuegos de artificio, pero también la postergación de proyectos y los actos fallidos. Como lo expresó vehemente un editorial de El Mercurio de Valparaíso, un primer año perdido, luego de anunciarse que el proyecto emblemático de este gobierno —el tren rápido Valparaíso-Santiago— ya no sería licitado en 2019, como fuera anunciado por Piñera en octubre del año pasado.

Una Cuenta Pública Presidencial se compone principalmente de dos aspectos: el primero dice relación con informar las acciones realizadas durante el año precedente, en tanto el segundo se refiere a las tareas que el Presidente se compromete a realizar en los años siguientes de su mandato. En la cuenta presidencial 2018, en materia de infraestructura, Sebastián Piñera no hizo lo uno ni lo otro, en especial lo que se refiere a la inversión en regiones, específicamente en la región de Valparaíso, a la que negó anuncios relevantes.

Claramente, los actores políticos y empresariales de la Región vienen reclamando de manera transversal y cada vez con mayor nitidez un plan de obras de infraestructura pública que pueda reactivar y dinamizar la economía regional. Moros y cristianos, partidarios y detractores de Piñera, parlamentarios y alcaldes, dirigentes empresariales todos, han confluido en la reivindicación de la conocida receta keynesiana para hacer frente a la contracción económica que afecta a la Región, como la principal vía de recuperación y activación de la economía regional. Y no solo esto: también los actores de distinta estirpe tienden a coincidir en cuales áreas de la economía se requiere una pronta intervención del Estado: conectividad, abastecimiento hídrico e infraestructura de riego, vivienda y salud.

Por cierto, la demanda de un plan de reactivación económica basado en un programa de inversiones en infraestructura pública no solo va en sentido contrario de la filosofía económica del gobierno de Chile Vamos —de corte neoliberal que busca minimizar todo lo posible el papel del Estado en la actividad económica—, sino también de las características más relevantes de la coyuntura que presenta la economía chilena a los 15 meses de haber asumido Sebastián Piñera la conducción del gobierno.

Por una parte, la economía chilena está sufriendo una clara desaceleración respecto de la expansión lograda el año pasado, lo que ha significado que las proyecciones del crecimiento para este año han sufrido varias rebajas en los últimos meses. Algunos analistas han pronosticado que la expansión del PIB no sería superior al 2,5%, aunque el ministro de Hacienda defiende con ahínco el objetivo de crecer al menos al 3,2%. Por otra parte, está la insistencia del Gobierno sobre una reforma tributaria cuyo principal efecto, de ser aprobada, será una menor recaudación de ingresos impositivos, lo que determinará que el Gobierno central contará con una menor cantidad de recursos (833 millones de dólares) para financiar un plan reactivador de la economía basado en la creación de infraestructura pública en la Región.

Pero, más allá de estos factores de contexto que condicionan la posibilidad de dar respuesta a la demanda planteada por los actores políticos y empresariales de la región, debe destacarse un tema más de fondo que se relaciona con el grado de importancia que el gobierno de Sebastián Piñera asigna al papel de la infraestructura pública en el desarrollo, más allá de las palabras de buena crianza y de correcta orientación política que sus ministros expresan en público, o el propio presidente cuando se ven obligados a referirse al tema. Esta importancia, en realidad, es mínima, cercana a 0.

Veamos, por ejemplo, qué dice al respecto el Programa de Gobierno del presidente Piñera. De sus 256 promesas de gobierno, solo dos (sí, ¡solo dos!) pertenecen al área de infraestructura y una al área de transportes y telecomunicaciones. Estas tres promesas registran, a los 15 meses de gobierno, 0 nivel de cumplimiento, no existiendo registros de proyectos de ley mediante los cuales procure dar cumplimiento a las promesas formuladas. Además, se trata de iniciativas de no demasiada incidencia en el desarrollo del sector respectivo.

En el área de infraestructura, las medidas propuestas son: 1) desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento hídrico, incorporando en la Ley de Concesiones mecanismos para el desarrollo de obras de desalinización, trasvases y sistema de infiltración de agua (lo que está pensado principalmente en beneficio de la actividad minera); 2) modificar la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, con el propósito de hacer posible los aportes municipales que dé lugar a la coejecución entre el sector público y privado de obras de interés público (aplicable, de manera fáctica, a los municipios ricos). En el área de transportes y telecomunicaciones, la medida propuesta es simplificar los permisos municipales para eliminar barreras y hacer más expedita la obtención de permisos municipales para poder acceder a bienes públicos que permitan desplegar fibra óptica y construir antenas para la telefonía móvil.

El Programa de Gobierno del presidente Piñera revela, de esta manera, escasa preocupación por los problemas del país relacionados con el déficit de infraestructura que debemos enfrentar y resolver para los propósitos de una economía competitiva internacionalmente y una mejora sustancial de la calidad de vida de sus habitantes. Chile es un país que registra una brecha de no menor importancia en materia de infraestructura física respecto de los países de mayor desarrollo relativo e, incluso, respecto de los países de industrialización reciente como la República de Corea.

En este sentido, la precariedad programática descrita explica en gran medida la improvisación que tiende a caracterizar el desempeño de los ministros de obras públicas y de transportes, y el permanente apego a medidas efectistas propias del juego pirotécnico de una gestión pública que roza los límites de la farándula. Ello constituye una irresponsabilidad para con el país y su futuro, dejando en claro que los problemas de conectividad, crisis hídrica, contaminación ambiental, vivienda, debilidad de los marcos regulatorios, cobertura insuficiente de la prestación de servicios de infraestructura y falta de competitividad territorial, entre otros, no parecen tener cabida en la agenda del gobierno en materia de infraestructura.

Otro indicador que vale la pena considerar es la ejecución presupuestaria. Hemos visto en columnas anteriores que la actividad económica de la Región registra un sostenido deterioro a lo largo del 2018, que se extendió en el primer trimestre de 2019, observándose contracciones del producto regional en varias oportunidades. En ese contexto, llama poderosamente la atención que el nivel de ejecución presupuestaria en los tres primeros meses de 2019 sea inferior al primer trimestre del último año de la segunda administración de Michelle Bachelet. Mientras que el nivel de avance de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2018 fue de 19,5%, este año este porcentaje es de solo 14,1%, según información de la Dirección de Presupuesto. Claramente, no es mediante la inversión en obras públicas que el Gobierno haya pretendido revertir, hasta ahora, la desaceleración del crecimiento.  

Cuadro 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER TRIMESTRE, AÑOS 2018 Y 2019

(millones de pesos)

Fuente: DIPRES

La escasa importancia que este gobierno asigna a la infraestructura física, más allá de las promesas y las frases de buena crianza, ya quedó de manifiesto el año pasado, cuando Piñera anunció como gran cosa un plan de inversiones en infraestructura por 20.000 millones de dólares (ahora el ministro Fontaine habló de una cifra bastante menor en un entrevista reciente en El Mercurio de Santiago). Empero, en un escenario de crecimiento moderado (3% de incremento anual del PIB), se estima que durante el período 2016-2025 nuestra economía necesitaría invertir en infraestructura poco más de 75 mil millones de dólares (8.364 millones anuales) para conservar en buenas condiciones la infraestructura existente y modernizar lo que se requiera sustituir.

Quien mejor refleja el verdadero sentir de este Gobierno es, sin duda, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, quien sigue sosteniendo que “el principal problema que tienen los habitantes de nuestra región, lo que no nos permite en definitiva ser felices, es la inseguridad ciudadana” (El Mercurio de Valparaíso, mayo 14 de 2019), no obstante el estancamiento económico, el alto desempleo y la precariedad que afecta a una creciente cantidad de habitantes de la región.

Foto: Huawei / Agencia Uno