Por Patricio Rozas

El próximo 26 de mayo, el Partido Socialista dará lugar a la elección de sus nuevas autoridades, tanto a nivel nacional como en las diversas instancias territoriales (regionales, provinciales y comunales), poniendo término operativo —al menos desde un punto de vista formal— a la discusión interna que se libró en el marco del XXXI Congreso realizado en enero pasado.

Los comicios partidarios podrían ser solo de incumbencia de la militancia socialista, pero en esta oportunidad tienen una gran importancia, no solo en relación con el futuro del Partido en la política nacional, sino también respecto de su incidencia en el tramado opositor al gobierno de Chile Vamos, presidido por Sebastián Piñera.

Mientras el senador Elizalde insiste en una política de alianzas que muestra serias dificultades para su concreción y desperfila todavía más al PS en su calidad de instrumento de transformación social y de canalización de las demandas ciudadanas en una sociedad crecientemente desigual, la diputada Maya Fernández propone poner el acento en la reconstrucción de la institucionalidad partidaria, reafirmando la identidad como un partido de izquierda, anticapitalista, antiimperialista, haciéndose parte de los movimientos sociales que protagonizan diferentes causas ciudadanas que inciden directamente en la calidad de vida de los chilenos.

Ambas concepciones inciden directamente sobre las coaliciones políticas en construcción y sobre la forma de entender el trabajo político en los espacios territoriales: mientras la opción de Elizalde prioriza la negociación política (ver declaraciones de Barra en El Mercurio de Valparaíso, 6 de mayo) y persevera en un trabajo cupular y elitista, alejado de las bases partidarias y de los movimientos sociales, la opción de Fernández prioriza volver a las raíces, reconstruir identidad en el movimiento social y reiniciar un progresivo proceso de acumulación de fuerzas que debiera expresarse en la recuperación de la capacidad de conducción del movimiento popular. Los efectos de cada concepción en la política local son más que evidentes.

El Presidente Piñera, a pesar de andar a los tumbos en su primer año de gestión, al igual que su coalición, ha tenido la ventaja inestimable de no enfrentar una oposición articulada sobre la base de un diagnóstico común de los problemas que afectan al país y que esta última no haya sido capaz todavía de construir una plataforma programática suficientemente atractiva que permita re-encantar a una ciudadanía crecientemente decepcionada de su segundo gobierno (situación que queda en evidencia en la persistente baja de los niveles de aprobación de la gestión presidencial y de su equipo de gobierno, y el aumento consecuente de su reprobación). Sin duda, esto es resultado de los estilos de conducción impuestos por la dupla Elizalde-Santander.

¿Qué se juega el 26 de mayo?

No han sido muchas las ocasiones, a lo largo de sus 86 años de existencia, en las que el Partido Socialista ha debido enfrentarse a una coyuntura tan compleja y difícil de abordar, al margen de la provocada por la persecución y asesinato de buena parte de sus cuadros dirigentes durante la dictadura de Pinochet luego del golpe de 1973. Ello en virtud de haber perdido en las últimas décadas la capacidad de representar en el ámbito de la política y del Estado una amplia gama de intereses ciudadanos diversos, que Allende y los dirigentes de su generación asociaban a los trabajadores manuales e intelectuales, al campesino, al poblador, al estudiante, a las mujeres, al pequeño empresario, que Allende y demás líderes partidarios supieron articular en una propuesta de transformación social y económica del país a partir de sus demandas cotidianas por una vida digna.

Más allá de la profunda transformación de la sociedad chilena a partir de 1990, inducida por el notable crecimiento económico logrado a partir de entonces —el PIB per cápita pasó de 5.000 a 25.000 dólares— y el fenómeno de la globalización, que ha significado cambios rotundos en nuestra estructura productiva y laboral, lo cierto es que el Partido Socialista, junto con hacer gala de una “visión de Estado” ligada al objetivo de consolidar la restauración de la democracia (para lo cual debió tragar sapos y culebras en muchas oportunidades para no incomodar a sus aliados de centro), tendió a representar prioritariamente los intereses de la burocracia entendida en la acepción weberiana, esto es, del personal que se desempeña en la administración del Estado. Progresivamente, el Partido Socialista fue abandonando la representación de una ciudadanía compleja y diversa, y su dirección empezó a ser capturada cada vez más por funcionarios de la administración pública.

En consecuencia, no es casual que esta menor capacidad de representación política de una sociedad diversa, asociada a la captura mencionada, no le haya permitido dar cuenta de las nuevas demandas que se fueron configurando en una sociedad que experimentaba una transformación significativa en su estructura de clases y grupos sociales predominantes, muy diferente a la década de 1960, cuando se incuba el proyecto de la Unidad Popular, y también diferente al país heredado de la dictadura a fines de la década de los ochenta.

Con seguridad, la notoria disminución del porcentaje de la población que vivía bajo la línea de pobreza a partir de 1990 (del 40% a menos del 10%), el fortalecimiento de las capas medias y de su poder de consumo, y sobre todo la expansión de la oferta de bienes y servicios sobre la base de la expansión de la industria crediticia, bancaria y comercial, y con ello la percepción de una mejor calidad de vida para un segmento importante de la población antes excluido del mercado, hizo olvidar que las contradicciones principales del capitalismo seguían indemnes.

El Partido Socialista dejó de ser un instrumento de transformación de la sociedad y de articulación de la lucha social en el ámbito de la política y se convirtió progresivamente en administrador del modelo económico heredado de la dictadura, y del orden social imperante, más allá de las adecuaciones que se fueron implementando a partir de 1990. Ello contribuyó a que alrededor del 70% de la antigua militancia abandonara las filas partidarias y no se refichara, y que el 65% de la militancia actual corresponda a nuevos adherentes, según informó su Presidente, el senador Elizalde, en el último Congreso partidario. Una parte importante de este porcentaje corresponde —según lo denunciado por el exministro Germán Correa, hoy postulante al Comité Central— a “militantes-fichas”, expresión moderna del clientelismo y el acarreo de votantes-clientes que tienen escasa identificación con la doctrina y los principios esenciales del socialismo. Expresión de ese profundo deterioro partidario ha sido el vínculo con redes de narcotráfico en la comuna de San Ramón —con “lote” incluido—, que significó la expulsión del PS del alcalde de esa comuna, no así de algunos de los operadores de ese lote. También expresa ese deterioro la inefable relación entre política y negocios, que ha permitido obtener a destacados militantes cargos en los directorios de importantes empresas privadas, vinculadas a los mayores grupos económicos del país.

Ello abrió el espacio a la emergencia de nuevas agrupaciones políticas, asentadas en reivindicaciones propias del Estado de Bienestar, inexistente en Chile, basadas principalmente en la idea de gratuidad en el acceso a la prestación de servicios sociales, cuyo desarrollo ha planteado un gran desafío a la izquierda tradicional, especialmente al Partido Socialista, que empezó a ser desbordada desde la izquierda en las organizaciones sociales por las nuevas agrupaciones. Estas no amenazaban, sin embargo, la posición del Partido Socialista (o de la izquierda histórica) mientras mantuvieran su fraccionamiento y dispersión. Hoy, sin embargo, este fraccionamiento y diversidad de pequeñas agrupaciones ya no son tales. Hoy existe el Frente Amplio, una nueva coalición de un espectro bastante extendido (de liberales hasta grupos radicales de izquierda ortodoxa) que tuvo un exitoso debut en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Además, está en curso una progresiva fusión e integración de la mayoría de estos grupos y movimientos en partidos que saltan a la palestra con representación parlamentaria ya adquirida. Así, el FA constituye una amenaza flagrante para el futuro del PS que este no puede ignorar.

La crítica de Maya Fernández a la gestión de Elizalde

La dirección encabezada por el senador Elizalde, en sus dos años de gestión, ha intentado infructuosamente rearticular la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, postulando una alianza que va desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, reviviendo la política partidaria de los años ochenta, cuando se buscaba cambiar la correlación de fuerzas que derivara en la derrota de la dictadura. En ese entonces, las circunstancias eran otras y los problemas a enfrentar por los chilenos eran también otros, algo que Elizalde y compañía parecen no comprender.

Tampoco parecen captar adecuadamente las señales que emiten los actores desde el sistema político, insistiendo en coaliciones y alianzas que hoy no tienen viabilidad. De una parte, buscar acuerdos con una Democracia Cristiana que intenta con desesperación un espacio en el centro del espectro y explorar las ventajas que podría obtener en una coalición de centro-derecha, para lo cual no tiene mayores remilgos en desconocer acuerdos ya suscritos sobre diversas materias. De otra parte, buscar acuerdos con el Frente Amplio cuya única posibilidad de expansión es en el espacio político que hoy ocupa la izquierda histórica, especialmente el PS. Elizalde debería estudiar la fábula del escorpión y la tortuga, y entender que no puedes aliarte con quien requiere desplazarte para su supervivencia o expansión.  Con toda claridad, el principal ideólogo del Frente Amplio, Rodrigo Ruiz, lo acaba de refrendar: “Las alianzas electorales para las próximas municipales deben estar circunscritas al FA” (El Mercurio de Valparaíso, 6 de mayo).

Se entiende, entonces, que la crítica a la dirección de Elizalde ha sido demoledora por parte de la lista desafiante que encabeza la diputada Maya Fernández e integrada por diversos sectores del PS. A la dirección de Elizalde se le acusa de la división y derrota de la Nueva Mayoría, designando candidatos ajenos a las filas del PS y violando acuerdos congresales sobre la realización de primarias abiertas a la ciudadanía. Se le reprocha mantenerse en la dirección del PS, eximiéndose de toda responsabilidad de la derrota sin dar lugar a la necesaria reflexión y autocrítica sobre la misma. Se le cuestiona el severo deterioro político y orgánico del Partido durante estos dos años de gestión, al punto que en varios e importantes comunales del país no fue posible cumplir el quórum mínimo para elegir delegados al Congreso, lo que expresa el creciente debilitamiento de su estructura orgánica intermedia. Asimismo, se rechaza con vehemencia la ausencia de un proyecto político y la inexistencia de posiciones sobre varios de los temas relevantes de preocupación nacional, lo que implica la pérdida de contacto con la ciudadanía y su ausencia en las grandes movilizaciones que se realizan motivados por antiguos y nuevos desafíos, aún no resueltos en el país.

Región de Valparaíso: oposición ausente por ineptitud

No obstante la claridad de las opciones en juego (Elizalde vs Fernández), como pocas veces se ha visto en las elecciones internas del Partido Socialista, en la Región de Valparaíso, los sectores de izquierda del PS que adhieren a la candidatura de Maya Fernández y portadores de un lineamiento político mucho más cercano a los problemas de la ciudadanía, no fueron capaces de levantar una lista de candidatos a la dirección regional y entregaron gratuitamente el control del partido en la Región a los adherentes del oficialismo elizaldista.

En estricto rigor, los dos candidatos que se enfrentarán el 26 de mayo por el control de la dirección regional (César Barra, exgobernador de Quillota, y Nelson Venegas, alcalde de Calle Larga) se declaran partidarios de Elizalde y de la continuidad de su dirección, entregando confusas declaraciones a la prensa para justificar el por qué dos listas de candidatos si tienen un mismo referente presidencial, sobre todo existiendo entrecruzamientos de difícil comprensión entre ambos grupos fácticos del PS regional. Uno de estos, liderado por Mauricio Viñambres y Christian Urízar, con fuertes cuestionamientos de la militancia, sostiene la lista de Venegas con el curioso apoyo del diputado Marcelo Díaz (que apoya a Maya Fernández), y expresa un claro alineamiento con Elizalde y su dirección. Sin embargo, la administradora municipal de Quilpué y persona de confianza política de Viñambres, Claudia Espinoza, postula en la lista de Barra, quien también se alinea con Elizalde, cuenta con el apoyo de la senadora Allende y del diputado Schilling, que lo mismo que Marcelo Díaz, también apoya a Maya Fernández. Ello desató las iras de Viñambres, como era de esperar, y su crítica pública a la senadora.

Más allá de los dimes y diretes, lo cierto es que las listas en competencia por la dirección regional representan el continuismo de la dirección de la dupla Elizalde/Santander, lo que no es bueno para el país ni para la Región de Valparaíso, en tanto ninguno de los dos candidatos que postulan a dirigir el Partido Socialista en la Región garantizan que pueden ordenar el Partido en función de ideas y proyectos que recojan las demandas y aspiraciones de la ciudadanía, o hacerse cargo de las críticas planteadas por Maya Fernández a la conducción de Elizalde y sacar al Partido Socialista de la situación de empantanamiento y crisis política e institucional que se encuentra también en la Región, sin propuestas ni capacidad de conducción de las fuerzas políticas y sociales de oposición.

¿Pudieron ser distintas las cosas en la Región de Valparaíso? Por supuesto que sí. Un ejemplo lo constituye el acuerdo logrado en el comunal de Valparaíso entre los diversos sectores, que suscribieron una plataforma programática de acción política del socialismo que orientará los pasos de la dirección que se elegirá el 26 de mayo. Esta plataforma se construye a partir de la discusión de los problemas de la ciudad y sus habitantes, y no le hace el quite a temas que a la izquierda le ha costado hacerse cargo, como el desarrollo económico y urbano, la seguridad y las incivilidades, entre otros aspectos, determinantes para la calidad de vida de los porteños. Con seguridad, una acción política sustentada hoy en una plataforma programática de estas características contribuirá a reconstruir en Valparaíso una oposición sólida, tanto en los lineamientos de su propuesta a la ciudadanía como en su capacidad de representación de las fuerzas sociales.  

Claramente, la militancia de izquierda en el PS regional deberá redoblar los esfuerzos para construir un partido en la senda de Allende, forjando las alianzas que sean necesarias con organizaciones sociales y ciudadanas para avanzar en la dirección señalada, independientemente del presidente regional que se elija el 26 de mayo.