Por Maximiliano Duarte
Investigador Fundación P!ensa

Luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró la ilegalidad de la remoción de la subcontralora, un número no menor de autoridades y líderes de opinión han puesto en duda la legitimidad de Jorge Bermúdez. Incluso, algunos han sugerido su renuncia si la decisión adoptada por el tribunal es confirmada por la Corte Suprema. El argumento que sustenta esta corriente de opinión puede ser reducido a la siguiente idea: Es inaceptable que la autoridad encargada de controlar la legalidad de los actos de la administración haya errado en interpretar la ley.

Al parecer, quienes respaldan esta tesis buscarían contar con una institucionalidad más sólida, con autoridades más competentes y en la que los ciudadanos tengan garantías de que estas no actuarán arbitrariamente. Pese a lo anterior, resulta llamativo que la vía empleada para cuestionar al contralor recaiga en la falta de legitimidad a causa de una cuestionable interpretación de las normas.

Me explico. Si analizamos detenidamente nuestra institucionalidad podemos advertir que en todos los poderes del Estado las autoridades incurren –cotidianamente- en errores de este tipo, sin que exista mayor cuestionamiento respecto a la legitimidad de las mismas. A modo ejemplar, cada día un número considerable de sentencias son revocadas por tribunales superiores de justicia. ¿Significa esto que los jueces que las dictaron en primera instancia se encuentran deslegitimados para seguir resolviendo conflictos?

La misma interrogante puede ser planteada a nivel legislativo. No es extraño que una ley   aprobada por el Congreso sea posteriormente cuestionada en el Tribunal Constitucional. ¿Significa esto que aquellos parlamentarios que la aprobaron carecen de legitimidad para seguir legislando?

Los ejemplos previamente mencionados pueden ser replicados un sinnúmero de veces y son demostrativos de que no estamos ante un problema de legitimidad - y menos ante un problema de debilidad institucionalidad-. Más bien, presenciamos la imperfección intrínseca del ser humano, quien a veces erra en su cometido. Una institucionalidad robusta (como la que aquellos detractores del contralor parecen desear) no pone en duda la legitimidad de sus autoridades por un aparente error. Más bien, lo considera como una posibilidad latente y, precisamente ante el riesgo de su concreción, establece mecanismos de peso y contrapeso en favor de los afectados. Tal como ha ocurrido en este caso.

Así las cosas, es posible considerar que el conflicto judicial que actualmente enfrentan contralor y subcontralora no es manifestación de un problema institucional grave. Por el contrario, es demostrativo de que nuestras instituciones funcionan, quedando de manifiesto que cualquier particular que se vea perjudicado por una decisión que considere injusta puede activar un mecanismo de protección de sus derechos. Esto sin importar si al frente hay un jefe de servicio público, el gerente general de una empresa, o el mismo Contralor General de la República.

Pretender que las autoridades sean infalibles es una utopía. Por ello, debemos aspirar a seguir construyendo un marco institucional imparcial, no discriminatorio y abierto a todo ciudadano independiente de su origen o status socioeconómico. Cuestionar constantemente la legitimidad de quienes detentan los más altos cargos del país no parece ser el camino correcto, y como hemos visto este año, se ha vuelto una tendencia que no hace más que poner en tensión nuestro Estado de Derecho.