Ibán de Rementería

Núcleo Valparaíso Socialista

El “caracazo” fue la respuesta represiva del Estado venezolano a la movilización indignada  del pueblo de Caracas ante las “medidas de ajuste estructural” aplicadas por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez – Acción Democrática, partido afiliado a la socialdemocracia internacional- a inicios de su gestión iniciada el 5 de febrero de 1989. Entre los días 27 y 28 de febrero fueron asesinadas una  3.000 personas por la Policía y la Guardia Nacional en las calles y plazas de Caracas –en Chile una  3.500 personas fueron asesinadas o desaparecidos en los 17 años de la Dictadura Militar. Aquellas fueron las primeras víctimas mortales directas de la aplicación del neoliberalismo en Venezuela.

Las principales medidas anunciadas el 26 de febrero de 1989 por el Gobierno de Pérez  fueron: someterse a un programa del FMI con el fin de obtener aproximadamente 4.500 millones de dólares, liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope del 30%, unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante, liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica, incremento de las tarifas de servicios públicos como agua, teléfono, electricidad y gas doméstico, aumento de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina, aumento de las tarifas del transporte público en un 30%, eliminación progresiva de los aranceles a la importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del PBI y congelación de los cargos en la administración pública.

El coronel Hugo Chávez, según su propia confesión, asume en esos eventos atroces la conciencia del horror que puede adquirir la aplicación irrestricta  del neoliberalismo mediante el recorte de los gastos sociales del Estado en los subsidios a los precios de los combustibles, los servicios públicos, los alimentos básicos, los medicamentos, etc., así como el recorte en los gastos de la salud, educación y la seguridad social, con la finalidad de que el Estado pueda cumplir sus compromisos financieros con la banca trasnacional y multilateral (FMI,BM,BID, etc.).

Chávez intentó un golpe de estado en 1992 por lo que fue a la cárcel, logró la Presidencia de la República por la vía electoral en 1999 y falleció en 2013 ocupando ese cargo, el poder lo asumió constitucionalmente Nicolás Maduro, pero con una minoría parlamentaria en la Asamblea Nacional a partir de las elecciones de 2015, la cual desconoció llamando una Asamblea Constituyente, lo que desató la crisis política actual, que se vio aumentada porque Maduro fue electo nuevamente en 2018. La crisis general fue reforzada con el bloqueo financiero y la confiscación de los ingresos petroleros y de los depósitos de oro,  por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América y sus asociados, y en consecuencia, también por el bloqueo de productos básicos como alimentos y medicamentos.

Las causas del caracazo se replican hoy en Haití, un país con 60% de pobreza y 25% de extrema pobreza, con una clase política y un Gobierno corrupto que se roba el presupuesto público y las donaciones petroleras de Venezuela. Haití  vive hace diez días en una paralización general y con una represión que ha causado entre 10 a 50 muertos, la población pide la renuncia del Presidente de la República, Jovenel Moïse, un empresario exitoso y acusado de corrupción.

El fantasma del caracazo y sus matanzas son, a no dudarlo, lo que inhibe a los militares venezolanos a “resolver” la crisis política mediante un golpe de estado que saque a Maduro del poder. Lo cierto es que el “poder bolivariano” le resolvió a las grandes mayorías nacionales, en particular a las que viven en Caracas, “las gentes de los cerros”, sus problemas más acuciantes que se ven reflejados en los cambios en la distribución del ingreso en Venezuela, así tenemos que entre 1998 y 2014 el índice de Gini mejoró de 0,498 a 0,382  –donde 0 es una  distribución igualitaria y 1 la máxima concentración del ingreso-, entre esos años el quintil más pobre pasó de percibir 4,1% al 6,0% del ingreso nacional y el más rico del 53,4% al 44,0%, así mismo, en 1998 el 20% rico de la población percibía 13 veces el ingreso del 20% más pobre mientras que en 2014 esa razón solo era de 7,3 veces. Un golpe militar necesariamente va a producir movilizaciones en su contra por parte de quienes se beneficiaron de esos cambios, lo que puede terminar en matanzas como las de 1989, eso es a lo que no están dispuestos los militares bolivarianos.

Además, esta vez, a diferencia de 1989, el pueblo está organizado y encuadrado para defenderse, asimismo, la Milicia Nacional bolivariana – fuerzas para militares-  es de suponerse tendrá una mayor lealtad con su pueblo que con los militares.