Opinión: Nada de que extrañarse, realmente

27 Febrero 2015

Las iniciativas de regular el lobby o el tráfico de influencias, la imposición de límites al gasto electoral y las exigencias de transparencia son burladas reiteradamente. Con cada ley “regulatoria” se ha dictado al mismo tiempo su trampa, excepción y otras argucias.

Juan Pablo Cárdenas >
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Habría que ser muy cínico o incauto para pensar que los recientes escándalos de la política son una cuestión de hoy y no de las malas prácticas entronizadas en ella desde hace mucho tiempo. Numerosas opiniones, columnas de prensa y diversas advertencias han venido denunciando la falta de probidad de las cúpulas partidarias, de los parlamentarios y ediles, como de los funcionarios nombrados por los gobiernos de turno. Muchas veces con la complicidad o negligencia de los organismos fiscalizadores, en general reacios a controlar los despropósitos cometidos en los otros poderes del Estado, como en sus propias instituciones.

Toda la posdictadura ha estado marcada por las campañas electorales multimillonarias. Con seguridad somos el país del mundo que, de acuerdo a su tamaño, es el que más dispendia en publicidad política. Desde hace mucho tiempo se sabe que resultar elegido diputado o senador en algunas circunscripciones y distritos puede resultar más oneroso que todas las dietas parlamentarias que después reciba quien ejerce el cargo. Teniendo en cuenta, además, que los  sueldos y granjerías de los legisladores son superiores a los de sus colegas de Alemania,  Estados Unidos y otras naciones ricas.

Resulta evidente, por lo mismo, que estas “cajas electorales” son alimentadas desde hace muchos años por los recursos que se le distraen al erario nacional, con los aportes de las empresas y las donaciones externas. Aunque ya hay varias fundaciones extranjeras que han limitado o cortado su ayuda a Chile para destinar recursos a países más necesitados e influir políticamente allí donde pueda haber mayores desafíos al “orden económico mundial” que quieren salvaguardar . Es obvio, asimismo, que los empresarios chilenos  tienen una avidez enorme por el dinero, que carecen (salvo contadas excepciones) de toda filantropía y que hasta en las catástrofes procuran lucrar de la desgracia humana, los recursos fiscales y la ayuda solidaria. Como quedará demostrado con la conducta de uno de  los mandamases del retail en el último terremoto.

Bastaba tener un dedo de frente para darse cuenta de la colusión existente entre el empresariado y la clase política en beneficio del triunfo electoral de autoridades que fueran dóciles a la hora de encarar desde el Gobierno o el Parlamento iniciativas como la Ley de Pesca, la reforma Tributaria y otras. Al mismo tiempo que desestimar constantemente  la elevación de los tributos de las grandes empresas mineras que, al igual que los bancos, obtienen el Chile las mejores condiciones del mundo para invertir y enseñorearse  en nuestra economía y recursos naturales. De esta forma es que hasta los más rabiosos vanguardistas del pasado terminaron propiciando las privatizaciones y las políticas de mercado, para convertirse después en directores de empresas y entidades financieras, una vez que satisficieran sus objetivos políticos y decidieran incrementar todavía más sus ingresos. De la misma forma en que ahora se proponen postergar para un próximo período presidencial  los cambios demandados en relación a la salud o la previsión, donde campean los más graves abusos de nuestra economía desigual.

Las iniciativas de regular el lobby o el tráfico de influencias, la imposición de límites al gasto electoral y las exigencias de transparencia son burladas reiteradamente. Con cada ley “regulatoria” se ha dictado al mismo tiempo su trampa, excepción y otras argucias, de modo, por ejemplo,  de excluir  a las Fuerzas Armadas de ciertas rendiciones de cuentas y, ahora, liberar al servicio exterior del imperativo de llevar un registro de sus agendas y gastos, como se le ha impuesto a todas las demás autoridades públicas.  Acaso el desfachatado gasto electoral de los últimos comicios presidenciales y parlamentarios haya inducido a muchos a abstenerse del proceso, actitud que rebasó el 58 por ciento del registro de potenciales electores. Aunque ciertamente la renuencia cívica se explica más en el desencanto e indignación general del país con la “clase política”.

Y no era cosa que los empresarios ejercieran mayores sesgos respecto de quien apoyar o no. El propósito, como se ha señalado, era repartirles a todos los candidatos con efectiva posibilidad de ganar. Es de esperar, entonces,  que las últimas indagaciones judiciales nos pongan transparencia respecto de quienes se prodigaban con todas o las más importantes campañas presidenciales y  parlamentarias.  “Total, me confesa uno de estos personajes, daba casi lo mismo apoyara a unos o a otros dentro del sistema binominal que garantizaba una distribución tan equilibrada de cargos para el oficialismo y la oposición…  Con Piñera en La Moneda comprobamos, incluso,  que la Concertación administró todavía mejor el modelo que nos gustaba y legara el Gobierno Militar”.

Como se está demostrando ahora, los donantes tampoco tenían que meterse la mano en sus bolsillos para “apoyar a la política y aportar a la democracia”, como han llegado a declarar. Se trató de organizar un sistema en que ganaran unos y otros a cuenta de defraudar al fisco. Toda contribución estaría respaldada con boletas y documentos de pago que sirvieran a las empresas disminuir utilidades y, con ello, evadir impuestos. Políticos que se hacían cómplices de fraude fiscal para consolidar sus cajas electorales y quedar “agradecidos para siempre” con sus  aportantes,  como llegó a reconocerlo una legisladora en un correo electrónico a un ejecutivo del Consorcio Penta. Es decir, ¡los celadores del sistema institucional con las manos en la masa fiscal!

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