[OPINIÓN] Plan de Gestión de los ascensores: la embestida del intendente Martínez y su correlato alcaldicio

25 Abril 2019

¿Es importante el Plan de Gestión? Por supuesto que es importante, pero no es lo más relevante en esta etapa del proceso de recuperación de los ascensores para Valparaíso y los porteños, pues existe un Modelo de Gestión de Transición aplicable durante este proceso.

Patricio Rozas >
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Por Patricio Rozas

Definitivamente, la agenda política porteña de la última semana giró en torno a los ascensores, luego de quedar al descubierto la maniobra de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, quien ordenó retirar de la Contraloría General de la República el decreto mediante el cual se reglamentaba las características de los modos de transporte cableado requeridas para su definición como servicio de transporte público. No fue casualidad que El Mercurio de Valparaíso dedicara dos editoriales sobre el tema en apenas cuatro días, primero alineándose con Martínez en su emplazamiento a Sharp y luego llamando a la concordia a las autoridades en conflicto.

Los remilgos de la ministra

Como se explicó en la columna anterior (“La ministra Hutt y la jugada contra los ascensores del Puerto”), al obstruirse esta declaratoria, se impide el acceso, no solo de este modo de transporte, sino también de otros modos de transporte cableado, como los trolleys y el teleférico, a los fondos “espejo” del Transantiago. Estos fueron dispuestos, debemos recordar, como mecanismo de compensación a las regiones de los cuantiosos recursos públicos que el Gobierno central destina al transporte público de Santiago, lo que es solventado con el esfuerzo e impuestos pagados por todo un país.

De esta manera, el Gobierno central ha puesto en riesgo la viabilidad económica y financiera de los principales modos de transporte basados en la electromovilidad impulsados en la ciudad de Valparaíso, en línea con una estrategia de desarrollo sustentable y orientada a resolver los problemas de conectividad de los sectores más vulnerables de la ciudad, asentados su mayoría en la parte alta del anfiteatro. Ello transforma en un nuevo mal chiste las declaraciones presidenciales acerca de la preocupación gubernamental por un desarrollo ambientalmente sustentable y demuestra, una vez más, la postergación y abandono de la Región que derivan de la gestión del gobierno central bajo la administración de Sebastián Piñera y Chile Vamos.

El rechazo transversal a la decisión gatilló confusas explicaciones de la ministra Hutt cada vez que asoma por Valparaíso. Sus declaraciones más recientes (El Mercurio de Valparaíso, 24 de abril) confirman la reticencia ministerial a subsidiar las tarifas de los ascensores, dada la importante cuantía de recursos asignados por el Gobierno central a la recuperación y rehabilitación de los mismos. En lo medular, la ministra reiteró que no es prioridad del gobierno subsidiar gastos permanentes (aunque sí lo hace en Santiago y por montos muchísimo más altos) y que sus críticos estábamos equivocados en nuestras observaciones, toda vez que los decretos retirados desde la Contraloría se relacionaban con aspectos relativos a la operación y seguridad de los ascensores, y no a su declaratoria como transporte público. Empero, esos decretos, en sus antecedentes, contienen las características específicas del servicio de transporte prestado por este modo que determinan su definición como transporte público, lo que no fue contemplado en la ley de 2015 que le dio origen. En consecuencia, el retiro de los decretos y su posterior no reingreso, sí tienen consecuencias sobre las posibilidades de acceder a los fondos “espejo” del Transantiago más allá de los remilgos de la ministra.

La embestida del Intendente

No hay mejor defensa que un buen ataque, pensaron, al parecer, en la Intendencia de Valparaíso, tras propagarse la negativa del Gobierno central de subsidiar los costos operacionales de los ascensores y embistieron fuerte contra el alcalde Sharp.

El Intendente Martínez denunció la marcha blanca de los ascensores puestos en funciones como “un fracaso”, expresó su preocupación por la insuficiente recaudación tarifaria (que solo cubriría alrededor del 25% de los costos operacionales), invocó el incumplimiento de un Plan de Gestión de los ascensores que le fuera solicitado a Sharp en agosto del año pasado, cuando se entregó a la ciudad el ascensor Cordillera luego de su restauración, y anunció su disposición a entregar la administración de los ascensores a la recién creada Corporación de Turismo, entidad público-privada que podría recibir, en su opinión, aportes del Gobierno Regional para cubrir parte de los costos operacionales de los ascensores y cautelar su buen funcionamiento. Sus dichos fueron respaldados inmediatamente por parlamentarios y concejeros regionales, que aplaudieron con fervor el emplazamiento al alcalde Sharp.

Por cierto, Martínez sabe perfectamente cuales son las limitaciones del negocio y las restricciones normativas que complican la gestión municipal, pero sobre todo, está en conocimiento de las debilidades de Sharp y su equipo. Y golpea donde más le duele al alcalde: las dificultades del municipio para elaborar instrumentos de gestión y planificación con equipos suficientemente afiatados y solventes técnicamente, sin estar sometidos a incesantes rotaciones, según lo expuesto por los concejales porteños de modo reiterado en las últimas semanas. Habiendo transcurrido casi el 60% del período de gobierno alcaldicio y considerando que parte importante del período restante es de carácter preelectoral, no hay todavía señales contundentes acerca de la disponibilidad de nuevos instrumentos de planificación y ordenamiento normativo territorial de Valparaíso, extendiendo la vigencia de planes y reglamentos anacrónicos construidos en la década de los ochenta y noventa, o su inexistencia en áreas nuevas de política pública como la conservación patrimonial o el desarrollo del turismo.

La respuesta del alcalde

La respuesta de Sharp demoró varios días —extraño en él y en su equipo de comunicaciones, especialmente reactivos a la menor amenaza al capital político del alcalde—, pero finalmente irrumpió por la vía de la descalificación de la preocupación del Gobierno Regional, comprometiendo la presentación del Plan de Gestión exigido para el 2020 e instando a Martínez a asumir una posición de defensa de los intereses de la Región, gravemente afectados por varias de las decisiones adoptadas por el Gobierno central (y muy especialmente por la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt) ante la pasividad del Intendente y de los principales personeros de Chile Vamos, sean estos miembros del Gobierno Regional, parlamentarios, consejeros regionales o simples dirigentes políticos, con la excepción del CORE Manuel Millones.  

Sin duda, la embestida del Intendente contra Sharp, más allá de su preocupación por una inversión cuantiosa que asignó el gobierno de Michelle Bachelet y la necesidad política urgente que tiene por proteger y estimular diversos aspectos relacionados con las externalidades que pueden ser suscitadas por esta inversión en áreas tales como la economía y el turismo de los cerros, la condición patrimonial y de seguridad de las personas residentes, en el contexto de una gestión que está claramente al debe, plantea varias interrogantes en su consistencia.

¿Puede ponerse en cuestión un período de “marcha blanca” tres semanas después de ser iniciada, obviando que el propósito de la misma es identificar problemas de funcionamiento y ajustar las distintas partes de un proceso que se ha puesto en movimiento? ¿Corresponde al Intendente exigir un nuevo Plan de Gestión si existe desde 2016 un Modelo de Gestión de Transición del Sistema de Ascensores de Valparaíso, elaborado por la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, perfectamente aplicable, toda vez que las obras de restauración están todavía en desarrollo? ¿Qué racionalidad tiene anunciar el traspaso de la administración de los ascensores a una Corporación de Turismo, creada para impulsar un desarrollo integrado de la industria turística en la Región y no para administrar ascensores, un modo de transporte que requiere un complejo soporte de apoyo logístico inexistente en una Corporación de Turismo? ¿Es coherente dejar en manos de un ejecutivo que proviene de la industria vitivinícola una inversión ascendente a 24 mil millones de pesos y que demanda configurar una unidad altamente especializada e integrada al menos por 170 funcionarios?

No por casualidad, el editorial de El Mercurio del domingo recién pasado se preguntaba acerca del sentido de dejar a los funiculares sin acceso a los fondos “espejo” del Transantiago, acción que dio la pauta al Intendente para emprender la embestida contra Sharp a partir del hecho probable que el municipio carezca de los recursos para administrar los ascensores en disputa y que sugiere, lastimosamente, un intento burdo de birlar al alcalde la posibilidad de obtener los réditos políticos del caso, sobre todo si a este pareciera no preocuparle en demasía los equilibrios financieros del negocio y decreta medidas de gratuidad que ahondarán el problema a poco andar.     

¿Y el Plan de Gestión?

La respuesta de Sharp dejó en claro que no tiene un Plan de Gestión y que no es un tema que le preocupe mayormente, si evaluamos adecuadamente (nos podemos equivocar, por cierto) su interpretación del contrato de comodato que, conforme a su opinión, le daría un plazo hasta 2022 para presentar el Plan de Gestión comprometido. Ha de recordarse, sin embargo, que en octubre de 2020 hay elecciones municipales y esa es una situación incierta por definición, lo que plantea la posibilidad que ya no esté a cargo del municipio al término del plazo supuesto.

¿Es importante el Plan de Gestión? Por supuesto que es importante, pero no es lo más relevante en esta etapa del proceso de recuperación de los ascensores para Valparaíso y los porteños, pues existe un Modelo de Gestión de Transición aplicable durante este proceso. En este sentido, el Intendente Martínez equivocó el foco. El verdadero problema es la escasa prolijidad demostrada por Sharp y su equipo en la aplicación de este modelo de gestión, y que implica el no desarrollo de un conjunto de tareas que debían haber sido abordadas.

La principal de ellas es la creación de una Unidad de Administración Municipal del Sistema de Ascensores de Valparaíso, dependiente de la División de Desarrollo Económico, que debiera haber iniciado sus funciones, al menos, meses antes de la entrega del primer ascensor restaurado en agosto de 2018, y cuya existencia es una condición necesaria esencial para una administración exitosa. La segunda tarea no considerada es la preparación de la licitación de los espacios de las instalaciones de cada ascensor que no se relacionan con la actividad de transporte de pasajeros y que podrían generar, en algunos casos, ingresos adicionales a los producidos por el giro principal del negocio y generar un menor desequilibrio entre sus partidas principales. La tercera tarea, también dejada de lado, es el mejoramiento de los espacios públicos circundantes a los terminales superiores e inferiores de cada ascensor restaurado, lo que tendría un impacto sinérgico en la actividad económica barrial y en el negocio mismo del transporte de pasajeros.

Al final de cuentas, el dueño de los ascensores es el Gobierno Regional, dado lo cual el Intendente tiene todo el derecho y las atribuciones para exigir el cumplimiento del Modelo de Gestión de Transición conforme a las etapas y procesos comprometidos. Pero esta exigencia debe hacerse de modo responsable y de ninguna manera definiendo improvisadamente líneas de acción inconducentes, que son propias de estilos políticos agotados que Valparaíso requiere dejar definitivamente atrás.  

Foto: Huawei / Agencia Uno