Opinión: Un país que no cuida sus áreas protegidas no tiene futuro

Opinión: Un país que no cuida sus áreas protegidas no tiene futuro

12 Diciembre 2016

Para que el sistema funcione y la relación entre Estado y privados sea armónica y fructífera, es importante tener una fiscalización fuerte, constante y adecuada.

Andrés Gillmore >
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Es indudable que los Parques y Reservas Nacionales y las Áreas Protegidas no están siendo cauteladas como corresponde por los organismos competentes en un país como Chile, que dícese cautelar el medio ambiente. En la actualidad se carece de una fiscalización como corresponde, ante los intereses creados de las grandes empresas que han estado haciendo de las suyas para intervenir estas áreas. Entendiéndose que un Área Protegida de un Parque Nacional, una Reserva Nacional y un Área Protegida son intocables.

El Parque Nacional Torres del Paine no trabaja como corresponde y la concesión que administra el parque, que en si mismo es una negación a los fundamentos de los Parques Nacionales esta dejando mucho que desear. Primeramente se permitio construir un hotel al interior del Parque, que va en contra de una adecuada protección. Hace poco el hotel vertió petróleo en la laguna Grey y el daño no ha sido menor bajo ningún aspecto y hace unos días se cayó una pasarela que por suerte no lastimo a nadie. El parque desde hace años esta colapsado ambientalmente y se ha tenido que restringir la entrada de los turistas. Los incendios han sido recurrentes en los últimos años con la destrucción de grandes áreas de bosque nativo.

En la misma región de Magallanes en el Parque Nacional O'higgins, se permitió la entrada de empresas salmoneras, en total contrasentido de lo que significa la preservación de un Parque Nacional. En Tierra del Fuego en el mismo Magallanes en una zona ya de relevancia ambiental, se permitió que entrará en operación en Isla riesco la Mina más grande del planeta de carbón a tajo abierto y eso que la Isla es considerada como Reserva de la Biosfera. A escasos kilómetros de Puerto Natales, están queriendo abrir otra mina de carbón, con el daño que eso representaría para los habitantes y al turismo de la región.

En el norte encontramos la Mina Dominga que también es a tajo abierto, que producirá concentrado de hierro y como subproducto extraerán cobre a 30 KM de la Reserva Nacional de los Pingüinos de Humboldt, donde se encuentran las Reservas Marinas de Isla de Chañaral, Isla de Choros y de la Isla de las Damas, que es una zona de reproducción, alimentación y migración de chungungos, patos yuncos, ballenas azules y ballenas fin, todas especies en peligro de extinción. En el Parque Nacional Chungará en el extremo norte en la frontera con Perú, cerca de la localidad de Putre, se han instalado pozos subterráneos de extracción de agua, apesar que estudios realizados por Codeff y la comisión Aymara del medio ambiente, detectaron que los pozos no tienen paredes sólidas y se sabe que las aguas subterráneas son las que alimentan el río Lauca. En el año 2011 la Corte Suprema autorizó la entrada en operación de un proyecto minero en el Parque Nacional Lauca y se autorizó la desafección del 20 % del Parque.

En la región de Aysén existen muchas deficiencias. En la Reserva Nacional Las Guaitecas, este año fue intervenida por empresas salmoneras y un par de meses después, comenzó una seria mortandad de salmones por los malos manejos ambientales, que han contaminado aguas que anteriormente eran prístinas. En la Reserva Nacional Cerro Castillo cerca de Coyhaique habitada por huemules, no se ha cerrado el perímetro territorial de la reserva como corresponde y durante décadas los perros asilvestrados han entrado a la reserva y han cazado huemules. Por las mismas razones, el ganado ovino y bovino suele pastorear al interior de la reserva y eso ha dado pie para que los huemules se contaminen con enfermedades que no son propias de su especie y muchos han estado muriendo en los últimos meses por esas razones.

Es indudable que la realidad de estas áreas protegidas es tormentosa y que existe la necesidad mejorar la institucionalidad de las Áreas Protegidas. No es difícil constatar una dispersión y una superposición de competencias de los organismos competentes ante la multiplicidad de marcos normativos de las diferentes categorías y figuras de la protección territorial ambiental, ante una escasez de recursos financieros y humanos destinados al tema, ante la presión que ejercen constantemente las empresas por apoderarse de estos territorios.

El creciente interés privado de dedicarse a la administración del espacio acuático o terrestre por medio de concesiones privadas, tiene serias implicaciones si no se fiscaliza como se debe, al posibilitar un relajo de las normas y reglamentos ante las restricciones a la que están sujetas algunas actividades productivas y servicios en estos territorios. Se podría decir que el Estado de Chile en forma teórica ha hecho importantes esfuerzos por proteger in situ territorios, especies y ecosistemas, principalmente, a través de la creación de parques, santuarios, reservas y monumentos naturales, pero en la práctica eso no sucede.

Desde hace un par de décadas el sector privado ha comenzado a tomar iniciativas de conservación en diversas áreas silvestres privadas. Pero es indudable que para que el sistema funcione y la relación entre Estado y privados sea armónica y fructífera, es importante tener una fiscalización fuerte, constante y adecuada, que tenga por norma hacer prevalecer los intereses de base de la creación de estos territorios protegidos y no posibilitar bajo ningún supuesto, que se dejen de lado estos intereses para facilitar lo intereses de las empresas.   

Las áreas naturales protegidas en sus diferentes formas, son de un valor incalculable en términos de los beneficios que le entregan a las economías locales. Las diversas acciones para lograr un desarrollo sustentable de las regiones, dependen en gran medida de poder contar con el financiamiento por parte del Estado, que en la actualidad deja mucho que desear y que este orientado explícitamente a la conservación de la diversidad biológica de dichas áreas. Con base en las evidencias que podemos ver en los países desarrollados que han implementado estas áreas, no es difícil deducir, que la contribución que hacen a las economías locales estos territorios, puede representar con el tiempo millones de dólares cada año, sobre todo ahora que Chile esta siendo reconocido como un destino de carácter internacional, que de por si es una gran oportunidad que no debemos ni podemos desperdiciar.

La gestión de estas áreas protegidas, siempre recogen el interés genuino por parte de las comunidades locales y la gran oportunidad de hacer del desarrollo un manejo responsable ante la diversidad biológica y territorial, creando procesos participativos dentro del mismo sistema, que mejoran permanentemente la gestión pública, fortaleciendo las prácticas administrativas descentralizadas por una autogestión positiva e informada de las comunidades. Lamentablemente esta contribución está en peligro ante las crecientes amenazas a las que están expuestos los ecosistemas bajo las directrices de un supuesto desarrollo con actividades que no cautelan el medio ambiente; como la salmonicultura, la extracción ilegal de la fauna silvestre, la minería extractivista y la industria forestal.

El escaso presupuesto que se le ha asignado a la gestión de Parques, Reservas Nacionales y áreas Protegidas a Conaf, esta haciendo colapsar el formato en un Chile, que es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y como tal los diferentes gobiernos desde 1992, han asumido compromisos internacionales para desarrollar sustentablemente estas áreas en las distintas reuniones internacionales en las que ha participado.

La efectividad de los compromisos internacionales contraídos por Chile ante la sustentabilidad ambiental, dependen en gran medida de las acciones que se tomen para conservar el patrimonio natural de los espacios para conservar la diversidad biológica, proporcionando los bienes y servicios que necesitan y un adecuado financiamiento, para que contribuyan al desarrollo sustentable de la protección de nuestra diversidad en el mundo regional. De no ser así, todo no es más que un discurso político; se pierden los objetivos y el desarrollo pasa a ser una mera ilusión. “Un país que no cuida sus áreas protegidas no tiene futuro”.

Las Áreas Silvestres Protegidas en sus distintas categorías, proveen bienes y servicios ambientales, que son fundamentales para una sociedad en desarrollo como la nuestra y son un gran empuje para la economía nacional, como parte importante del capital natural del país, que bien conservado y aprovechado inteligentemente, debe sustentar en parte nuestra economía en el largo plazo. Así como la empresa privada reconoce la depreciación de la maquinaria, equipo e infraestructura, haciendo que disminuya el valor del activo contable; de la misma manera la pérdida del capital natural, significa una disminución trascendental del bienestar económico de la sociedad y su proyección de desarrollo.

El propósito central de la gestión de estas Áreas Protegidas, no debe ser otro que asegurar el mantenimiento de las funciones ecológicas que sustentan el capital natural de nuestro querido Chile. No es fácil valorar dicho capital ante las naturales fallas del mercado, que evitan que los bienes y servicios ambientales que suministran las áreas protegidas, tengan un valor de transacción por los agentes económicos y que estos puedan identificarse rápidamente. Esto ha llevado a que los economistas especializados, tengan que estar ideando técnicas especializadas para su valoración, que permitan calcular el valor de los servicios ambientales no comercializables en los mercados para que sean preservados.

Las áreas protegidas generan una gran cantidad de beneficios directos de opción y de existencia. Uno de los beneficios directos más importantes es la protección del agua que usan las comunidades en las partes bajas de las cuencas hidrográficas. El turismo es otro beneficio directo de gran relevancia para el desarrollo de las regiones. Cientos de miles de turistas visitan estos lugares protegidos todos los años, con un efecto multiplicador en la economía local y nacional. Asimismo las poblaciones asentadas en el ámbito de influencia de dichas áreas, aprovechan un conjunto de formas que las benefician constantemente, mejorando su calidad de vida y su proyección de futuro, generando impactos positivos y aportando a la identidad regional y nacional, fortaleciendo las capacidades de gestión positiva ante la diversidad biológica por una gestión moderna del Estado y los recurrentes beneficios para las comunidades ante la institucionalidad vigente.

Una de las características fundamentales para una administración sana de las Áreas Silvestres Protegidas, es lograr una inter-actuación con las comunidades locales a través de una planificación participativa, consolidando las organizaciones cívico-sociales y los comités de gestión de las comunidades ante los atractivos naturales;  que al protegerse sirven para la promoción turística de Chile en el extranjero, relacionándose directamente con las áreas protegidas, como un signo positivo de descentralización y de modernización del Estado y de participación de la sociedad civil organizada, ante una gestión descentralizada que sabe delegar las competencias y las funciones establecidas en el territorio nacional.