Presidente Piñera presenta Agenda Antiabusos: CPLT la califica como incompleta y que llegó tarde

El Presidente Sebastián Piñera presentó este viernes cuatro proyectos de ley de la Agenda Antiabusos y por un Trato Justo y Digno para Todos que buscan combatir la colusión, el uso de información privilegiada, la corrupción en el Estado y delitos electorales.
 
“Queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos, sin privilegios y con iguales oportunidades y dignidad para todos. Ése es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado”, señaló el Mandatario en un acto acompañado por los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; Hacienda, Ignacio Briones; Economía, Lucas Palacios; Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; y Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward.
 
El primer proyecto de ley contempla el aumento de penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad, nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la creación de la figura del denunciante anónimo, que permitirá que la FNE de manga la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado.
 
En tanto, el proyecto de ley “antiabusos en el mercado financiero” propone un aumento de penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores, establece “periodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada y la creación del “denunciante anónimo” ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
 
“Cuando estos Proyectos sean Ley tendremos mercados más libres y transparentes, empresas más competitivas, productos de mayor calidad y mejor precio, y lo más importante, mejor calidad de vida para todas las personas”, explicó el Presidente Piñera.
 
Por su parte, el proyecto de ley de Denunciante Anónimo, de “anticorrupción en el Estado” busca crear un canal de denuncias en la Contraloría General de la República sobre infracciones disciplinarias o administrativas, hechos asociados a corrupción o que afecten los recursos públicos.
 
El último proyecto eleva de dos a cinco años el plazo de prescripción en delitos electorales.
 
Los anuncios forman parte de la Agenda Antiabusos y por un Trato Justo, que contempla tres pilares: combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales; una mejor protección de los derechos de los consumidores y un mayor amparo de los derechos de los trabajadores.

Llegó tarde e insuficiente

Respecto a la Agenda Antiabusos, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, sostuvo que se trataba de una agenda que iba en el sentido correcto pero que a su juicio llegaba tarde y seguía siendo incompleta. 

“Cuando esta agenda se anunció originalmente en diciembre pasado, señalamos que iba en el sentido correcto, que es un avance indudable y necesario, pero sin embargo creo que está llegando un poco tarde y, además, me parece que sigue siendo una agenda coja o incompleta”, señaló Jaraquemada. 

Según el titular de transparencia la iniciativa no incluye aquellas instituciones “respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el parlamento”. 

Jaraquemada subrayó que se trata de una agenda acotada “que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresa públicas”. 

“Tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura”, espetó. 

Asimismo, el presidente del Consejo enfatizó que según su parecer no había un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, “por ejemplo estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado”, “ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República”. 

Foto: Huawei / Agencia Uno

Foto: Huawei / Agencia Uno

“En este sentido, lo que me cabe a mí concluir es que la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general”, finalizó.