Por Sebastián Godoy Elgueta

Investigador en Políticas de Desarrollo Urbano

Chile, a lo largo de su historia ha tenido que pasar diversas pruebas de la naturaleza, tanto de origen geológico como hidro-meteorológico. Sin embargo, desde la irrupción del actual sistema económico que trajo consigo cambios en la conformación urbana de las ciudades, los efectos han aumentando siendo socio-naturales, eso es de origen humano y natural. Es así, que entre los años 1981 y 2000 según la SUBDERE se produjeron 669 fallecimientos, 127.000 afectados y pérdidas económicas por un monto de 151 millones de dólares aproximadamente.

La data de construcción de políticas de protección civil en el ámbito de nuestras ciudades, tiene un patrón común, la reactividad, vale decir, el actuar después ocurrida diversas emergencias. Tal es así, que para el terremoto de 1928 dio origen a la Ley de Urbanismo y Construcciones, por otro lado el terremoto de 1939 cimentó las bases para las construcciones sismo-resistentes; luego del pavoroso terremoto y maremoto de 1960 dan origen a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) aun existente como una simple oficina dependiente del Ministerio del Interior, el terremoto de 1985 perfecciona la norma existente de edificaciones sismo-resistentes, las consecuencias del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 trajeron nuevas normas a la hora de materiales y por último se incluye la nueva circular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo identificando las zonas de riesgo al interior de Planes Reguladores producto al incendio de interface urbano forestal en Valparaíso durante el año 2014.

Nuestra institucionalidad está cimentada en los orígenes de la dictadura, una en donde el poder central es dominado por el poder económico, en donde el Estado no es capaz de regular al privado en un predio privado que se declara durante un incendio forestal urbano o en su defecto, imponer medidas de mitigación de infraestructura al daño que ejercen las mineras en los relaves. Lo peor así mismo, pasa por no contar con un sistema de medición oficial nacional de indicadores para definir la vulnerabilidad ante amenazas naturales, elemento que hoy se pone en tela de juicio ante medidas preventivas de la ONEMI producidas en la emergencia de la Región de Antofagasta y Atacama.

¿Pero de que nos extrañamos, si nuestra historia ha sido en base al aprendizaje  después de la emergencia ya desatada? Es así, que es imposible no concebir a los riesgos naturales como la relación de la comunidad con su entorno, ese carácter social nos indica que deben entenderse desde un proceso integral donde incorpore la anticipación o planificación y  de la respuesta frente a los desastres naturales, anexando además la participación de las comunidades en dicha ejecución, esto es en términos reales la Gestión del Riesgo.

Hoy la oportunidad de constituir una política nacional de gestión de riesgos como también con la nueva institucional de la ONEMI sigue durmiendo, sin embargo la necesidad de contar con una nueva constitución que entienda los derechos humanos dentro de la protección civil es vital entenderlo en la discusión para la conquista de la equidad social y ambiental.

La nueva política se legitima mediante un organismo administrado por el Estado en donde su orientación sea desde monitorear y fiscalizar una infraestructura pública capaz de ser mitigadora ante desastres naturales, como también la inclusión de la ciudadanía en la creación de Planes de Gestión de riesgo escolar, comunitarios y laborales los cuales se fundamentan en la lógica que una comunidad informada es a la vez preparada y empoderada.

A su vez es imprescindible, que se entienda el rol de la descentralización en los gobiernos comunales, dotándolos de recursos para sus estrategias locales como también en dotar a las comunidades con mayor acceso a sistemas de alerta temprana para peligros múltiples y a la información relativa al riesgo de desastre mediante capacitaciones de los territorios donde se desarrollan.

Basta de lecciones no aprendidas, basta que se pierda por desastres casi lo mismo que se invierte en combate de la supuesta pobreza, basta que producto a las emergencias se develen las tremendas contradicciones de desigualdades urbanas, hoy la ciudadanía exige cambios y el debate está abierto para que la nueva carta constitucional sea un paso para este nuevo pacto de justicia social en la protección civil de chilenos y chilenas.