En agosto del 2016 el Servicio Nacional de Aduanas presentó en Iquique una querella para perseguir los delitos de contrabando y uso de instrumento público falso tras detectar una organización que estaba importando vehículos fraudulentamente bajo la franquicia 0033, a la que pueden acogerse quienes retornen al país.

La querella presentada por el Ministerio del Interior, aceptada a tramitación el 5 de septiembre pasado, se acumuló a la presentada por Aduana, complementando la querella deducida el año recién pasado y las 96 denuncias presentadas hasta la fecha. La investigación en curso junto a la Fiscalía Local de Iquique ha permitido incautar 31 automóviles internados al país bajo esta modalidad. Además, durante el desarrollo de esta investigación no se ha detectado la participación de funcionarios de Aduanas.

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El Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda, enfatizó que el Servicio “está trabajando coordinadamente con fiscalía y la PDI lo que ha permitido perseguir delitos aduaneros como los descritos en la querella aduanera y que ahora está siendo respaldada por el Ministerio del Interior. Esto es parte de arduos procesos de fiscalización a posteriori, que realiza Aduanas en conjunto con otros servicios y las policías, cotejando y cruzando documentación hasta llegar a detectar los fraudes y recuperar las especies”.

Asimismo, lo autoridad recalcó que “Aduanas tiene un compromiso ineludible con la probidad y la transparencia de todas nuestras acciones. Por eso auditamos permanentemente todos nuestros procesos para detectar y corregir anomalías. Y cuando ha correspondido, hemos instruido los sumarios administrativos que corresponden, llegando incluso  a destitución de funcionarios en caso de vulneración de las disposiciones legales a las que están obligados”.

En cuanto al informe de Contraloría acerca de las fiscalizaciones en zonas primarias de Valparaíso, Los Andes y San Antonio, Aduanas tiene un Plan de Fiscalización DAPI desde el año 2016 que involucra trabajo en red en todo Chile con las Aduanas de mayor tramitación y riesgos, para evitar el no uso o comercialización de mercancías antes del pago de los derechos e impuestos correspondientes. Del 2015 al 2016 se aumentaron en más del triple las fiscalizaciones a posteriori de almacén particular de importación (DAPI), pasando de 279 a 844 a nivel nacional, es decir 6,1% de las 13.827 tramitadas el año anterior. El 2017 se han revisado al menos 411 declaraciones de regímenes suspensivos a nivel nacional, un 4,25% de los 9.079 tramitados, realizando 110 denuncias penales y 90 infraccionales.

Tras tomar conocimiento de las acciones legales presentadas por el Ministerio del Interior, la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana de Chile ANFACH, señaló que en dicha presentación en ningún caso se esta acusando a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, por lo que rechaza la información impartida por algunos medios de comunicación que intentan relacionar redes de corrupción con funcionarios del Servicio, por lo que el gremio asegura que los funcionarios no están involucrados en este tipo de actos denunciados y que fueron publicados en la página de la Subsecretaria de Interior

Por otra parte, el gremio señala que no entienden el accionar del Ministerio del Interior para con otro servicio del Estado que, si bien es cierto, tiene todo el derecho a presentar querellas y denuncias para el mantenimiento del orden y seguridad pública en todo el país, en el caso del uso fraudulento de la Pda. 0033 en la Aduana de Iquique, las investigaciones ya se vienen realizando desde el año 2015, en un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y el Servicio Nacional de Aduanas, dando como resultado la incautación de más de 35 vehículos y en la que no aparece ningún funcionario de Aduanas involucrado.

Respecto al informe de la Contraloría de Valparaíso, el que fue dado a conocer públicamente por el diario La Tercera, ANFACH explica que esto corresponde a la mala gestión que tiene el Servicio Nacional de Aduanas bajo la Administración del ex director nacional de Aduanas, Juan Araya Allende y el actual Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda Valenzuela, "el que sigue intentando justificar, junto a su Subdirector de Fiscalización, no haber realizado el trabajo de control de los Almacenes Particulares, hecho que queda demostrado con la emisión del oficio N°10251 de fecha 31.08.2017, en la que recién, después de la revisión hecha por la Contraloría, se envió una primera versión del manual de procedimientos para la fiscalización de regímenes suspensivos, demostrando ser “jefaturas” absolutamente reactivas  y no preventivas a los hechos".