Por Andrés Ojeda

El gobierno de Michelle Bachelet, cuestionado desde la comunidad de Caimanes por la relación que existiría con el Grupo Luksic, decidió responder de forma muy escueta sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga a Minera Los Pelambres, de propiedad de los Luksic, a restituir las aguas del estero El Pupío o a presentar un plan de mitigación para la comunidad de Caimanes.

En el Palacio de La Moneda, Álvaro Elizalde por primera vez recordó que ningún particular ni empresa está por encima de la justicia.

“Lo que corresponde en Chile es que todos cumplamos la ley y por cierto, que todos cumplamos los fallos de los tribunales. Y por tanto es un tema que tiene que resolverse por parte de los tribunales y se debe cumplir, sin duda, los fallos de los tribunales, porque esa es una de las bases del estado de derecho democrático”.

Sin embargo, la respuesta que brindó Elizalde se basó sólo en la arista judicial y no se refirió a la situación que padece la comunidad de Caimanes que según indican sus pobladores ya no puede acceder a agua limpia fruto de la contaminación del relave El Mauro.

Es así que el vocero de Caimanes Cristián Flores acusó un “doble estándar” entre la declaración de Álvaro Elizalde y lo que a su juicio sucede con el gobierno regional.

“Si bien es cierto, él dice que tal vez nadie está por sobre de la justicia y que todos tienen que cumplir con la sentencia que se emiten desde los tribunales, pero en el gobierno regional no es así. O sea, ellos han dicho claramente de que este es un problema de que se arrastra hace mucho tiempo y que según ellos es entre privados. Porque la responsabilidad primero la tienen ellos, porque ellos como gobierno fueron quienes dieron los permisos para hacer andar este tranque de relave”.

Flores profundizó su crítica y manifestó que la única forma de comunicación que ha tenido con el gobierno local ha sido por medio de la represión ejercida por carabineros durante los 75 días de movilización.

En tanto, desde la minera Los Pelambres se indicó por medio de un comunicado que la compañía cumplió con el proceso de presentación del plan antes de los 30 días dictados por la Corte Suprema y que actualmente es el Juzgado de Letras de Los Vilos el que tiene que aprobar el protocolo propuesto por la empresa minera.

Sin embargo, este habría sido presentado con la condición de que el juzgado aceptara la presencia de un perito, que manifestaron desde la comunidad, habría estado vinculado a Los Pelambres por lo que se rechazó su participación.

Hasta el momento el juez que lleva la causa podría ser apoyado por otro magistrado que sería designado en los próximos días.