Por Paula Correa

La Junta de Vigilancia del Río Huasco presentó una imputación ante la Superintendencia del Medio Ambiente contra Barrick Gold, ya que debido a la mala gestión y bajo nivel de inversiones se habría acrecentado el impacto de 3 aludes ocasionados en diciembre y enero, producto del llamado “invierno boliviano”.

Así lo explicó Mauricio Ríos, integrante del directorio de la organización, quien apuntó que “la estructuras de los canales perimetrales del proyecto no aguantaron, socavó el canal perimetral y hubo un derrumbe y un alud, y esas aguas se fueron a las piscinas. Ellos en vez de devolver las aguas se quedaron con ellas, esa denuncia se hizo a la DGA por apropiación y otra por destrucción”.

Esto se sumaría a otras denuncias contra la empresa, como el daño que provoca en la zona el material particulado que es emitido durante la construcción del proyecto, que estaría dañando la salud de los trabajadores y que gatilló la paralización del proyecto en el lado chileno por orden del Servicio Nacional de Geología y Minería.

La empresa además cuenta con otras infracciones, las que estarían sumando -a lo menos- cinco procesos de sanción, según indicó Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Esto además del patente daño a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, con lo que se está violando una de las principales condiciones para permitir su operación.

“La DGA constata que la empresa no está respetando una condición esencial de no tocar ni dañar los glaciares, pero se ha constatado que la empresa no cumple con las medidas de mitigación y se están destruyendo los glaciares”, advierte.

El ambientalista indicó que en el lado argentino del proyecto también han tenido problemas de forma recurrente, ya sea de conflicto con los trabajadores o de situación de derrumbes. Además, la situación de los glaciares en ese país es más compleja, ya que existe una legislación exclusivamente dedicada a protegerlos.

Las organizaciones sociales y ambientales de la región de Atacama insisten en que se debe revocar de inmediato el permiso ambiental a la compañía.