20 millones de dólares deberán pagar las cadenas farmacéuticas Salcobrand y Cruz Verde, luego que la Corte Suprema confirmara el fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que estableció la sanción para ambas compañías por haberse coludido con Farmacias Ahumada para incrementar los precios de más de 200 medicamentos.

La decisión fue tomada de forma unánime por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem S. y el Ministro Suplente Juan Escobar de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

El fallo señala señala que se dispone “rechazar los recursos de reclamación deducidos por Farmacias Cruz Verde S. A. y Farmacias Salcobrand S. A. contra la sentencia Nº 119/2012, de treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con costas de la reclamación”.

De esta forma, ambas empresas quedaron obligadas a desembolsar la totalidad de la multa aplicada por el TDLC.

Farmacias Ahumada, por su parte, había llegado a un acuerdo en 2010 y tuvo que cancelar 1 millón de dólares por haber reconocido que había incurrido en estas prácticas y cooperado en la investigación que determinó que, efectivamente, las tres cadenas concertaron el valor de los medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Con esto, sólo queda en desarrollo la arista penal de este caso, procedimiento que se debería reanudar en octubre cuando se inicie el juicio a los diez imputados por este delito.

Por Farmacias Ahumada están acusados el ex gerente general Sergio Purcell Robinson y el ex gerente comercial Ricardo Ewertz Munchmeyer. En Cruz Verde comparecerán Ricardo Valdivia Cloques, gerente de área Farmacias  y Cristián Catalán López, category manager. En SalcoBrand fueron formalizados el gerente general Roberto Belloni Bechini, el gerente comercial Ramón Avila Silva, Mehilin Velásquez Chau, jefa de departamento de precios, y las category manager, Claudia Carmona Zuñiga, Judith Carreño Oteiz y Mario Zemelman Riveros, ex gerente general de Laboratorio Medipharm.

Los ejecutivos arriesgan una pena que va desde los 61 días a los tres años de presidio remitido, aunque la Fiscalía ya anunció que solicitará 5 años.