Una crítica al Proyecto de Ley de Financiamiento a la Educación Superior formuló el presidente del CUECh y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, tras participar en el debate sobre el tema, este miércoles en la Comisión de Educación del Senado, a la que también asistió el ministro de Educación, Harald Beyer.

Valle valoró haber expuesto en la Comisión, indicando que “hemos podido plantear los puntos relevantes de este proyecto. Tenemos razón al identificar qué materias son evidentemente sustantivas a la hora de concebir un sistema de financiamiento de educación superior o de financiamiento estudiantil en particular”, y añadiendo que la normativa propuesta reduce las soluciones al crédito.

Aldo Valle presentó diversas objeciones al proyecto, destacando que no puede ser de cargo de las instituciones el financiamiento del arancel no cubierto por becas o créditos estatales. “En nuestra opinión —afirmó—, el estado no puede eximirse de su responsabilidad de financiar esta brecha, especialmente en el caso de los siete primeros deciles socioeconómicos. Esta política evidentemente producirá una mayor segregación de la matrícula y de la calidad de la educación que se imparte. Esto será particularmente nocivo para las instituciones públicas de carácter regional y más alejadas de los centros de concentración urbana, como ya está ocurriendo”.

Por otro lado, respecto de la transferencia de recursos públicos a instituciones con fines de lucro, Valle indicó que “el proyecto de ley no garantiza de modo suficiente que por esta vía se evite transferir recursos públicos a entidades con fines de lucro. La ley debe establecer expresamente que a estos créditos sólo podrán acceder y ser elegibles aquellas instituciones que declaren no tener fines de lucro. En consecuencia, sería muy inconsistente que este proyecto de ley sea indiferente a que las instituciones lucren o no. De esto se sigue que el proyecto de ley requiere introducir una restricción expresa para el caso de las universidades”.

También en relación al lucro, Valle añadió que “si bien existen instituciones de educación superior a las que la legislación autoriza el fin de lucro, como los centros de formación técnica y los institutos profesionales, no parece recomendable que un sistema de financiamiento con recursos públicos promueva de manera expedita la transferencia de éstos a instituciones que lucran con el servicio educacional. El hecho de exigir como requisito una acreditación de tres años no es una restricción para el fin de lucro. En los hechos, en esta ley no hay ninguna restricción para que las instituciones no lucren con recursos públicos”.

Por su parte, Marjorie Cuello, secretaria general de la FEUV, indicó que si bien en la sesión de la comisión se visualiza una preocupación común por la educación pública, el fortalecimiento de ésta no se debe hacer a través del aumento de créditos, como plantea la ley, sino abordando temas más profundos, entendiendo el sentido de lo que debe ser una educación superior para el país.

“Encontramos un punto común dentro de las intervenciones de los distintos actores, principalmente en que hoy día se necesita un proyecto de ley que establezca que el Estado tenga un compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y el apoyo a las universidades del Estado. La diferencia que tenemos es que este fortalecimiento no puede seguir haciéndose a través de más créditos y becas”, sostuvo.