El actual alcalde fue notificado hace cuatro años por la Contraloría General de La República que el sistema que ocupaba para licitar la recolección de basura era ilegal y desde entonces actúa haciendo caso omiso de la ley y el orden.

Castro ha entregado 185 millones anuales a la Cormuval, organismo de la comuna que no puede licitar, por no tener giro para realizar obras de retiro de basura, de tal suerte que el alcalde no solo ha sido negligente en sus acciones, si no que, además, ha actuado fuera de la ley. Por esa razón los concejales tienen la obligación de pedir que sea destituido. Es un deber de todos los concejales elegidos, justamente, para velar que las cosas se hagan legalmente, pero al menos así debieran hacerlo aquellos que se dicen de oposición. Ser cómplices de tamaño negocio los develará y la ciudadanía puede tardar, pero finalmente sabe lo que debe hacer.

Desde hace varios años hemos denunciado que el tema de la basura es un gran negocio y que huele mal, hoy podemos afirmar que si Castro no es acusado por notable abandono de sus deberes, tiene que ser destituido por las consecutivas ilegalidades cometidas desde el año 2009 en adelante.

Desde que Arturo Longton (sí, el papá de los jóvenes que salen en los reality) fue alcalde de Valparaíso, el Estado de Chile ha pedido que la recolección de la basura sea externalizada, cuestión que ha sido cumplida en todo el país, a excepción de la municipalidad de nuestro puerto.

Ese mismo año el papá de los niños reality y hoy candidato a diputado, inventó un decreto edilicio que permitía prorrogar, automáticamente, la concesión al mismo beneficiario del contrato que no fue otro que la CORMUVAL, organización  que tiene como único giro, dicho por Contraloría General de la República el 2009, el de administrar el tema de salud primaria y la educación pública.

Al ser requerido por la prensa el alcalde, sobre el dictamen de la Contraloría, la supuesta autoridad respondió: “No esperen que resuelva esto en unos días, ya que es un problema que lleva 20 años”. Reconocía entonces que tanto en los alcaldes de la dictadura, como los de la Concertación actuaron ilegalmente, con el negocio de la basura.

Así hemos pasado años sin que estos alcaldes sufran sanción alguna por este verdadero desfalco de las arcas municipales, y ahora, más encima, con la basura hasta el cuello por la negligencia extrema e irresponsabilidad vestida de delito, pues no cumplir la ley es un delito y los delincuentes, según ellos mismos vociferan, deben estar en la cárcel y sus cómplices arrepentidos y sancionados.