Por Andrés Berg, investigador Fundación P!ensa

Conocido es el drama que la ENAP y la Municipalidad de Concón tienen respecto de proyectos termoeléctricos en base a gas natural en la zona. Primero fue respecto a la Cogeneradora Aconcagua y ahora por la línea de transmisión, que es parte del proyecto de la Central Nueva Era, que conecta la generadora con el SIC. El rechazo, por parte del municipio, no es atribuible a una mera contingencia política ya que es ampliamente compartido por autoridades de distintos partidos, no obstante esto hay implícito en él un problema tanto político como económico.

A saber, nadie quiere tener cerca de su casa una termoeléctrica ni una torre de transmisión de alto voltaje, pero tampoco podemos reducir el debate al juicio doméstico de sus consecuencias.

En lo económico, la ENAP, con justa razón y necesidad, presenta un proyecto que sin duda el país y la región necesita, pero que no se exime de externalidades. Si bien estos proyectos generarán empleo y mayor dinamismo en la economía de la zona y el país, a los ojos de la región sus beneficios parecen ser marginales si se considera la magnitud de externalidades negativas que sólo la zona carga a su haber. En particular, al tratarse de una empresa estatal, el total de las utilidades de ella volverán a las arcas fiscales nacionales ‒en el caso de empresas privadas serían los impuestos‒ y se disolverán en la amplia gama de necesidades y regiones que el estado subsidia. Por esto no sorprende ‒ni tampoco carece de lógica‒ que el alcalde Sumonte use todas las herramientas que tiene a su disposición para trabar el proyecto y lograr la mayor cantidad de beneficios para mitigar las externalidades, tanto ambientales como sociales ‒esperemos que de esto se trate.

Aquí es donde reside el problema político. A los alcaldes y parlamentarios de nada les sirve adherirse a un proyecto de estas características, dando paso a prácticas populistas ‒basta ver la primitiva protesta de la diputada Molina en la refinería el año pasado‒, dejando de manifiesto un divorcio entre la política y el desarrollo económico.

En suma, se observa una dinámica que ha sido fatal para el país y para el desarrollo económico de las regiones. Las dificultades y barreras que los municipios presentan en este tipo de proyectos terminan por ahuyentar la inversión, más aún cuando se trata de inversión privada ‒aunque este no sea el caso. Muchas veces las medidas de mitigación de impacto nada tienen que ver con las externalidades que los proyectos presentan, aumentando el costo del proyecto, su riesgo y sin solucionar los problemas que el mismo genera.

Bajo mi perspectiva, estamos frente a un problema de incentivos provocado por la desmedida centralización del país. Si los gobiernos locales contaran con los incentivos apropiados, otra sería la historia. La política debe ser un aliado en este tipo de proyectos, buscando la mayor sinergia posible entre el desarrollo económico y social, con el menor impacto ambiental posible, e involucrándose en los costos y beneficios. La solución no es sencilla y variadas son las alternativas para lograr dicha sinergia. Por lo pronto, esta materia debe ser primordial en el anhelado proceso de descentralización de nuestro país.