Las preguntas de Valparaíso a 9 años del Patrimonio de la Humanidad

Por Camilo Vargas y Pablo Andueza

 En estos días celebramos en Valparaíso la obtención de la denominación Patrimonio de la Humanidad que se obtuvo en el segundo intento en el año 2003. Casi una década después de este reconocimiento internacional se deben analizar las acciones tomadas por el Estado y el administrador del sitio mundial en la materia. En este artículo nos preocuparemos de analizar algunos aspectos relevantes.

1) Quién gestiona el patrimonio cultural

La organización que naturalmente debía hacerse cargo de la gestión del patrimonio debía ser su Municipalidad. Habían varias razones de peso: a) la Municipalidad tiene conocimiento directo de los factores sociales y humanos vinculados al territorio involucrado; b) la Municipalidad tiene competencias legales para financiar, diseñar, aprobar y ejecutar los proyectos; c) la Municipalidad puede gestionar el bienes de acuerdo a una visión integral de la ciudad que se quiere.

Sin embargo, la opción del Presidente Ricardo Lagos en el año 2005 para administrar la importante inyección de recursos (US$23,5 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y US$50 millones por el Estado), no fue favorecer al Municipio sino una oficina de la SUBDERE con sede en Valparaíso, conocida como PRDUV. El Presidente Lagos y sus equipos deciden conscientemente instalar el programa y la administración de los millonarios recursos fuera de la Municipalidad a causa de la desconfianza que recaía sobre la gestión del entonces alcalde Hernán Pinto.

El resultado es que el diseño del programa PRDUV fue uno de los mayores obstáculos en la gestión del patrimonio cultural pues significó instalar una estructura paralela a la Municipalidad y a los servicios, pero sin atribuciones legales de ninguna especie. Santiago decide “bypassear” a la autoridad municipal otorgando un mandato a un equipo técnico, en su mayoría compuesto por profesionales que no conocían la ciudad y que no fueron ganadores en los gallitos con los jugadores locales. Esta decisión se pagó muy caro pues la coordinación fue complicada, el deporte nacional del “peloteo” estuvo a la orden del día y las responsabilidades se diluyeron.

De manera entonces que si queremos aprender de los errores cometidos, es necesario partir por repensar el gobierno local, conferirle una nueva gobernabilidad democrática y sanear la economía municipal así como sus malas prácticas.

2) Qué tiene que decir la ciudadanía

Justamente por la crisis de credibilidad que ha afectado los gobiernos municipales de Hernán Pinto y Jorge Castro, el centralismo santiaguino ha optado abiertamente por instalar un sistema de gestión del patrimonio cultural que, en su esencia, compromete la autodeterminación de la ciudad. ¿Qué entendemos por patrimonio cultural? ¿Para qué conservar y proteger el patrimonio cultural? ¿A quién beneficiar con las inversiones en revitalización del casco histórico? Estas son algunas preguntas que jamás han sido seriamente debatidas en la ciudad.

Un indicador muy potente de la centralización es la escasa y espaciada información así como la pobre intervención que ha correspondido al Concejo Municipal en el patrimonio cultural, instancia que representaría la pluralidad de los estamentos de la ciudad. Esta omisión se produce a pesar que el Concejo tiene competencias decisivas en la planificación urbana y en el presupuesto comunal.

La ciudadanía, por su parte, si bien fue activa en cumplir tareas de contraloría social del PRDUV, tampoco tuvo incidencia en las decisiones sobre en qué invertir o qué priorizar en las inversiones. Esta tarea le correspondió a un pequeño grupo que conformó el directorio del programa conformado por el Alcalde, el SUBDERE y el Ministro de Obras Públicas, al que tardíamente se agregó el Intendente Regional.

En consecuencia, para lograr éxito en actividades que afectan a los barrios y a la vida cotidiana de la gente, deberá en lo sucesivo considerarse la opinión de los habitantes directamente afectados por la gestión del patrimonio cultural no tan sólo a la hora de evaluar el impacto de un proyecto o determinar detalles, sino desde su misma gestación.

3) Para qué proteger el patrimonio cultural

El PRDUV está terminando su vida y aun no existe claridad si el Estado se ocupó del patrimonio cultural porteño por algo más que crear condiciones para instalar emprendimientos económicos orientados al turismo global. Parece evidente que las decisiones que se tomaron poco tuvieron que ver con otras variantes relevantes de la gestión patrimonial, como son: la autenticidad del patrimonio, su habitabilidad, el patrimonio intangible, es decir el bienestar de los habitantes del puerto.

Los territorios en que focalizaría la intervención no obedecen a una lógica explícita y se observa una concentración en lugares de interés turístico como los cerros Alegre y Concepción. En el año 2006 el PRDUV define que sólo se repararían con el crédito BID los cinco ascensores municipales porque, los privados debían salvarse por ellos mismos, como dijo un informe técnico de la Subdere. “Es muy difícil y complicado negociar con los privados”, fueron las palabras textuales. Esta decisión costó a la ciudad vivir la peor crisis de los ascensores privados de su historia, la que comienza a revertirse gracias a la gestión de los gobiernos regionales liderados por Iván de la Maza a fines del año 2008, cuando la Comisión Bicentenario hace suya la causa de los ascensores, y por Raúl Celis con que culmina con la compra de diez ascensores en un proceso que duró cuatro años.

La verdad es que la mirada sobre el patrimonio de la ciudad fue reduccionista desde el mismo momento que se inscribió la postulación de una zona acotada para reconocerla como “Patrimonio de la Humanidad”. Esta área no representa todo lo que debería haber sido protegido. Por ejemplo, la mayoría de los ascensores no se encuentra en la zona a pesar que son mencionados en el expediente. Cabe recordar que nunca antes en la historia de la ciudad se ha construido tantas torres de altura que como después de la declaratoria UNESCO. Es algo muy paradójico.

En conclusión, urge un proceso participativo para debatir para qué queremos conservar nuestra ciudad. La respuesta debiera partir de la idea que lo primordial de todas las políticas públicas: el bienestar de sus habitantes.