[OPINIÓN] La corrupción y la política en el Partido Socialista

Por Ibán de Rementería

Núcleo Valparaíso Socialista

En estos días, el reprochable proceso electoral interno del Partido Socialista (PS) para elegir a sus autoridades que lo conducirán por los próximos dos años, ha desatado un intenso debate nacional. En una sola comuna, San Ramón, votaron el 8% de todo el padrón nacional y allí resultó electa con una de las primeras mayorías nacionales Mónica Aguilera, hermana del Miguel Angel Aguilera, alcalde socialista de esa comuna, que hace un par de años fue denunciado por vínculos con el narcotráfico local y sin acusación ni imputación legal alguna expulsado del PS. 

El aplastante triunfo de los sectores más tradicionales del PS que lidera Elizalde, secundado por Santander y Velozo, y que conducen Escalona, Insulza, Montes y Allende, contaron entre otros recursos electorales con la votación cautiva que manejan los hermanos Aguilera, lo que ha sido impugnado por una oposición, encabezada por Maya Fernández Allende, diputada, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y nieta del Presidente mártir.

Esta oposición está conformada por sectores principalmente ligados al “bacheletismo” –Aleuy, Viera Gallo, Diaz, Correa, Schilling, Andrade -, y también por la Izquierda Socialista que reúne a los sectores más ligados a la representación de los “intereses de los trabajadores manuales e intelectuales y las grandes mayorías nacionales”, cercanos al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA).

Si se quiere, la actual y triunfante conducción partidaria representa a la maquinaria partidaria, al clientelismo y caciquismo más cerrero, por eso ha ganado. Mientras que el bacheletismo representa al activo político que siempre está en los gobiernos, lo que despreciativamente ha sido llamada la “burguesía fiscal”, ese remedo de “nobleza de toga” del estado monárquico europeo, que aquí constituyó una clase media burocrática bien formada en el Instituto Nacional y la Universidad de Chile.

La centralidad temática de la actual crisis del PS no es la narcotización de la política, si no que la clientelización del poder  interno no es solamente la compra de militantes con platas narcos, sino que la compra de militantes con platas o prebendas publicas y, sobre todo, del sector privado como lo demuestran los casos  PENTA, SQM, CORPESCA, OAS, etc.

Como es sabido esta corrupción política tiene para los financistas el propósito de controlar las decisiones públicas que afectan sus intereses, sean normas, contratos de obras o compras, licencias, exenciones tributarias, exclusividades de mercados, etc.

Que estos políticos leales a sus intereses compren militantes es parte del sistema de reproducción ampliada de la corrupción. Dicho en breve, nuestro problema en el PS no es la compra de votos, sino que la compra de militantes. Asimismo, nuestro problema no es que el narcotráfico se haya introducido en alguno de nuestras organizaciones comunales partidarias, sino que estas se dediquen al narcotráfico para financiar la compra de militantes. Al fin y al cabo, la compra de militantes es un procedimiento análogo a la comprar de acciones para controlar una sociedad anónima.

Dentro de la tradición política reciente del PS, Clodomiro Alameyda, el cual junto con Carlos Altamirano fueran los máximos líderes del PS luego de la derrota de la Unidad Popular en 1973, escribió un Memorando “Sobre la dimensión orgánica de la crisis de los partidos de izquierda tradicionales”, que en su parte 4.8 refiere el tema clientelar y la corrupción, donde dice:

“Para evitar que de hecho el partido devenga en un mero instrumento para conquistar el poder, hay que realizar un esfuerzo consciente por minimizar su función latente de mecanismo de ascenso social en la sociedad civil, en el aparato del Estado y el propio partido, en perjuicio de su función manifiesta y esencial de promoción de un proyecto colectivo. Para lo cual la propia legalidad partidaria debe proveer de las herramientas normativas necesarias para evitar esa y otras deformaciones que obstaculicen los objetivos de bien público para cuyo servicio existe el partido”.

“Se trata, en otras palabras, de cautelar el contenido ético de la función pública de los partidos, defendiéndolos de sus posibles desnaturalizaciones que han condicionado en buena parte su desprestigio de tanto en Europa como en América Latina”.

Según Almeyda, la tarea perpetua de la organización revolucionaria o promotora del cambio social es luchar contra su instrumentalización, personal o grupal, para el ascenso social en la sociedad civil, en el Estado y el partido, precisamente donde el PS, y otras organizaciones políticas han fallado.

Pero no basta con “cautelar el contenido ético de la función pública de los partidos” al decir de Almeyda. La mayor carencia del PS y los partidos de izquierda es no tener una propuesta política anti neoliberal concreta que devuelva al control público las prestaciones de los derechos sociales fundamentales en salud, educación y previsión social, lo cual solo será posible si para financiarlas el Estado recupera las rentas y utilidades sobre los recursos naturales, incluida el agua, las obras públicas y los servicios públicos, que fueron  privatizados por la Dictadura Militar y los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

Es la carencia de propuestas políticas que representen los intereses de las grandes mayorías, así como capacidad de ejecución y credibilidad, la razón por la que el PS y los partidos de izquierda carecen de convocatoria y representatividad, motivo por el cual deben de salir a comprar militantes para las elecciones internas y votos para las elecciones generales.

La estrategia comunicacional y politiquera de Elizalde y los suyos es demostrar que las platas narco en San Ramón son un hecho puntual en el PS, tanto que su supresión en los cómputos electorales no afecta ni su elección ni la honestidad partidaria, lo que bien sirve para esconder la compra generalizada de militantes.

El escándalo del “poder de compra” de los “narquitos de barrio” sirve tanto para tapar y proteger a los “narcasos” mayoristas, nacionales e internacionales, como para proteger otros casos de compras de militantes con dineros “limpios” como PENTA, SQM, CORPESCA, OAS, etc.

Para terminar, lo claro es que auditar el padrón de los militantes del PS no resolverá nada en términos de clientelismo militante y caciquismo organizativo, el tema es de asunción política, de política transformadora o revolucionaria.

Foto: Huawei / Agencia Uno