Comunicado Público Comunidad de Vecinos Ex Hospital Ferroviario

Una vez más queremos dar a conocer a los habitantes de nuestra querida ciudad de Valparaíso la situación en que nos encontramos: después de cumplirse casi cuatro años desde que se demolió el Ex Hospital Ferroviario para construir el proyecto inmobiliario “Mirador Barón”, las cosas no han cambiado mucho.

La obra continúa en su desarrollo a pesar que contamos con un Dictamen de Contraloría que indicó que el permiso de edificación extendido por el ex Director de Obras de la Municipalidad de Valparaíso -Matías Valdés Bowen- no se ajusta a la normativa urbanística, determinando no solo la invalidación del mismo, sino que la aplicación de sumario administrativo a quien lo otorgó.

Es curioso como la Dirección de Obras, con el Sr. Patricio Miranda como Director Subrogante, se ha empeñado en continuar con la misma política del director anterior: dilatar los trámites administrativos, lo que ha redundado en la no invalidación de un permiso que contiene serias irregularidades. Como comunidad legítimamente nos preguntamos ¿a qué intereses responden los funcionarios públicos? ¿Por qué Patricio Miranda no ha respondido al interés ciudadano? ¿Por qué empecinarse en no invalidar a pesar que se cuenta con jurisprudencia vigente?

Esto no es un caso particular. Ante las solicitudes y reclamos de invalidación de los proyectos Parque Gran Barón (Yolanda, Ex SAAM) y Alto Los Placeres (Villa Berlín), la tónica del Director de Obras (s) ha sido la misma: no dar curso a las invalidaciones a pesar de las infracciones flagrantes.

El caso de Parque Pumpín, recientemente invalidado, tiene una consideración especial: a pesar de la existencia de dictámenes de Contraloría, reclamos de ilegalidad e invalidación, la gestión de Evelyn Mansilla (SEREMI MINVU V REGIÓN) fue lo detonante para que Patricio Miranda diera paso al cumplimiento de la ley ¿Por qué Miranda siempre se ubica en una posición pasiva?

Como vecinos afectados, seguimos peleando; seguimos trabajando para fiscalizar y obligar el cumplimiento de la normativa en nuestros territorios. Hemos visto cómo nuestras acciones legales y nuestra participación ciudadana activa se ha visto entrampada por la omisión, el trabajo mal hecho y los poderes fácticos. A fuerza de errores hemos aprendido que el sistema público opera como un armazón en función de los grandes capitales.

A estas alturas resulta pertinente recordar lo ocurrido en Mayo del 2017, donde  la Relatora Especial de la ONU, Leilani Farha, expresó que la vivienda en Chile es concebida como bien de consumo y no como un derecho, donde el sector inmobiliario produce la ciudad a sus anchas, generando escases de suelo, aumentando ficticiamente el valor la UF por metro cuadrado, quitándole valor de uso a la vivienda y apropiándose de nuestro capital simbólico: el paisaje.

En Valparaíso (e imaginamos que en Viña del Mar y otras comunas del país), las inmobiliarias han gozado del privilegio de obtener permisos para levantar edificios o complejos de apartamentos de lujo sin cumplir la norma y, peor aún, sin consultar a los residentes locales y sin tomar en cuenta las necesidades o el carácter de la comunidad. El manual de buenas prácticas de la Cámara Chilena de la Construcción parece más bien una burla o un chiste de mal gusto.

En el citado informe sobre derecho a la vivienda de la ONU se consignó lo siguiente en relación a nuestro cerro: “durante su visita al barrio Cerro Barón, en Valparaíso, la Relatora Especial se reunió con residentes de una comunidad costera que se había movilizado contra la construcción de un condominio de lujo. Para llevar a cabo el proyecto se demolió irregularmente un emblemático hospital, lo que provocó daños en las viviendas de algunos residentes de la zona. La Relatora Especial fue informada por el agente inmobiliario de que las viviendas más pequeñas del complejo proyectado se iban a vender a 150.000 dólares cada una, un precio totalmente inasequible para la mayoría de la población de la ciudad de Valparaíso, cuya tasa de pobreza es elevada. Las viviendas están atrayendo a habitantes de Santiago con alto poder adquisitivo que buscan una segunda residencia”.

Que más añadir a lo ya expuesto. No es un grupo de vecinos (siempre subvalorados por quienes creen tener conocimientos “superiores”) quien llega a esta conclusión, es la ONU quien da cuenta del carácter de las operaciones urbanas en Valparaíso. Mientras tanto, las autoridades competentes, desde el Municipio hasta la SEREMI de Vivienda, callan en un silencio cómplice.

¡Entiendan de una vez por todas! Las comunidades defendemos nuestro territorio y nuestro derecho por construirlo y proyectarlo al futuro. Les pedimos a las autoridades que actúen con ética y moral. No se hagan parte de esta “fronda” que no es más que un tipo de corrupción institucionalizada, que corrompe el quehacer de la administración pública, cuyo interés constitucional (a esta altura parece broma) es el de velar por el bien común de la mayoría y no de grupos privilegiados.