[OPINION] Sobre la certeza jurídica de la Cámara Chilena de la Construcción

Los argumentos jurídicos son contundentes para invalidar. Independiente del nivel de avance de cada obra, el Director de Obras tiene la posibilidad histórica de restituir el Estado de derecho en estas poblaciones ¿Lo hará? ¿O les seguirá el amén a los abogados de las inmobiliarias?

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09 de Octubre, 2018 10:10

Por Marlene Orrego. Comunidad Ex Hospital Ferroviario

René Popper. JJVV 92 Villa Berlín

En los últimos meses, hemos escuchado a diferentes personeros del mundo inmobiliario reclamar por la necesidad que las Direcciones de Obras del país propongan un escenario de certeza jurídica para la aprobación de diferentes proyectos de edificación. Resulta no menor que como argumento se ponga por delante la necesidad de tener marcos jurídicos ad hoc para la inversión en construcción y, con ello, el fomento al empleo y todo el discurso clásico del progreso y del desarrollo.

A la vez, resulta que extraño que diferentes comunidades estemos pidiendo lo mismo: que las Direcciones de Obras se comporten apegadas al marco jurídico que permite aceptar o rechazar un proyecto. Sin embargo, como sabemos, esto resulta difícil. La posibilidad legal de ocupar un Revisor Independiente es uno de los mecanismos que echa por la borda cualquier tipo de fiscalización por parte del aparato público municipal. ¿Por qué? Porque esta figura individual –el revisor-, está legitimada en tanto su firma es un signo de fe que el proyecto está en condiciones de ser ingresado y aprobado.

Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario de impugnación de muchos de estos permisos que poseen irregularidades. Casos en diferentes ciudades del país dan cuenta de infracciones recurrentes donde, más que “errores no forzados” de los revisores, hablan de una lógica de operar. Pero con alta desfachatez, Bernardo Echeverría, quien preside del grupo de trabajo de “certeza jurídica” de la Cámara Chilena de la Construcción, amenaza sutilmente señalando que la demora en permisos y su cuestionamiento, no hace otra cosa que quien compre alguna unidad de vivienda deba asumir ese costo extra que significó la contratación de abogados o la prolongación de la contratación de la fuerza de trabajo. Lo que se encuentra implícito en el discurso de la “Cámara” es el miedo a la fiscalización. Como sabemos, el mundo empresarial ha estado acostumbrado a hablar de las garantías básicas de un Estado de derecho, a la vez que infringe sus normas con total impunidad. Y cuando el escenario se les pone adverso: amenazan por el diario.  

En Valparaíso hay más de un proyecto con estas características. A estas alturas, los casos de Mirador Barón y Alto Los Placeres (Villa Berlín) ya son emblemáticos. Ambos cuentan con recursos jurídicos en marcha. Barón posee un dictamen de Contraloría, donde se le da la “espalda” jurídica necesaria al Director de Obras para la posibilidad de invalidación de “oficio”; mientras que el expediente de invalidación del edificio Alto Los Placeres se encuentra abierto y ad portas que el Director de Obras (s) –Sergio Miranda- tome una decisión al respecto.

Los argumentos jurídicos son contundentes para invalidar. Independiente del nivel de avance de cada obra, el Director de Obras tiene la posibilidad histórica de restituir el Estado de derecho en estas poblaciones ¿Lo hará? ¿O les seguirá el amén a los abogados de las inmobiliarias?

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