Por adolecer de fundamentos legales que avalen su conformación, en virtud de que existen resoluciones judiciales pendientes, el dirigente porteño Jorge Bustos solicitó hoy ante el contralor general de la República, Ramiro Mendoza que impugne el instructivo presidencia que creó el Comité de Conservación del Sitio del Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso, cuyo objetivo es buscar una alternativa de diseño para el proyecto Mall Barón.

Bustos indicó que a la par de que el proyecto de Plaza S.A. atenta contra el Valor Universal Excepcional de Valparaíso, y en especial de la Bodega Simón Bolívar, el proyecto no cumple con las normas urbanísticas de Chile, “tal como ocurrió con el Mall de 14 Norte de Viña, donde acertadamente el seremi de Vivienda decretó su paralización y demolición”, precisó

En el escrito se indica que “El instructivo también adolece de vicios legales,  porque para poder cumplirlo no se exige ni señala las condiciones y normas urbanísticas vigentes que debe superar la propuesta de diseños arquitectónicos, así como aspectos o criterios patrimoniales que se deben considerar al momento de proponer los diseños arquitectónicos, tendiendo en consideración que no integran el comité órganos técnicos como la División de Desarrollo Urbano del MINVU, el Ministerio de Medio Ambiente, el Colegio de Arquitecto de Chile y representantes de la ciudadanía como incumbentes porque lograron la resolución de la UNESCO”.

Bustos añadió que el cuestionado permiso de edificación se encuentra judicializado a través de un reclamo de ilegalidad, rol 588-2013, el que se tramita actualmente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Respecto a la falta de validez de lo resuelto por esta Comisión Presidencial, Bustos indicó que a su juicio en primer lugar es una mala broma que esta Comisión haya fijada sólo dos sesiones, situación que le hace pensar que esta “todo cocinado”.

A ello agregó que “la ministra de Vivienda y Urbanismo nos dice que no se puede pronunciar porque el caso está en la justicia, por lo que nosotros hemos concurrido a visitar al contralor general Ramiro Mendoza para que se pronuncie acerca de cómo es posible que una ministra dice que se abstiene de opinar y por otra parte aparece un instructivo presidencial que le entrega facultades a funcionarios de menor rango que la ministra, para que puedan definir o legalizar un proyecto que a nuestro juicio es absolutamente ilegal porque está en contra de todas las normas urbanísticas de nuestro país”