Por Felipe Zumarán

En situaciones de emergencias como las vividas en la pasada temporada forestal, las garantías de seguridad y derechos fundamentales se ven vulneradas constantemente. Durante el gigantesco incendio forestal que afectó a la comuna de Villa Alemana en el mes de noviembre de 2016, la población “Los Eucaliptus” de Peña Blanca, experimentó dicha contingencia; el fuego estaba próximo a las viviendas y se procedió a realizar una evacuación preventiva, que en momentos, fue completamente caótica. Si bien, no hubo victimas que lamentar, se pudieron observar situaciones que demostraron que la población local no estaba preparada del todo para un evento de esta magnitud; un ejemplo: no había una coordinación efectiva para evacuar a personas de tercera edad o con alguna discapacidad, algunas de estas, viviendo solas. O sea, un grupo comunitario, se encontraba altamente vulnerable.  

Durante una emergencia y en el afán de proporcionar rápida asistencia humanitaria, los actores (entiéndase por servicios de emergencias y voluntarios) a menudo no logran evaluar y abordar las necesidades especiales de los grupos más segregados, por lo tanto, en tiempo de tranquilidad, es donde se debe prestar atención a este segmento de la población para que sean incorporados en el diseño de programas de prevención y respuesta para así poder satisfacer sus necesidades, pero también la creación de diferentes estrategias para vincularlos con información y servicios.

Si bien existen grandes esfuerzos gubernamentales y desde el gobierno local, las personas en situación de discapacidad a menudo son ignoradas. Las voces de las personas en situación de discapacidad deben ser escuchadas en la formulación de programas inclusivos de prevención y respuesta a situaciones de emergencias. Respetar el derecho de esta población a la participación requiere buscar y valorar los aportes de grupos locales que trabajan con las comunidades en situación de vulnerabilidad. Es por esto que una participación activa de la población asegura que el riesgo de exclusión de grupos vulnerables o grupos en alto riesgo se reduzca al mínimo, incluso durante la entrega de los bienes y servicio en tiempo de tranquilidad.

La participación inclusiva promueve la resiliencia comunitaria mediante la construcción de capacidades y recursos existentes. Es de suma importancia llevar a cabo un trabajo mancomunado entre la población y los distintos actores involucrados en situaciones de emergencias para así establecer líneas de trabajo y marcos de acción que no sólo protejan a personas vulnerables, sino también para garantizar sus derechos fundamentales a lo largo del tiempo. El conocer la realidad de nuestro vecino, no sólo fomentaría la creación de una red de apoyo durante una contingencia sino que también el fortalecimiento de la dignidad y el respeto mutuo.