Valparaíso en riesgo por la codicia inmobiliaria y la negligencia de las autoridades

Por René Popper, Socio Junta de Vecinos 92

Carlos Vergara, Socio Club Deportivo Villa Berlín

Hace más de dos años la comunidad de Villa Berlín ha estado enmarcada en conflicto con la Inmobiliaria Alto Placeres, la cual está desarrollando un proyecto inmobiliario de 28 pisos y aproximadamente 240 unidades de vivienda. Esta disputa se ha enmarcado en la identificación de una serie de irregularidades e infracciones al derecho urbanístico (fusión y subdivisión predial, cono de sombra, calles inventadas, apropiación de calle, ausencia de formularios de edificación, ausencia de planimetrías y memorias de cálculo, emplazados sobre la franja de restricción de la zona de riesgo), las cuales se encuentran denunciadas mediante reclamos de invalidación en la municipalidad de Valparaíso y un recurso de protección en la ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Edificio amenaza con colapsar y dejar sin agua a todo Valparaíso y parte de Viña del Mar

Este último se enmarca en un incidente que protagonizó la constructora VICONSA (a cargo del proyecto), quienes tuvieron un desgraciado accidente que obligó a la paralización de la obra, a pesar de la dilatación efectuada por la Dirección de Obras de la municipalidad de Valparaíso. El desarrollo de este procedimiento judicial obligó a que diversas instituciones emanaran informes sobre la situación de la edificación.

En un primer momento, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) confirmó la vieja hipótesis que trabajaba la comunidad: que esa zona no es apta para a la construcción, dada la presencia del Acueducto Las Vegas y dada la calidad del suelo (un clásico relleno entre laderas de quebrada). Aquel informe ratificaba que en Octubre de 2017 el acueducto había sido fisurado debido a los trabajos, cuestión que ocasionó una inundación del predio donde se efectúan las obras, además de cortes de agua en la zona.  

En un segundo momento, ESVAL S.A. estableció cuestiones mucho más graves. Textual:

1. El sello del edificio está apoyado sobre un relleno y no sobre la roca basal, lo cual implica que la carga que el edificio trasmite a dicho relleno también la recibe el cuerpo del acueducto susceptible de generar inestabilidad en el ducto.

2. La loza de fundación del edificio se encuentra distante al acueducto en vertical a 2 metros y a 5.5 metros en horizontal, en circunstancias que nuestra franja de protección es de 10 metros, para cada lado del acueducto. La fundación del edificio que afecta al acueducto tiene un largo de 25 metros. De acuerdo con lo anterior, las cargas generadas durante un sismo pueden producir una falla en el acueducto.

3. El sello del edificio está sobre un relleno. Frente a un sismo, el desplazamiento principal podría tomar la dirección de la quebrada, y producirse un deslizamiento del edificio, a lo largo de ella, lo que lo afectaría directamente al acueducto provocando su colapso. En la eventualidad que el acueducto se fracture, inundará un área de aproximadamente 10.500 metros cuadrados, provocando socavación del soporte del edificio y su eventual colapso.

4. Otra situación de riesgo que se debe considerar es que para contener el material en excavaciones profundas se usan entibaciones, las cuales se soportan anclándose a las paredes laterales, como aquel que produjo la rotura del acueducto el pasado 2 de octubre del año 2017. En la actualidad estas entibaciones pasan bajo la tubería, pero una vez que se termina la construcción no son retiradas, sirviendo además como conductores de movimientos y vibraciones al medio, constituyendo otro punto de riesgo para la conducción de agua potable.

5. Finalmente, cabe destacar que un eventual colapso del acueducto Las Vegas en el punto en que se construye el edificio dejaría a todo Valparaíso, Curauma y Placilla sin agua potable, y una parte importante de Viña del Mar, estimando alrededor de 130.000 clientes de ESVAL S.A, más de 500 mil personas del Gran Valparaíso prescindirían de este vital elemento. Por otra parte, y dada la magnitud del evento la reparación podría tardar días por el fraguado de los materiales, estimando a priori entre 48 a 72 horas de trabajos, luego la reposición hasta alcanzar el régimen continuo puede tardar otras 24 horas. Es más, este evento podría volverse repetitivo en cada suceso sísmico.

Lo descrito por ESVAL no solo es una vulneración al derecho urbanístico [a la ordenanza local del Plan Regulador (artículo 22) o a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (área de riesgo)], sino que es una descripción elocuente de lo que es capaz de llegar a hacer una inmobiliaria por una tajada de plata: poner en riesgo y jugar con la vida de toda una comunidad. Nos preguntamos por qué ESVAL no avisó antes sobre esto. ¿Y si nunca hubiese evidenciado esta situación? Nos preguntamos por qué la dirección de obras, teniendo alta capacidad de información y fiscalización mediante los inspectores técnicos de obras (ITOS) nunca detectó esto; nos preguntamos por qué Sergio Miranda y Matías Valdés (ambos directores de obras durante este periodo) no han invalidado el permiso, teniendo las espaldas de Contraloría y de sendos reclamos de invalidación para hacerlo. ¿Qué esperan?

Imaginemos: ¿Y si tenemos un fuerte sismo y el edificio y/o el acueducto colapsan? ¿Qué pasaría si el edificio termina de construirse y luego de estar habitado debe soportar los embates de un terremoto? ¿Y si el edificio se parte en dos como el “Alto Río” de Concepción?

Ante el peso de la evidencia, la única solución plausible es la invalidación y posterior demolición total del edificio.