¿Y los deberes cuándo?

Junto con el discurso sobre los derechos de los niños y niñas, una parte importante de padres, profesores, juristas, legisladores y gente que ocupa, por su estatus, una posición dominante sobre los niños, articula una frase defensora de su poder: “¿y las responsabilidades, cuándo?”. Con esto nos quieren recordar quién es la autoridad en la relación padre-hijo/a, profesor-alumno, chofer-estudiante pasajero, sacerdote-niño, pero también es una forma de reclamar que el discurso sobre los derechos no sería legítimo sino se acompaña de los deberes.

La argumentación puede parecer razonable, pero si los sindicatos reclaman por su derecho a sindicalizarse o a la huelga, ningún sector les condiciona ese derecho a que cumplan sus deberes; o si los empresarios defienden “su derecho” a montar un negocio o construir una torre absurda, nadie les dice nada acerca de sus deberes. Esta diferencia en el trato para con los niños, es claramente discriminatorio.

Esta discriminación se ha vuelto a repetir. El reciente Mensaje Presidencial ha desechado la posibilidad de legislar para que los niños y niñas chilenos tengan una ley de protección integral que pueda ser el marco jurídico que norme las relaciones entre la sociedad chilena y sus niños y niñas. 

Como es conocido, la actual Ley de Menores tuvo su origen en 1928 y con ella se legitimó el que los menores de 18 años fuesen personas incapaces jurídicamente y socialmente incompetentes; solo sus padres o el Estado sabrían lo que les conviene. Particularmente, esta ley sigue actuando como un dispositivo para discriminar entre niños pobres (la mayoría de los pobres) y niños “normales”, es decir, lo que se conoce como de “familias bien constituidas”. Para los niños pobres, “irregulares”, está el SENAME, tanto para meterlos en encierro o para aplicar programas de escaso presupuesto y con bajo impacto en el cambio de sus vidas.

Todas las instituciones que trabajan con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad habían consensuado con una comisión del gobierno y 34 senadores, un proyecto de ley para reconocer los derechos que todos los menores de 18 años tienen por el solo hecho de ser chilenos, con independencia de su condición social, económica o étnica. Se trata del esfuerzo más importante realizado en estos 22 años desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño… y se ha desestimado.

Es en el contexto anterior que escuchar al presidente decir que aunque los niños no marchan ni protestan, su voz se escucha siempre, y además, fuerte y clara, no son más que palabras.

Mencionar a los adolescentes en el capítulo de seguridad ciudadana y anunciar en ese contexto que se enviará un proyecto de división del SENAME para crear el “Servicio de responsabilidad penal adolescente” y otro servicio para los niños en protección, no hace más que ratificar que los niños y niñas carecen del reconocimiento de sus derechos y que la sociedad sólo se relaciona con ellos para exigirles el cumplimiento de sus deberes. Esto sí que es discriminar a una parte de la población por su condición etaria.

En definitiva, el Estado de Chile sigue en deuda con la principal demanda del Comité de Derechos del Niño de la ONU, con lo solicitado por todas las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, con decenas de parlamentarios y con los propios niños y niñas que no son escuchados en La Moneda.

Hace falta preguntarse: y los deberes del Estado de Chile, ¿cuándo?

* Osvaldo Torres es antropólogo, magíster en historia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Es Director Ejecutivo de ACHNU-Prodeni y académico en la Universidad de Chile.