El caso de Belén, niña de 11 años embarazada producto de reiteradas violaciones por parte de la pareja de su madre, ha conmocionado a la opinión pública, al contemplar que  ella “será madre” producto de la violencia a la que ha sido sometida por su entorno, con la complicidad del Estado chileno, el que perpetúa la sentencia impuesta por la Dictadura Militar,  al mantener la prohibición del aborto en todas sus circunstancias.

La voz del gobierno, la derecha, sectores de la “nueva mayoría” y diversas instituciones religiosas han sentenciado el destino de Belén, imponiéndole la responsabilidad de ser “madre”. Piñera a la cabeza de esta cruzada, públicamente felicita su “madurez” anulando una vez más, las condiciones que han llevado a Belén a estar en este contexto, considerando que ella nunca ha podido decidir sobre esta situación, y tampoco debiera estar en la disyuntiva de hacerlo. Por otro lado, la voz de la “oposición” plantea “aborto terapéutico”, en vísperas de las elecciones, lo que se contradice con su nulo actuar en defensa del derecho a decidir de las mujeres durante sus años de gobierno.

Es paradójico que una minoría de la población chilena, la elite dominante,  imponga desde el Estado Neoliberal una –su- agenda valórica a la mayoría, sin hacerse cargo de la realidad que esto  genera: maternidad obligatoria, en soledad, en pobreza y en abandono total de derechos básicos garantizados (salud, educación, etc.). Así estamos: valores globalizados, costos individualizados.

Lo anterior no es sino expresión del actuar del patriarcado en tanto sistema de dominación sexual, y que en esta ocasión se encarna en la institucionalidad política, desde  donde se producen y re-producen discursos y prácticas  cuya finalidad es mantener y sostener este sistema opresor, donde mujeres y niñas perdemos total dominio sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones.

Efectivamente, en Chile la decisión sobre la maternidad es un asunto dominado por el Estado e instituciones religiosas, el aborto está criminalizado en todas sus formas.  No obstante, su práctica es cotidiana: se realizan alrededor de 160.000 abortos al año, y mientras muchas mujeres lo practican en condiciones insalubres de clandestinidad, otras lo realizan en clínicas privadas, consignándolos con otros nombres como “apendicitis”, o en viajes a países donde es legal.

Ante estas injusticias, nuestras voces han sido silenciadas, mientras en Chile se han privatizado todos los servicios que satisfacen nuestras necesidades, la decisión de las mujeres a la maternidad es pública. Debería ser del modo opuesto, derechos sociales garantizados por el Estado, y la decisión de la mujer, en la esfera de su autonomía personal.

Nosotras decimos basta, no podemos tolerar esta violencia, es hora de organizarnos y luchar para que nuestras voces se escuchen, construyendo una sociedad con mujeres libres, conscientes y autónomas.

Hacemos el llamado a todas y todos a manifestarse, el jueves 18 de julio, a las 18:30 horas en la Plaza Cívica de Valparaíso, para dar a conocer a la población qué es lo que ocurre y lo que estamos exigiendo.

Por el derecho a decidir: aborto legal, seguro y gratuito