Se supo que el Ministerio de Transportes  terminó  con la modificación de su antecesor regente, que permitía que se instalaran malls (grandes centros comerciales) en un barrio cualquiera, porque se relativizaba aquello de “enfrentar una vía expresa o un troncal”. Con la decisión actual, casi todos los malls construidos en la Quinta Región están fuera de norma y debiesen ser demolidos y el que se pretendían construir, una vez más puedo decir que no se construirá.

No obstante, persiste la duda acerca de dónde se da la primera pasada, el primer guiño para dejar que el amigo del jefe haga alguna trampita y acelerar las cosas.

Al parecer, todo nace en la Contraloría General de la República y su contralor. Sí, tal cual, pues resulta inconcebible que, por ejemplo, ese organismo diga que los centros comerciales son actividades portuarias; que la misma Contraloría sostenga que los actos administrativos de entidades estatales se presumen legales y por lo tanto no investigue y que, al final, seamos los ciudadanos los que lo hacemos y nos encontremos solo con fecas mal olientes en los expedientes que, obligatoriamente, debieron falsificar para engañar la fe pública.

Es impresentable que a un funcionario público se le querelle por dañar el erario nacional o del Estado y que este se defienda y contrate abogados con dineros del mismo Estado.

No faltará el que diga que Contraloría no sabía. Cabe entonces destacar que todos en esa repartición son pagados con nuestros impuestos y, que su función es protegernos de esos delincuentes y no unirse o transformarse en uno de ellos.

¿Cuántas trampas se habrán permitido por esto de favorecer a los amigos o a los patrones de siempre, qué no hemos sido capaces de ver o enterarnos? La televisión y los periódicos de las concubinas del poder muestran asaltos y robos en los barrios pudientes, pero nada dicen de los innumerables robos a la patria como el cobre, el que cometen las AFPs, el del agua o el de los bordes costeros.

Debiésemos tener un instrumento represivo y punitivo eficiente para aquellos conocidos como los delincuentes de cuello y corbata que, les aseguro, con uno de sus robos podrían financiar todos los asaltos de un año completo que muestra la televisión.

La Contraloría General de la República debe ser intervenida por el Ejecutivo, por el Poder Judicial y por el Legislativo, para que vuelva a ser un instrumento de control, con autonomía y probidad, no para que sirva a los intereses de los Cuneo, de los Paulmann, de los Solari, o de cualquier piojo resucitado por obra y gracia de la polítocracia.

Ahora que el nuevo gobierno aparece tan hacendoso, quisiera sugerirles que le  pidieran la renuncia al Sr. Mendoza, actual contralor, y que no le pregunten a los que administran los partidos quien debiese remplazarlo, pues si así lo hacen, seguro terminaremos en otro bochorno como el de los gobernadores y subsecretarios.