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Recientes estimaciones emanadas del último Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS – Banco Mundial 2011) el 15% de la población en el mundo vive en esta condición, estamos hablando de mil millones de personas con discapacidad. En Chile en tanto la Fundación Nacional de Discapacitados - FND señala que la cifra podría alcanzar los 3 millones, aun cuando antiguas estadísticas oficiales (Primer Estudio Nacional de la Discapacidad – ENDISC 2004) hablan de un porcentaje un poco menor, 12.9%.

El INE (Censo 2012 - que desarrollará nuevamente), señaló que existen 2.119.316 personas. Hoy en día, los chilenos  pueden acceder a una pensión básica solidaria por invalidez que bordea los $80.000, teniendo como requisito mantener una remuneración inferior al sueldo mínimo actual de $225.000 e integrar al grupo de familias dentro 60% más pobre de la población; sin duda un golpe a la realidad y derechos de las personas sobre todo si nos detenemos a pensar que con pensiones y requisitos de este tipo no se avanza en dignidad ni mucho menos en un valor justo para vivir.

Resulta importante analizar que los tres primeros quintiles de la población chilena concentran el 43% de las personas con discapacidad del país (según el último Informe de política nacional  para la inclusión social de las personas con discapacidad  2013-2020), donde la mayor parte no ha logrado terminar sus estudios de enseñanza básica y media, una situación que desde la mirada política no puede ser olvidada.

La Ley de Presupuesto 2015 establece para la cartera del Ministerio de Desarrollo Social un presupuesto (suma en miles de pesos) de $617.127.618. Mientras que el ingreso para el Servicio Nacional de Discapacidad - SENADIS equivale a (suma en miles de pesos) $16.169.451, lo que no supera los 26 millones de dólares. En otras palabras podemos decir que sólo un 2,6% del presupuesto total es utilizado para responder a materias de discapacidad en Chile, dos décimas menos en relación al año 2014 donde en ésa fecha el porcentaje alcanzaba un 2.8% del total del presupuesto en la cartera del Ministerio Desarrollo Social; ambas cifras paupérrimas para la operatividad del bien común sobre todo si consideramos que a nivel macro, el presupuesto en Defensa Nacional 2015 es un 120% superior al presupuesto en materias de desarrollo social.

La Fundación Nacional de Discapacitados - FND, explica también que un 56% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de indigencia mientras que el 81% viven con pensión básica solidaria de invalidez. En este sentido encontramos que SENADIS mantiene los datos de la primera encuesta nacional de discapacidad (ENDISC), realizada el año 2004 con la cual se maneja información hasta el día de hoy (están desarrollando ENDISC II). Los datos entregados son preocupantes, ya que se establece que en el país un 94% de los jóvenes y adultos sobre los 24 años, nunca ha recibido atención de salud y rehabilitación respecto a su discapacidad.

En Chile existe sólo un centro asistencial público que trabaja con rehabilitación: El Instituto Nacional de rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, ubicado en la región metropolitana, Peñalolén. Sin embargo, es el único centro estatal que brinda atención no asistencialista y de manera integral y gratuita a los ciudadananos pero el rango de edad es para personas menores a 25 años no contemplando las medidas de integración a las cuales pedimos mejorar ampliando el rango de edad para la atención; debemos aunar fuerzas para una propuesta inteligente de trabajo que permita la buena focalización del gobierno en materias de Estado a largo plazo.

Nuestras Propuestas:

1.- El SENADIS debe estar bajo responsabilidad del Ministerio de Salud y no sólo de Desarrollo Social, siendo necesario reformular su misión y objetivos estratégicos.

2.- Transparentar los procesos de Selección del cargo de Director Nacional de SENADIS, con el fin de que reúna requisitos de experiencia de al menos 20 años demostrables en el Servicio de aporte a la integración, educación y promoción de derechos en discapacidad.  Por el impacto que la gestión de este puesto tiene, en la calidad de vida de millones de personas

3.- Debemos aumentar el presupuesto asignado al SENADIS que hoy llega a ser un 2,6% encaminandonos en la debida integración en materias de salud, así como en el plano de promoción de políticas preventivas e integración social y laboral.

4.- Avanzar en forma progresiva a la desmunicipalización de la administración en el servicio de atención primaria, de tal manera que el Estado tenga bajo responsabilidad directa el funcionamiento de los CESFAM, SAPU´s y Postas rurales. Es importante que se creen nuevos y más centros de atención integral de Salud, con plantas físicas apropiadas en tecnologías de diagnóstico y tratamientos pertinentes, insumos y medicamentos suficientes en cantidad y calidad, con equipos de salud constituidos por médicos especialistas en formación y certificados, así como la plana general de profesional en salud, todos ellos con fuerte vocación pública y respeto hacia los ciudadanos.

El Estado debe priorizar un trabajo eficiente y efectivo en los objetivos estratégicos para la salud, eliminando la promoción de acciones que estigmaticen a las personas con discapacidad, de tal forma de permitir un desarrollo efectivo de más y mejores políticas públicas integradoras para las y los compatriotas que hoy se ven afectados doblemente; mantener una enfermedad cualquiera sea su tipo y el daño de no tener un acceso público digno en la cobertura y atención de calidad.

Por lo mismo, mientras existan chilenos en el olvido no descansaremos en bregar por garantizar el derecho a la salud, para todas y todos en el país.

Marco Enríquez-Ominami / Presidente Fundación Progresa y Ex candidato presidencial

Gonzalo Valenzuela / Magíster © Gerencia y Políticas Públicas - Progresista

Alejandro Hernández / Presidente y Director Ejecutivo FND - Consultor en Discapacidad