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Mientras el Gobierno decide quitar de la agenda algunas reformas argumentando la situación económica por la que atraviesa el país, el discurso contra la delincuencia acapara portadas y reuniones en el seno del oficialismo. Prueba de ello, es la cita en la que participó la ministra de Justicia, Javiera Blanco, con el fin de trabajar en el plan “Diseño Operativo Antidelincuencia”.

A la reunión, que se extendió por más de dos horas, asistieron también el Ministro del Interior, el subsecretario Aleuy, los actores del proceso penal, representantes de Carabineros, el Poder Judicial y el Fiscal Nacional. El objetivo fue coordinar medidas destinadas a abordar los “puntos críticos del sistema” de enjuiciamiento criminal.

En el diseño del trabajo, será misión del subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, y del ministro Jorge Burgos el convocar a una coordinación operativa al alero del consejo nacional de seguridad pública y, paralelamente, seguirán avanzando en la comisión coordinadora de la reforma procesal penal.

Otra de las materias en las que se avanzará será en el proceso de rehabilitación. En este sentido, la ministra Javiera Blanco dijo que “hay un grupo de infractores de ley acotados, pero prolíficos y queremos que esas  trayectorias infraccionarias se puedan revertir”.

Sin embargo, no todos coinciden con que la inseguridad sea un sello país. Para muchos, el discurso de la paz ciudadana extraviada es una forma de distraer de las verdaderas necesidades del país, como por ejemplo, los debates constitucionales y de reformas como la laboral.

En ese sentido, incluso voces en la interna de la Nueva Mayoría plantean que el Gobierno se ha dejado permear por las cifras y declaraciones de la Alianza, quienes insistentemente han buscado poner los ojos de la atención pública en situaciones como la delincuencia, explican. Ejemplo de ello sería el nuevo cacerolazo por la seguridad al que se convocó, actividad que en su versión anterior fue respaldada por sectores de la oposición y que concentró el llamado a restablecer el orden público con mayores atribuciones policiales como reponer el control de identidad.

Uno de los que se muestra contrario a que el discurso de “seguridad” se imponga sobre otras reformas, es René Saffirio. El diputado DC aseguró que “claramente en materia de seguridad ciudadana se ha impuesto el discurso de la derecha, haciendo creer que la percepción de seguridad de los ciudadanos es un recurso que se adquiere entregando facultades extraordinarias a la policía, para producir el efecto de mejorar la percepción de seguridad, y eso en ningún país del mundo ha dado resultados, no es la forma”.

Con matices, el senador Alejandro Guillier comparte que es un discurso instalado desde la derecha, sin embargo, se lo atribuye a la facción económica, al empresariado, quienes “decidieron tomar el toro por las astas y asustar a la población”. Pese a su aseveración, para el parlamentario existen crecientes niveles de violencia en el país, de los cuales hay que hacerse cargo.

Para el diputado Gabriel Boric es preocupante que la seguridad ciudadana se atienda como la primera prioridad del Gobierno. Esto, recordando dichos como los de Aleuy, quien en una comisión de la Cámara hizo una estimación de “delincuentes por marcha”, de la que finalmente se retractó.

Para la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, “el instrumental que existe es suficiente para brindar seguridad”. El llamado que hacen desde el organismo es a “hacerlo más evidente, dotar de mayor inteligencia policial, pero no necesariamente reforzar las medidas de orden público aumentando atribuciones a Carabineros, o ampliando el control preventivo a un punto que podrían colisionar con el derecho a la libertad personal”.

Para Saffirio situaciones como el control preventivo solo deteriorarán las condiciones de seguridad en el país. A su juicio, es necesario trabajar en la formación policial, en impedir que los agentes de seguridad se formen en procesos de seis u ocho meses y que, antes de un año, “están en la calle con un arma en la mano tratando de controlar a los delincuentes”.

“Es eficiente invertir en métodos alternativos. Hay que tener una mirada inclusiva, trabajar por disminuir los factores de riesgo e invertir en quienes están en estado de exclusión social, por ejemplo, los niños que están en riesgo de abandono escolar. Hay que poner un acento en reducir la deserción escolar, el consumo de droga, la mirada debe ser preventiva y rehabilitadora”, explicó Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos.

“Las políticas se quedan en la superficie. Las cárceles, en la medida que no disminuyen la reincidencia, solo potencian la victimización”, dijo el experto pidiendo que se traten materias como la inseguridad, dando respuestas a todos los sectores de la sociedad y no solamente a las elites.

Sánchez profundizó en los factores de riesgo que se generan en la medida en que se profundiza la desigualdad. Por ello, llamó a preocuparse de elementos como la integración territorial, laboral y educacional, para poder disminuir estas cifras e ir así, en el largo plazo, rebajando los números en materia de delincuencia y exclusión social.