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Por Jorge Rauld González, candidato a diputado por el distrito 7

A través de diversos medios la ciudadanía ha conocido las principales situaciones irregulares que la Contraloría detectó en su auditoría al municipio porteño. Destacan al menos dos, por lo grosero de la falta, el contrato con Total Transport relacionado con el arriendo y mantención de vehículos y bateas, y las primas de los seguros contratados con Penta. En ambos casos se señala que se atenta contra los principios de eficiencia, eficacia y economicidad de los recursos públicos, lo cual es evidente al tener los antecedentes a la vista. El contrato con Penta, asegura edificios privados, haciendo aumentar la prima por considerar como propiedades a asegurar una cuadra completa en lugar de sólo el inmueble municipal.

El contrato con Total transport ha sufrido en los últimos 7 años modificaciones que han aumentado su valor en más del doble del original, consigna servicios que no siempre fueron prestados y representa un 30% del déficit municipal (que es distinto al déficit de 73 mil millones de pesos detectado en la Cormuval). Sumado a eso, en el caso de Total Transport, se estima que comparando el contrato suscrito con la alternativa de adquirir los camiones por parte del municipio, esta segunda era económicamente más conveniente.

Entonces cabe preguntarse ¿por qué se decidió hacer las cosas de esta manera en la administración de Castro? ¿qué podemos hacer para evitar que vuelva a pasar? La primera pregunta deberá responderla oportunamente el ex alcalde, su administración y los concejales que dieron visto bueno a sus medidas, es parte de la evaluación política que se debe sumar a las posibles penales y administrativas que puedan iniciarse a partir del informe final de contraloría, pero la segunda nos corresponde como ciudadanía preocupada por el destino de su ciudad. Es en esa que quiero profundizar.

Muchas veces el comentario popular dice “da lo mismo, si todos roban” y se asumen situaciones donde el dinero público no llega a su destino como algo normal, como parte del funcionamiento regular. Que sean cada vez más frecuentes estas irregularidades y que la corrupción esté institucionalizada no significa que tengamos que aceptarlo, porque lo cierto es que cuando las platas públicas se usan mal perdemos todas y todos, especialmente al nivel de la administración municipal, donde el ordenamiento del Estado ha hecho recaer importantes tareas, como la educación, salud, aseo, programas sociales y hasta las elecciones entre otras, sin dotarla de las suficientes herramientas para asumirlas.

¿Cuánto se podría haber hecho con la plata que se malgastó en los contratos hoy cuestionados? Las prioridades de la ciudadanía no pueden quedar de lado por el mal manejo de sus autoridades, pero actualmente los controles mostraron no ser suficientes para prevenir estas situaciones. Ni el concejo municipal porteño fue capaz de ponerle atajo, es más pareciera haber actuado con excesiva permisividad. ¿Habrían aceptado las porteñas y porteños estas situaciones de haberse conocido pública y oportunamente? Seguramente no, y es por eso que la ofensiva de la ciudadanía debe seguir la senda de la profundización y fortalecimiento de la democracia, con las manos limpias y las prioridades de la mayoría como brújula.

Para esto debemos pensar en modificaciones a la normativa vigente para los municipios, tanto en relación a los controles a los que están sujetas las autoridades, como también a los mecanismos efectivos de participación ciudadana cuando se celebran contratos o se implementan iniciativas que requieren de grandes porcentajes del presupuesto municipal o comprometen a la ciudad por largos periodos. La Contraloría cuenta con resoluciones en estas materias, detalladas en el preinforme, que de adquirir un rango legal, podrían ser un gran aporte en el control de las administraciones municipales, como por ejemplo la obligación de que directivos vigilen continuamente sus operaciones y tomen acciones oportunas al detectar irregularidades que atenten contra los principios de economía, eficiencia y eficacia. Pero también se deben fortalecer las competencias que tiene la ciudadanía y sus organizaciones para fiscalizar, controlar y proponer a la hora de hablar del gasto público local.

Nuestro horizonte es que la ciudadanía tenga participación efectiva incluso en el diseño y la toma de decisiones, lo cual sabemos requiere de una serie de cambios y luchas política que debemos asumir como Frente Amplio, pero al menos hoy debemos partir por impulsar modificaciones legislativas, pensar en una Nueva Ley de Municipalidades, que prevengan estas situaciones que fueron detectadas en Valparaíso para terminar con las malas  prácticas de un modelo de gestión municipal instaurado por la Derecha y la Concertación. En esto es central el fortalecimiento de la organización ciudadana para que tome parte activa en los procesos institucionales y se involucre en la toma de las grandes decisiones que van dándole forma a nuestras ciudades. A lo largo del país debemos promover la consolidación de comunidades robustas que puedan ponerle atajo a cualquier irregularidad donde unos pocos se estén enriqueciendo a costa del resto, pero sobre todo para recuperar la soberanía de pensar y decidir cómo se vive la vida en la ciudad.