Hace ya seis años, en su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013, el Instituto incluyó en uno de sus capítulos la violación del derecho humano al agua.
<p>Hace ya seis años, en su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013, el Instituto incluyó en uno de sus capítulos la violación del derecho humano al agua.</p>
La Sede regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente –MODATIMA, presentaron las principales conclusiones de lo que fue la actualización del Informe de la Misión de Observación en la Provincia de Petorca.
El documento es fruto de un trabajo en terreno y del monitoreo desarrollado durante 2017 y 2018 para actualizar el diagnóstico de la sequía en la zona y asegurarse de que se priorice el consumo humano. Su objetivo es el cumplimiento de las recomendaciones que entregó el INDH en una misión de observación desarrollada en las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua en 2014.
Hace ya seis años, en su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013, el Instituto incluyó en uno de sus capítulos la violación del derecho humano al agua, consignando la provincia de Petorca como un ejemplo del complicado panorama regional de escasez del elemento vital.
Un año después –en el contexto de una misión de observación- el INDH concluyó que existían problemas graves en torno al acceso al derecho humano al agua, entre ellos, la sequía que afecta la zona y la priorización de uso del agua para actividades agroindustriales, tales como cultivos de nogales y paltas.
Dentro de los principales hallazgos de este informe de seguimiento 2018 se concluye que “el problema de escasez hídrica persiste, tanto por la persistente sequía como por la sobreexplotación del recurso, por la insuficiencia del marco regulatorio vigente, y por la ineficacia de las acciones adoptadas por las autoridades”.
Fernando Martínez, jefe regional del INDH Valparaíso, sostuvo que “se constató que el Estado no ha realizado acciones suficientes para garantizar el derecho humano de acceso al agua en condiciones de igualdad y no discriminación, pues sigue existiendo tensión social en la zona, tanto por la inseguridad de comunidades cuyo suministro depende de camiones aljibe, como por las dificultades que afectan a quienes defienden el derecho al agua”.
“A esto se suman importantes carencias normativas (sigue pendiente la reforma al Código de Aguas de 1981) y la necesidad de que la DGA incremente sus acciones de fiscalización y sanción, aprovechando las nuevas facultades que le otorga la Ley 21.064”, añade Martínez.Revisa aquí los informes relativos a este caso
