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Este martes una red de organizaciones observadoras de derechos humanos que se constituyó posterior al 19 de octubre para constatar las situaciones de violaciones a los derechos humanos en la comuna, entregó un preinforme de la situación al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, siendo un primer paso en la información que se llevará hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Daniela Marzi, coordinadora de la mesa que produjo el documento, expresó que estas organizaciones “se constituyeron en las comisarías, fueron a observar protestas, realmente fueron observadores de una serie de irregularidades e ilegalidades que ocurrían con las detenciones, específicamente en toque de queda, pero también una excesiva represión en la calle, en la que se ve un manejo del orden público muy cuestionable, debido a que se permite que se cree un caos inicialmente, que da paso a la declaración de un estado de emergencia constitucional, para después pasar a una fase de represión que está dirigida a las personas que ejercen su derecho a la protesta y en el caso de Valparaíso, permiten que la ciudad sea saqueada e incendiada, en la que entonces uno no entiende a lo que se refiere el resguardo del orden público”.

Ana Timm, integrante de la Red de Abogadas Observadoras de Derechos Humanos y directora de Equidad de género e igualdad de la Universidad de Playa Ancha, explicó que pudieron observar “graves vulneraciones a los derechos humanos en los contextos de la detención, principalmente manifestaciones de uso excesivo de la fuerza, que en sus versiones más graves comprenden prácticas de torturas, ahorcamiento, violencia sexual, pero también graves vulneraciones donde no necesariamente las personas llegaban a ser detenidas o su detención controlada por un juez de garantía, si no que personas que eran agredidas en el espacio público, donde tenemos casos muy graves con el uso de los balines, bombas lacrimógenas, el exceso de prácticas ilegales y desproporcionadas del carro lanza aguas” detalla.

Inés Robles, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, quienes abrieron la clínica para la contingencia, específicamente para los casos de violaciones a los derechos humanos, dijo que “nosotros tenemos alrededor de 45 casos de los cuales el 80% va a ir para querella, las que serán por lesiones, apremios ilegítimos, que han sufrido personas que han estado en las manifestaciones y otras que han estado dirigiéndose a sus trabajos, esperando micro, yéndose hasta sus casas, cerca de sus hogares, en situaciones muy distintas cada una de ella”.

Tania Madriaga, directora de la Secretaría Comunal de Planificación señaló que “este trabajo surge de la preocupación que desde el primer de este contexto de movilización social nacional pudimos observar sistemáticos hechos que fueron dando lugar a que Valparaíso como ciudad, como territorio, lugar de vida de los porteños y porteñas fuera viendo vulnerados sus derechos individuales y colectivos respecto a la vida social que se da vinculado a cuestiones muy graves que han sucedido respecto a los derechos humanos de las personas y los derechos fundamentales de manifestarse, de plantear una voz crítica en un contexto nacional donde todo el país se ha sumado a este llamado”.

El alcalde Jorge Sharp junto con recibir este preinforme anunció la creación de una oficina en pos de la protección de los derechos humanos en la Municipalidad de Valparaíso.