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Municipio de Valparaíso entregó a la misión de las Naciones Unidas que visitó Chile un informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la ciudad luego del estallido social que vive el país desde el 19 de octubre. 

Según consigna El Mostrador [8], a partir del trabajo en comisarías, desde el inicio del conflicto se registró un total de 46 detenciones de menores en Valparaíso, de los cuales 21 han pasado o se encuentran en Red Sename, es decir un 45,6%. “Estamos frente a una nueva vulneración en sus cortas vidas, en manos del Estado”, señala el reporte.

Según el documento, esta es una nueva prueba de “cómo el Estado ha promovido la violencia y la vulneración grave a los derechos humanos, sumando a la lista de este estallido social la pasividad de los servicios que protegen y promueven "los niños primero" (slogan del gobierno), la agresividad física y psicológica de los agentes del estado y la falta de coordinación y de protagonismo  del  Servicio Nacional de Menores (Sename), en el resguardo de la protección de lo consagrado en la Convención de los Derechos de los Niños”.

Informe también constató varios episodios de vulneraciones, como el de un adolescente baleado en su globo ocular, además de 2 balines en brazo derecho y costado izquierdo de su rostro y otras situaciones como desnudamientos, básicamente en niñas adolescentes (sin descartar que esto se haya presentado también en niños); golpes, rotura de dientes; y amenazas como la aplicación de uso de electro shock.

A su vez, el reporte agrega que se pudo constatar la falta de cumplimiento de la normativa que resguarda a los niños, niñas y adolescentes en casos de detenciones, “impidiendo el contacto telefónico con sus familiares, la mayoría de las veces sin acceso a agua y a baño durante su detención, sin constataciones de lesiones inmediatas, sino que realizadas luego de varias horas después y en presencia de personal policial, sin poder entrevistarse con un abogado de manera privada”. 

También un relato de un centro de detención ilegal al que fueron llevadas una madre y su hija adolescente.

El documento de 44 páginas fue entregado al equipo de Observadores de las Naciones Unidas y señala que “Valparaíso quedó completamente abandonado y desprotegido por parte de las fuerzas policiales, produciéndose distintos disturbios e incendios en el plan de la ciudad”.

Además, que “existió una casi nula logística de trabajo, dada la no identificación de puntos calientes, vulnerables o conflictivos de la ciudad, demostrándose una total ineficacia en la mantención del orden público, privilegiándose la desmedida represión de la protesta social y tolerándose o incluso permitiéndose los saqueos que se producían”.

Sobre el toque de queda, afirma que “Además de su inconstitucionalidad, estimamos que dicha medida restrictiva contribuyó paradójicamente al caos en Valparaíso”.

En informe participaron la Defensoría Derechos Humanos Valparaíso, la Red de Abogadas Observadoras de Derechos Humanos Valparaíso, la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, el Comité de Emergencia y Resguardo de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, además de académicas, académicos, abogadas y abogados, estudiantes y actores sociales.

Foto: Huawei / Agencia Uno