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A un año del homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca, continúa el proceso judicial para determinar las responsabilidades de los carabineros acusados por ese y otros delitos, en el contexto de la muerte de comunero de Temucuicui, en Ercilla, Región de La Araucanía. La audiencia de juicio oral –paso siguiente del proceso judicial-, quedó  fijada para el viernes 30 de noviembre a las 9:00 horas, en el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol.

La tarde del 14 de noviembre de 2018, Camilo Catrillanca y su amigo de 15 años de iniciales M.A.P.C.-, se trasladaban en un tractor, por un camino de la comunidad mapuche de Temucuicui. Minutos antes, en un sector cercano, ocurrió un delito que generó un operativo de carabineros –en específico del Comando Jungla-, que formaba parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (Gope), para enfrentar la violencia rural en las regiones de La Araucanía, el Biobío y Los Ríos, y que culminó con el fallecimiento del joven mapuche, y con las torturas que sufrió M.A.P.C.  Inmediatamente comenzó la acción del INDH.

Desde el momento de recibir la noticia de la muerte del comunero Catrillanca, el INDH a través de su sede regional de La Araucanía acompañó a la familia en las diferentes diligencias que se han llevado a cabo.

Primero, funcionarios del INDH se apersonaron en la Comisaría de Collipulli para entrevistarse con las personas detenidas en el marco del caso, entre ellas M.A.P.C. de quien se obtuvo el relato de los hechos y los antecedentes clave que han marcado los pasos del caso. Luego abogados del INDH participaron en la audiencia de control de detención de M.A.P.C., ocasión en que fue declarado ilegal su arresto.

En paralelo un funcionario del INDH participó de la autopsia de Camilo Catrillanca, en la diligencia de observación ocular del suceso facilitando la presencia de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público a través del fiscal especial mandatado. También el INDH fue parte de la reconstitución de escena de los eventos y de la toma de declaración a los carabineros implicados en el caso.

Proceso judicial

Hasta ahora cuatro acciones judiciales fueron presentadas por el Instituto: una querella por el homicidio de Catrillanca; una segunda acción por la obstrucción a la investigación que habrían protagonizado los carabineros que participaron del operativo que culminó con la muerte del joven mapuche; y una tercera por el homicidio frustrado del adolescente mapuche de 15 años M.A.P.C. que acompañaba a Catrillanca al momento de su muerte y que observó todo el suceso.

Estas se suman a la querella por las torturas que habría sufrido M.A.P.C. tras ser detenido en el marco del operativo del denominado Comando Jungla de Carabineros de Chile, formalmente conocido como Grupo de Reacción Táctica.

En total los imputados son ocho. Dos de ellos ex generales de carabineros y se les acusan diferentes grados de participación: homicidio calificado consumado (Camilo Catrillanca); homicidio calificado frustrado (M.A.P.C.) a quienes dispararon y a todo el resto por el tema de la alteración y ocultación de la evidencia, como “encubridores” del delito de homicidio calificado. Además se imputó el delito de disparo injustificado de la ley de armas y también obstrucción a la investigación.

El INDH es además el único interviniente querellante en la causa que ha ampliado la querella, involucrando a los ex generales de Carabineros Franzani y Victoriano, y a otros seis ex policías, buscando así cumplir con los estándares de una debida investigación, e intentando elevar la responsabilidad por el mando en los hechos investigados, a fin de buscar terminar con la impunidad en casos de violencia policial del estado contra el pueblo mapuche.

Federico Aguirre, jefe regional de La Araucanía del INDH, indicó que “el homicidio de Camilo Catrillanca no representa un hecho de violencia aislado, responde a un patrón de vulneraciones graves de derechos humanos, de que han sido víctimas integrantes del pueblo mapuche, que no puede quedar en la impunidad”.

El jefe del INDH complementa que el Estado “tiene la obligación de garantizar el acceso a la justica a las víctimas y su familiares; de determinar las responsabilidades criminales; y de imponer las sanciones adecuadas y proporcionales al daño ocasionado. Además se deben adoptar medidas de reparación, incluyendo garantías de no repetición de hechos de este tipo”.

Cabe recordar que cuatro de los carabineros que protagonizaron el procedimiento fueron dados de baja, por haber destruido el material audiovisual de una de las cámaras que grabó los hechos. Esto luego de haberse conocido públicamente otras versiones de la policía que originalmente aseguraban que el procedimiento no habría sido registrado.