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Por Patricio Rozas

La acusación constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, constituía un factor de preocupación de no menor importancia para el gobierno de Sebastián Piñera. 

Con un nivel de respaldo prácticamente inexistente, carente de un programa de gobierno, abortado al poco andar, y sobretodo, prisionero de la incapacidad del Presidente para entender y asumir la naturaleza de la crisis desbordada que el país enfrenta desde el 23 de octubre, esta nueva acusación contra una autoridad de gobierno (la sexta en lo que va corrido de esta administración) por nuevas violaciones a derechos ciudadanos básicos, representaba un nuevo eslabón de su progresivo debilitamiento, apenas tres meses antes del plebiscito que el gobierno debió convocar ante la evidencia de su aislamiento y por la movilización de millones de chilenos y chilenas que exigen un nuevo país y orden social.

Fundamentos de la Acusación Constitucional contra Guevara 

Para los partidos de oposición, sin mayor distingo, la acusación constitucional contra el Intendente Guevara se fundaba en el hecho de haber éste aumentado la intensidad y la fuerza de las acciones represivas sobre la ciudadanía movilizada, estrategia que solo había contribuido a aumentar los niveles de violencia y los daños a las personas, así como a la propiedad pública y privada. Como nunca, la acción policial no estaba centralizada en el control del vandalismo, el saqueo y la violencia de grupos delincuenciales, sino en reprimir las manifestaciones sociales. 

Para la aprobación de la acusación constitucional y posterior destitución de Guevara, la oposición requería de la mayoría de senadores en ejercicio (22 votos), lo cual era factible si se considera que los partidos opositores tienen 24 escaños en el Senado. Sin embargo, la ausencia de los parlamentarios José Miguel Insulza (PS), Rabindranath Quinteros (PS), Felipe Harboe (PPD), y Ximena Rincón (DC), sumada a la abstención de los senadores DC Jorge Pizarro y Carolina Goic, determinaron que por 18 votos a favor, 15 en contra, 2 abstenciones y un pareo, el libelo fuera rechazado. 

Ausencias inexcusables de senadores Insulza y Quinteros

Como ciudadano me duele la indiferencia y desprecio de los parlamentarios señalados por quienes han ofrendado su vida para cambiar de una vez el orden constitucional que cautela un régimen económico injusto, indigno y abusivo de las grandes mayorías nacionales, a la par de los centenares de jóvenes que resultaron mutilados en su visión. Como socialista me avergüenza e indigna que, específicamente, dos senadores del PS hagan abandono de sus tareas primordiales de representación del pueblo socialista y del legado de lucha, valores y principios del presidente Allende en defensa de los intereses básicos del pueblo de Chile. 

Los senadores Insulza y Quinteros, con su omisión, liberaron de responsabilidad política al Intendente Guevara de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su gestión. Viajes al exterior, o a Taltal, terminaron siendo más importantes que el incremento de manifestantes fallecidos, mutilados, mujeres y jóvenes abusados sexualmente, secuestros en vehículos particulares por personal policial no identificado, empleo de elementos químicos prohibidos internacionalmente en el control de disturbios, entre otras prácticas ilícitas y del todo repudiables, que constan en los varios informes de organismos internacionales que han verificado este proceder.  

Por cierto, no pasa inadvertida la soberbia de quienes han sido condenados enérgicamente por la militancia y la ciudadanía empeñada en poner término al orden neoliberal que asfixia a la mayoría del país, cuando responden que no tienen que dar cuenta a nadie de sus actos y decisiones. Olvidan, lamentablemente, que son meros mandatarios de la ciudadanía que los ha elegido en su representación. Así vieron esfumarse en un santiamén sus aspiraciones y sueños presidenciales.

No es mi pretensión centrar el análisis en el amplio rechazo y condena recibido por los seis senadores cuestionados en el ámbito local y redes sociales. Basta mencionar las categóricas y enérgicas declaraciones emitidas por las direcciones del PS a niveles regional y comunal en Valparaíso, y en numerosos otros territorios del país, que incluso hacen mención a la transgresión de principios partidarios y estatutarios, y acuerdos congresales recientes por parte de los senadores socialistas Insulza y Quinteros. Antes que eso, prefiero sugerir algunas líneas de interpretación de la inconducta y sus consecuencias posibles.

El “partido del orden”: política y sociedad

El rechazo a la acusación constitucional contra el Intendente Guevara no hace sino profundizar el divorcio entre parte importante de la clase política y la ciudadanía, aspecto sustancial de la crisis de representación y legitimidad del sistema político que nos rige, y que tiene enfrentados a la sociedad política con la sociedad civil de manera inconducente al carecer los actores más relevantes los canales adecuados de interlocución. 

Tanto el gobierno de Piñera como los senadores miembros del "partido del orden" que intentan apuntalarlo con el propósito de evitar una mayor desinstitucionalización del conflicto en la esfera de lo público, no entienden que Chile no enfrenta únicamente un problema de orden público, o de un gobierno que ya no manda —los llamados “procedimientos” de las fuerzas policiales parecen fijados completamente al margen y desconocimiento de la autoridad política—, sino de agotamiento del modelo de dominación económica, social y política construido según los principios neoliberales, fracasados en Chile y demás países que los aplicaron. 

Especialmente en Chile, la situación de abuso, precariedad e indignidad que conlleva “el modelo” terminó de poner a la ciudadanía al borde de su resistencia, no obstante las cifras macroeconómicas que sus defensores sacan a relucir para desvirtuar el descontento generalizado y la desesperanza de un futuro promisorio para cada familia. 

Así, las excusas casi infantiles expuestas por los senadores para explicar su ausencia o su acento en las débiles argumentaciones técnico-jurídicas, definidas a contracorriente del sentir mayoritario ciudadano, a sabiendas que el objetivo perseguido por la oposición era entregar una señal política al gobierno de privilegiar el diálogo en vez de la represión, solo mal disfrazan la cooptación de la cual ha sido objeto parte de la clase política por los grupos económicos dominantes durante la dilatada transición a la democracia que ha caracterizado al proceso chileno que ha debido seguirse para poner fin a los enclaves de la dictadura. 

Esta cooptación, plasmada en numerosos casos en la incorporación de dirigentes políticos a los directorios de grandes empresas pertenecientes a los principales beneficiarios de la dictadura y del “modelo”, cuando no mediante lazos familiares con la élite gobernante, ha terminado por colocar a los miembros del “partido del orden” en condición de garantes últimos del orden neoliberal y de sus administradores más directos, el “piñerismo”. Ello, a pesar del desgaste creciente de sus principales exponentes, experimentado en sus respectivos partidos. Aunque varios de ellos han terminado emigrando definitivamente hacia la derecha, los que restan han desplegado ingentes esfuerzos para frustrar reiteradamente un juicio político a los responsables de un gobierno autista, incapaz de escuchar e introducir los cambios que el país requiere para terminar con las múltiples situaciones de abuso e indignidad que el modelo contiene. 

Para la derecha más recalcitrante y comprometida con su defensa, estas “externalidades” parecen no existir. Lo único relevante pareciera ser un punto más o menos de crecimiento del PIB, independientemente de cómo este se haya logrado. De hecho, el gobierno recibió con júbilo el IMACEC de diciembre, que sugiere un mayor nivel de actividad económica a pesar de la crisis. Para el 90% restante de la población, sin embargo, lo relevante sigue siendo el abuso en las pensiones, el sobreendeudamiento, las colusiones, la justicia clasista y desigual que castiga con cárcel al vendedor ambulante y con clases de ética al que defrauda al Estado en millones de dólares, la indignidad de la salud pública, un sistema educacional que no permite la movilidad social ni la meritocracia, incluso los precarios mecanismos de reclutamiento laboral al margen del espíritu de casta que impregna el accionar de los grupos dominantes. 

Insulza y demás miembros del "partido del orden”, sin duda, nuevamente le dieron algo de oxígeno a un gobierno que ya no tiene legitimidad ni fuerza para suscribir una salida a la crisis, pero no lograron quebrar la oposición como seguramente pretendían. Es de suponer que, en el contexto de crisis que el país presenta, los senadores midieron con exactitud las eventuales consecuencias de sus actos como los zorros viejos que son, las que se relacionaban con el resurgimiento de las desconfianzas entre los partidos opositores, la facturación de la ventaja pequeña, las agendas del camino propio y la fragilidad de su articulación. Esta vez, sin embargo, hubo un error de cálculo. Aunque hubo unos cuantos gruñidos, la base militante de los partidos de oposición (pero sobre todo, del movimiento social que ha sustentado este proceso transformador) se mantuvo firme en sus convicciones, no obstante el desencanto producido, entendiendo que su unidad es fundamental para enfrentar el desafío del 26 de abril.

Foto: Huawei / Agencia Uno