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Un nuevo informe de derechos humanos comunal fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita por Chile, el que enmarca lo sucedido posterior al estado de excepción constitucional en Valparaíso, donde la población se ha visto vulnerada en ámbitos como el debido proceso, han sido violado los derechos de niños, niñas y adolescentes o no se ha respetado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación producto del gas y polvo lacrimógeno.

Aníbal Vivaceta, profesor de salud pública de la Universidad de Valparaíso advierte que es preocupante el agua mezclada con polvo lacrimógeno utilizada por carabineros señalando que “esto se ve en todos los conflictos armados, pero en las guerras se ve que hostigan a la población civil como una forma de quitarle apoyo a las fuerzas que hay ahí, entonces es como una estrategia de guerra utilizada por agentes del estado pagados con nuestros impuestos y que están produciendo una intoxicación bastante severa”.

Vivaceta añade que “las lacrimógenas producen daños comprobados a largo plazo, tanto en las vías respiratorias, como en el hígado y en los riñones, tienen riesgo importante de algunas complicaciones como infartos y estamos viendo en la población de aquí –yo soy vecino también de este barrio Aníbal Pinto- casos de personas que están llegando al hospital producto de momentos en los que hay un gran lanzamiento de lacrimógenas, la persona se empieza asfixiar, se empieza a ahogar y termina en la UCI, eso está ocurriendo ahora y son agentes del estado, que con el pretexto de mantener el orden público, nos están intoxicando”.

Otra situación preocupante es la vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde el 58% de un total de 105 detenidos en contexto de protestas sociales se encontraban o estuvieron en algún programa de la Red Sename, quienes según sus declaraciones sufrieron amenazas de muerte, abusos sexuales (tocaciones), desnudamientos, golpes de pie, puño y mano, impactos de perdigones y golpes de luma en el cuerpo.

Gisella Escobar, abogada del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso, sostuvo que “pudimos profundizar en algunas recomendaciones a toda la institucionalidad, que tiene por deber el resguardo de los derechos fundamentales, no solo carabineros, sino que también los diferentes juzgados que aplican todos los recursos que existen para poder tutelar y proteger los derechos de las víctimas, y a otros organismos que tienen un rol relevante, como la fiscalía, la defensoría, la intendencia, y los servicios de salud que han recibido a los lesionados, detectándose ahí ciertas deficiencias en la atención o la falta de un enfoque de derechos en los profesionales de salud, todas esas recomendaciones son conclusiones que se llegó con las organizaciones en esta mesa de trabajo”.

Si deseas revisar el informe completo y en detalle lo puedes hacer en https://bit.ly/2vsN5zV [7].