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Por Patricio Herman

Hace un tiempo atrás la empresa coreana Hyundai acusó al gobierno chileno de no pagarle una suma del orden de los US$ 300 millones por obras adicionales, ejecutándose en el puente de Chacao, impartidas verbalmente por el MOP, para mejorar ese largo viaducto que unirá el archipiélago de Chiloé con el continente. Recordemos que esta idea fue propuesta en el gobierno de Frei Montalva por el diputado DC de la zona Félix Garay. Este proyecto, bajo la modalidad de suma alzada, luego con un precio fijo de US$ 700 millones, le fue asignado a la empresa a través de un contrato para diseñar y construir el puente. 

Sobre la marcha, dado que esa empresa extranjera había amenazado con paralizar las faenas, el MOP a través del ministro Alfredo Moreno, le respondió enérgicamente que su ministerio ha cumplido y cumplirá estrictamente sus compromisos de acuerdo al contrato y que, por ello, le espetó a Hyundai que debería hacer lo mismo, dejando en claro que los conflictos se resuelven en los tribunales de justicia.

Ante lo cual esa empresa replicó que era víctima de un trato descortés y abusivo por parte de su mandante y que el gobierno se ha desentendido de la situación, a pesar de que ella ya ha realizado los trabajos asociados al nuevo diseño decidido por el ministerio y que, a pesar de ello, espera que exista un diálogo para solucionar la controversia, pues es inconveniete para todos llegar a los tribunales de justicia.    

Como vemos, la operación de este viaducto no es bajo la modalidad de concesión y por lo tanto no tiene ni subsidios ni ingresos mínimos garantizados por el Estado, habituales en las diferentes concesiones y al respecto recordamos lo que en su momento dijo el ex ministro del ramo Eduardo Bitrán, experto en evaluación de proyectos. Señaló que esta obra no se justificaba desde el punto de vista de la rentabilidad social pues los flujos vehiculares estimados eran insuficientes, pero Piñera en los inicios de su actual gobierno adoptó la decisión de formalizar el contrato con Hyundai por la suma antes indicada. 

La pelea pública-privada se mantuvo por un cierto espacio de tiempo y supimos por la prensa, qué me perdone el hijo de Bachelet por utilizar su frase patentada por él, que en una reciente visita de Piñera a la región de Los Lagos, aseguró que la construcción del puente no se detendrá bajo ninguna circunstancia pues este proyecto “beneficiará a todo el país” (sic), aunque no manifestó que los principales favorecidos serán las empresas salmoneras y él mismo que tiene 118.000 hectáreas en sus maravilloso parque Tantauco, comprado en Panamá a un ciudadano norteamericano a través de una de sus sociedades offshore.   

Lo que todavía no se sabe es quien asumirá el altísimo costo de las obras adicionales realizadas por la empresa coreana, asunto que todavía no se ha judicializado y este lamentable caso le ha dado la razón al ex ministro Eduardo Bitrán. En su tranquilizadora alocución, difundida por los medios de prensa, Piñera omitió decir en qué consistía el arreglo y ni el actual ministro Alfredo Moreno ni su sustituto tampoco han dicho nada concreto. Pero sí el Gobierno hasta el cansancio ha manifestado públicamente que no pagará ni un peso más de lo fijado en el contrato y por ello estimamos que sería asaz vergonzoso que, apremiado por el contexto que estamos viviendo, Piñera le ordene al titular del MOP que se le paguen los millones de dólares que Hyundai reclama. 

Por el contrario, si el gobierno no paga la suma de la discordia, Hyundai en defensa de sus intereses, tiene 2 caminos a seguir: interpone una acción en los tribunales judiciales chilenos o bien recurre ante el CIADI, organismo internacional  con sede en Washington, EEUU, cuya misión es resolver diferencias contractuales relativas a inversiones en los países. En todo caso entendemos que los más altos funcionarios del MOP, que se relacionaban comercialmente con la empresa contratada, tendrán que dar un paso al costado y volver a sus actividades privadas.     

No sabemos como se resolverá el entuerto, pero sí ha quedado en evidencia que este deplorable episodio es demostrativo de la negligencia, o incompetencia, que tienen los funcionarios públicos que firman contratos con actores privados y en tal sentido los ejemplos del puente Cau Cau y de la desatada corrupción en Temuco denunciada por el contratista Bruno Fulgeri lo dicen todo.