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La última esperanza de los opositores al Mall Barón

28 Octubre 2013

Documentos del Consejo de Monumentos Nacionales y ordenanzas municipales acreditan que donde hoy se construye Puerto Barón hay vestigios arqueológicos.. Recurso de ilegalidad busca demostrar que permiso está de construcción está mal otorgado.

El Martutino >
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El Muelle Barón fue construido entre los años 1910 y 1912. En sus comienzos tenía un uso exclusivo para mover carbón, pero paulatinamente se le fue quitando espacio al mar y rellenando con cemento el lugar donde ahora está la bodega Simón Bolívar. Abajo fueron quedando barcos, el muelle de carbón, infraestructura industrial, ferroviaria, defensiva y las obras de canalización del antiguo Estero Las Delicias. Patrimonio arqueológico declarado Monumento Nacional según la Ley 17.288.

Incluso, una ordenanza del año 2005 (adjunto en archivos descargables) firmado por la secretaria ejecutiva (s) del Consejo de Monumentos Nacionales, Susana Simonetti, y enviado al secretario ejecutivo (s) de la comisión regional del medio ambiente, señala que debe asegurarse la adecuada conservación de este patrimonio cultural de Valparaíso.

Hoy, en esos mismos lugares se está construyendo el proyecto Puerto Barón. Arqueólogos contratados por Mall Plaza estarían supervisando si se encuentran vestigios históricos mientras se realiza el gigantezco hoyo para los estacionamientos subterráneos del centro comercial. 

Recurso de ilegalidad

Un nuevo recurso de ilegalidad fue presentado por los abogados Mario Zumelzu y Lorena Velasquez en representación del biólogo Salvador Donghi y Jorge Bustos.

Según señalan, que haya vestigios arqueológicos en este lugar significa que el permiso de edificación está mal extendido.

Mario Zumelzu explica que en los certificados de informaciones previas, documento que entrega la dirección de obras en que de alguna manera "se raya la cancha" a quien está presentando un permiso de construcción, debió señalar que se está en presencia de restos arqueológicos y patrimoniales. Por lo tanto, este permiso de edificación nunca podría haberse otorgado sin antes haber tenido un estudio de impacto ambiental y una autorización del Consejo de Monumentos. "El permiso es ilegal por cuanto no se consideró un estudio de impacto ambiental, no se consideró la autorización del Consejo de Monumentos, no se incluyó en los certificados de informaciones previas su condición de patrimonial y de área protegida que tiene esta área", señala el abogado. Además, "la ordenanza del plano regulador de Valparaíso en su artículo 23 se refiere a este catastro, pero nosotros no lo conocíamos, sólo lo conocimos en estos últimos días y hemos determinado que en el área que se pretende construir este proyecto, que hemos calificado como ilegal e inmoral, se emplazaría en un área en que hay monumentos nacionales y vestigios arqueológicos preservados por ley".

Salvador Donghi agrega que "no se incluye en el certificado de condiciones previas los importantes vestigios patrimoniales y arqueológicos que tiene el subsuelo y esto está debidamente acreditado en la resolución de calificación ambiental número 23 que fue evaluada favorablemente el año 2005 y además se incluyó en la ordenanza, especificamente en el artículo 23 que especifica estos vestigios patrimoniales. La dirección de obras debió dejar constancia de ello en el certificado de condiciones previas, cosa que el municipio no hizo" 

Según Donghi, "la consecuencia directa es que estos vestigios acreditarían que estamos ante una zona protegida, por lo cual el proyecto sí o sí tiene que ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta evidencia se esconde para evitar esto, que es la principal implicancia que tiene y que viene a reforzar la tesis que este permiso está mal extendido". Además, según Donghi, el remover todos estos vestigios arqueológicos sería casi tan caro como construir el centro comercial. 

Este es el segundo reclamo de ilegalidad presentado. El primero no fue respondido por el alcalde Jorge Castro, por lo que "ante la negativa con su silencio tenemos la alternativa de recurrir a la Corte de Apelaciones", afirma Zumelzu.  

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