Abriendo la cancha: Conclusiones sobre el acceso universal al deporte en el proceso constituyente

Por Movimiento 15 de Agosto

Si el deporte es, como afirman algunos, un microcosmos de la sociedad en la que éste se desarrolla, no debe resultar extraño que en un país extremadamente desigual como el nuestro, el deporte sea un ámbito más en el que esa desigualdad se manifiesta, configurándose profundas diferencias sociales en el acceso a su práctica.

De acuerdo a los datos expuestos en la Política Regional de Actividad Física y Deporte 2017-2025 Región de Valparaíso, la relación entre el nivel socioeconómico y la realización de actividad física y deporte es significativa. De hecho, en los estratos socioeconómicos bajos, sólo el 27,3% muestra interés por el deporte y lo practica, mientras que el 46,9% no desarrolla actividad deportiva alguna pese a tener interés en ello. Estas cifras contrastan con lo que ocurre en los sectores acomodados de la población, en los que el 46,7% expresa interés por el deporte y lo desarrolla.

Lógicamente una problemática como ésta reconoce múltiples causales y, por lo mismo, puede abordarse desde diversas aristas. En este sentido, creemos que una de las más relevantes dice relación con la infraestructura deportiva o más precisamente, con la ausencia de ella y la desigual distribución territorial de la misma, situación en la que incide la casi nula presencia del Estado en materia deportiva.  

Las cifras oficiales son contundentes y demuestran la baja oferta pública de infraestructura deportiva que existe en la zona. Hace no más de un año atrás le solicitamos vía ley de transparencia al Instituto Nacional de Deportes (IND) una serie de antecedentes relativos al desarrollo del deporte en la comuna de Valparaíso, incluyendo el catastro de la infraestructura deportiva comunal, para lo cual requerimos que se nos especificara cuáles son los recintos e instalaciones que forman parte del patrimonio del IND. La respuesta fue que en nuestra ciudad sólo hay 5 recintos deportivos fiscales que son de propiedad de dicho organismo, a saber, la cancha Luis Emilio Recabarren, la cancha “El Ancla” en la población Héroes del Mar, el Estadio O’Higgins, la Sede del Club Deportivo Pacífico y el Complejo Deportivo Alejo Barrios, el cual se encuentra constituido por el Polideportivo Renato Raggio, el Estadio Elías Figueroa Bránder y el Parque Alejo Barrios. No obstante, es necesario señalar que en el caso de las dos primeras, ubicadas en el 5° Sector de Playa Ancha y en el cerro Los Placeres respectivamente, es el trabajo de la comunidad organizada lo que les da vida y actividad, siendo en la práctica espacios autogestionados, pese a que en el caso de la Luis Emilio Recabarren se encuentra entregada su administración a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. El Estadio O’Higgins, en tanto, también ha sido cedido a la gestión del municipio porteño mediante convenio de administración, mientras que la sede del club Deportivo Pacífico es manejada lógicamente por ese club. Es decir, en la práctica el Estado sólo administra el Complejo Deportivo Alejo Barrios, tercerizando la gestión de los otros recintos y evidenciando de este modo las nefastas consecuencias del principio de subsidiaridad del Estado en el ámbito deportivo.

El nexo causal entre la carencia de infraestructura deportiva pública y los bajos porcentajes de actividad física y deportiva de la población queda en evidencia cuando incorporamos un nuevo dato al análisis: De las personas que practican deporte en la región, el 29,1% lo hace en recintos deportivos de propiedad del Estado, mientras que que el 23,6% lo hace en espacios abiertos y sólo el 19,1% en recintos deportivos privados. Es decir, el aumento o disminución de la oferta pública en infraestructura deportiva incidirá sustancialmente en la cantidad de gente que realiza deporte, especialmente en relación a los sectores más precarizados de la población, quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar por acceder a recintos privados, por lo que dependen necesariamente de la infraestructura pública.

En cuanto a la distribución de la oferta de infraestructura deportiva, no es ninguna sorpresa constatar que en Chile ésta se encuentra concentrada en aquellas comunas de mayor nivel socioeconómico. Algunos estudios realizados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile demuestran que lejos de generar una satisfacción igualitaria de las diferentes zonas de las ciudades, el equipamiento deportivo se ha convertido en un elemento de segregación social, pues en aquellos barrios en los que el nivel socioeconómico de sus habitantes es más alto existe una adecuada distribución de la infraestructura deportiva, en tanto que en el resto de las zonas se tiende a la dependencia del centro urbano, quedando los habitantes de las áreas periféricas de la ciudad condenados a tener que efectuar largos desplazamientos para poder acceder a aquellos espacios donde es posible la práctica deportiva.

La carencia de oferta pública y la desigual disposición urbana de la infraestructura deportiva constituyen dos enormes limitaciones fácticas al acceso universal al deporte, algo que sin duda debe tomarse en consideración en el contexto del actual proceso constituyente. Decimos esto, pues aunque algunas voces de distintos sectores ya han señalado su intención de incluirlo dentro del catálogo de derechos fundamentales de la nueva carta magna, tenemos el pleno convencimiento de que aquello es insuficiente si no se le dota de contenido político y de mecanismos concretos que permitan su real ejercicio. 

Es que no da lo mismo desde qué trinchera se levanta la reivindicación del derecho al deporte, ni es indiferente que postura tenemos frente al rol del Estado o qué concepto de deporte defendemos. En el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Políticas de Hinchas en el marco del Proceso Constituyente celebrado a fines de Febrero de este año, 7 agrupaciones de diversos clubes concordamos, entre otras cosas, en una concepción del deporte en la que su elemento central es la capacidad de generar sentido de pertenencia, identidad, inclusión, participación, organización y articulación social; y en que esto representa un valor que debe ser protegido y garantizado por el Estado.

Asimismo, estuvimos de acuerdo en que para ello resulta necesario aumentar la inversión pública en construcción y habilitación de infraestructura deportiva, de tal manera que ella esté al alcance de todes, pues donde hayan más y mejores espacios para su práctica, habrá más gente realizando actividades deportivas, formando clubes y asociaciones y desarrollando los distintos aspectos que hemos dicho involucra el deporte. Y no hablamos de máquinas de fitness esparcidas por la vía pública, sino que de implementación que permita el encuentro y la asociatividad que entendemos es inherente a éste. Para ello será indispensable no sólo consagrar al deporte como derecho fundamental, sino que además establecer que el Estado se encuentra obligado a proveer medios para asegurar el acceso universal a éste y, principalmente, terminar de una buena vez con el Estado Subsidiario.  

Es tiempo de abrir la cancha y poner el deporte a disposición de todo aquel que desee practicarlo y disfrutar de sus beneficios pues, en definitiva, esto implica aumentar cuantitativa y cualitativamente los espacios en que nos encontramos, nos reconocemos como parte de una misma comunidad, nos percatamos de nuestros intereses comunes, nos organizamos en torno a ellos, nos apañamos y avanzamos juntos hacia el buen vivir.