Educación superior y nueva Constitución

Rector Universidad Andrés Bello, Julio Castro

La educación es uno de los derechos centrales que nuestra Carta Magna debería reconocer y garantizar, porque permite que las personas puedan crecer y desarrollarse a lo largo de su vida, ello además de ser la base de desarrollo de cualquier sociedad

En esa línea, y en materia de educación superior, el proceso que hoy vivimos nos dará la oportunidad de establecer no solo una mención directa a ésta, que hoy no es explícita, sino también de plasmar en este nivel educativo la provisión mixta, que permite la coexistencia de proyectos educativos públicos y privados.

Tomando en cuenta el reconocimiento al aporte de la educación mixta, soy un convencido que hoy la única diferenciación entre universidades que debiera existir es entre universidades estatales y no estatales. Tanto el Estado tiene derecho a tener sus instituciones para que promuevan los valores que le interese promover, como los privados tienen el derecho a liderar proyectos educativos diversos que enriquezcan al sistema educacional.

Todas las universidades cumplen un rol público, sean estatales o no estatales, dado su aporte a la generación de conocimiento y contribución al desarrollo económico, social y cultural del país, a través de la formación de los profesionales, investigadores y emprendedores que necesita Chile. 

Esta libertad de enseñanza es uno de los pilares fundamentales que garantiza una educación libre, con pluralidad de perspectivas y visiones, y actúa como cortapisa en caso de que distintos gobiernos quisieran influir ideológicamente en la formación de las nuevas generaciones. 

Pero esta libertad de enseñanza y la capacidad de generar proyectos educativos diversos, debe tener también una base mínima que sea fiscalizada por el Estado: la calidad. 

Hoy la Ley de Educación Superior publicada en 2018 dictamina, por ejemplo, el cierre de universidades no acreditadas, estableciendo a su vez mecanismos de alerta previa para evitar que las instituciones caigan en esa categoría. Un paso necesario para garantizar la calidad de la enseñanza que se imparte. 

Pero debemos tener cuidado. No se trata de hacer caza de brujas. Por el contrario, el foco del regulador debe apuntar a acompañar a las universidades que tengan y buscar alternativas para que desarrollen sus proyectos educativos de la mejor forma, porque el cierre es un proceso muy doloroso para su comunidad. 

Escribir una nueva Constitución es una tremenda oportunidad histórica, soy optimista y estoy esperanzado en que este proceso nos permitirá contar con un pacto social reconocido por todos que nos lleve a ser un mejor país. Todos nuestros planteles, estatales y no estatales, cumplen un rol fundamental.